Mientras la discusión por la reforma laboral en el Senado concentra toda la atención y la tensión del arco político, la administración de Javier Milei intenta esquivar un fallo adverso de la Justicia y prepara un nuevo proyecto de ley para ampliar fondos para universidades, que reemplazaría a la ley sancionada en 2024, que el Presidente vetó y el Congreso repuso. Si la iniciativa es bien recibida, el oficialismo podría incluir el nuevo proyecto en extraordinarias o esperar a marzo. Ya sondeó a los rectores, aunque hay diferencias por el atraso salarial de 2025.
Días atrás, acorralado por la Justicia y ante la posibilidad de que ministros del Gobierno fueran condenados por incumplimiento del deber de funcionario público, el Ejecutivo promulgó el martes la ley de emergencia en discapacidad. El Parlamento también había volteado el veto del mandatario para dejar sin efecto la norma.
El Gobierno no tuvo más remedio que habilitar la ley de discapacidad porque un fallo de la Justicia lo intimaba.
En el caso de las casas de estudio, el Ejecutivo promulgó la ley, pero nunca pagó. La norma obliga a actualizar el presupuesto de salarios y funcionamiento por IPC desde diciembre de 2023 hasta ahora: entre un 53% y un 65% en materia de sueldos. La Casa Rosada ganó tiempo al recusar al juez federal Martín Cormick, que había ordenado el inmediato cumplimento del fortalecimiento universitario. El argumento de los abogados del Gobierno fue que el magistrado no podía ser imparcial porque era profesor universitario.
Consciente de que más temprano que tarde, la Justicia fallará en su contra, la administración libertaria activó otra estrategia. Con una nueva ley, las demandas contra el Gobierno quedarían en abstracto. Con ese objetivo, el miércoles por la noche, el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Álvarez se comunicó con los rectores para invitarlos el jueves a una reunión con él y el secretario de Educación Carlos Torrendell, que depende del Ministerio de Capital Humano.
Más temprano había habido una reunión de la comisión directiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para evaluar el estado de situación. Las autoridades se reunieron ese mismo día con los referentes gremiales de las 56 universidades nacionales.
La reunión entre los académicos y los delegados del Gobierno finalmente se concretó el jueves. Como el presidente del CIN y rector de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa, no estaba en Buenos Aires, lo reemplazaron Carlos Greco y Franco Bartolacci. Álvarez y Torrendell propusieron a los rectores el envío de una nueva ley que modifique la anterior y contenga una mejora salarial para saldar el atraso de 2025.
Los funcionarios del Gobierno ofrecieron una recomposición salarial de 12,3 por ciento en tres tramos para completar el ingreso del año pasado. Además se comprometieron a incluir en la nueva ley la reapertura de paritarias cada dos meses para equilibrar las subas de 2026. El mismo monto y mecanismo de compensación se utilizaría para los fondos presupuestarios operativos y gastos de mantenimiento.
El cálculo de los rectores es que el atraso salarial de 2025 es del 14 por ciento y también transmitieron que pretenden que la deuda se salde en un único pago. De todos modos, manifestaron relativa conformidad. “Con este Gobierno, lo posible es bueno”, se sinceraron en privado.
En público, Bartolacci reconoció que todavía hay cuestiones que discutir. “Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos”, dijo Greco. Bartolacci admitió que quedan «muchos temas por resolver«.
Los trabajadores de la universidad y los rectores reconocen que lo perdido en 2024 es irrecuperable. Ese año se motorizaron marchas multitudinarias en todo el país. Solo en 2024 la caída en los sueldos fue del 38 por ciento.
Los rectores del CIN se reunirán este lunes con los gremios docentes y no docentes para transmitirles formalmente la propuesta oficial, aunque ya mantuvieron contactos informales. Si hay luz verde, el Gobierno podría oficializar el proyecto en los próximos días.
Consultado por Clarín, Daniel Ricci, de la Federación de Docentes Universitarios, mostró cautela. «Ya hay una ley. El Gobierno tiene la obligación de cumplir con la ley aprobada. El veto se cayó», recordó el delegado.
Los rectores les comunicaron a los delegados de Capital Humano que no firmarán ningún acta para legitimar la propuesta, que en todo caso el Congreso deberá revalidar.
