Un preso de 22 años, con 13 antecedentes, fue acusado de organizar una extorsión desde su celda en Junín. La víctima transfirió $500.000 tras recibir amenazas por WhatsApp. Su padre también quedó imputado.
La Sección de Investigaciones de Cibercrimen de Junín desarticuló una maniobra de secuestro virtual que era comandada desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº 13 de la ciudad bonaerense. El caso se inició tras la denuncia de un joven que aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por WhatsApp, donde delincuentes le exigían dinero bajo la amenaza de secuestrar a su hermana. La víctima llegó a transferir $500.000.
Investigación digital
Las tareas incluyeron la preservación de la cuenta de WhatsApp utilizada, mediante la plataforma oficial de Meta, además del análisis de trazabilidad de números telefónicos, direcciones IP y reportes solicitados a empresas de telecomunicaciones y entidades financieras.
Con esas pruebas, los investigadores confirmaron que la extorsión era coordinada por un preso de 22 años, condenado por robo en junio y con 13 antecedentes delictivos. Desde su celda, intimidaba a la víctima y la obligaba a transferir el dinero a una cuenta bancaria a nombre de su padre.
Allanamientos y hallazgos
El martes pasado, bajo orden judicial, se realizaron dos allanamientos simultáneos:
En el pabellón 2 de la cárcel, donde se secuestró un celular Samsung usado en la maniobra.
En el barrio San Martín de Junín, donde incautaron un teléfono Z Blade perteneciente al padre del recluso.
Ambos quedaron imputados por extorsión y a disposición de la Justicia. Los dispositivos serán sometidos a pericias forenses.
“La cárcel es un call center: está lleno de celulares que los familiares les llevan a los presos”, señaló a TN una fuente de la investigación.
Intervención judicial
El operativo se llevó a cabo bajo las directivas de la Fiscalía Nº 4, a cargo de la fiscal Pamela Ricci, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3, que encabeza la jueza María Laura Durante.
Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Junín destacaron que este caso refleja “la creciente sofisticación de los delitos digitales y la necesidad de articular esfuerzos entre fiscalías especializadas y fuerzas policiales para proteger a los juninenses”.
