Por Pedro Bussetti
En el 2014, se trató en el Congreso una ley que tenía que ver con los servicios de comunicación audiovisual. En una audiencia pública, que duró un mes, se determinó que todo lo vinculado a las telecomunicaciones, como internet, TV por cable y radio son medios de interés público. Las telecomunicaciones y sus recursos asociados pasaron a ser de interés público, con el fin de garantizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones. Y esto fue aprobado por amplia mayoría.
Luego, se creó un fondo fiduciario constituido con el aporte del uno por ciento de la recaudación de las empresas dedicadas a las telecomunicaciones. Este fondo tenía como finalidad desarrollar estas tecnologías en los lugares más alejados del país, donde no llegaban estos servicios.
Pero la semana pasada, el Gobierno nacional disolvió el Fondo de Servicio Universal, pero no elimina el impuesto que lo conforma y por el que ya recaudó 110.000 millones de pesos. Es decir, sacó el fondo, pero no el impuesto. Tras esto, el nuevo interventor del ENACOM, Martín Bravo, eliminó más de diez planes que llevaban conectividad a sectores vulnerables y que se financiaban con este Fondo de Servicio Universal. Entre estos programas que se cerraron, figuraban:
- Tasa preferencial para redes de acceso a internet (Resolución 138/2018).
- Conectividad del Sistema Ferroviario (Resolución 826/2022).
- Viviendas Digitales (Resolución 1956/2022).
- Instituciones Públicas Digitales (Resolución 2045/2022).
- Conectividad en Polos Tecnológicos Cooperativos (Resolución 1510/2023).
Todas estas herramientas que eliminó el Gobierno estaban destinadas a fortalecer el sistema de telecomunicaciones. Esto porque, además, las grandes empresas monopólicas de telecomunicaciones están concentradas en grandes lugares urbanos, con una gran densidad poblacional.
Oligopolios y monopolios
La semana pasada, hubo un congreso de telecomunicaciones en el que intervinieron las empresas monopólicas de telecomunicaciones. Allí, surgió una denuncia de Telecentro, ante la concentración del Grupo Telecom, que compró Movistar. Acá, prácticamente, ya hablamos de un monopolio, al menos, en esta área.
Sobre esto, en el 2020, salió el Decreto 690, que regulaba el precio de las telecomunicaciones. Pero, a través de un recurso de amparo que presentó una de las empresas, la resolución quedó suspendida y, ahora, las nuevas autoridades del ENACOM eliminaron la posibilidad de que haya una regulación de las tarifas. Así, estas empresas, que son cinco y son oligopólicas en áreas densamente pobladas, pueden fijar las tarifas que quieran. Esto cuando no hay ninguna familia que no posea, al menos, un celular.
