por Distrito Interior ·
Este miércoles los medios pampeanos se hicieron eco de las últimas novedades de la causa por la estafa de 1.000 cabezas de ganado, iniciada en La Pampa y que tiene al menos a dos ciudadanos del distrito de General Pinto involucrados, lo que concentra la atención de este sector de la provincia de Buenos Aires.
El abogado de los pintenses, el Dr. Daniel Albanesi, que en este caso, tramitándose la causa en la provincia de La Pampa, trabaja conjuntamente con su colega, el Dr. Hernán Salamone, por una cuestión de jurisdicción; habló a Distrito Interior adelantando que la medida será apelada ya que la consideran exagerada, dado que, entre otras cosas, sus clientes se presentaron voluntariamente y en todo momento han manifestado su voluntad de pagar la deuda millonaria que reconocen, a partir de lo que ellos llaman un descalce financiero, más allá que el la denuncia por la que quedaron detenidos, radicada por Alejandro Ingaramo, ed la consignataria San Jorge, sea por estafa.
Uno de los medios de la vecina provincia pampadiario.com publicó detalles de los últimos movimientos en el caso:
En un giro clave para la investigación de una millonaria estafa ganadera, Ana Paula Courreges (37) e Iván Ezequiel Fiorini (38), ambos oriundos de General Pinto, Provincia de Buenos Aires, fueron detenidos esta mañana en la Fiscalía General de General Pico tras presentarse voluntariamente junto a sus abogados, Hernán y Jorge Salamone.
La pareja, que se encontraba prófuga, es señalada como coautora de una estafa continuada que asciende a 800 millones de pesos, involucrando la compra de mil cabezas de ganado a la firma «San Jorge» de Rancul, La Pampa. Según la acusación, las operaciones se realizaron entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, siendo abonadas con cheques sin fondos.
Tras su presentación, a Courreges y Fiorini se les recibió declaración de imputados y se formalizó la investigación en su contra. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por 90 días, argumentando la existencia de peligros de fuga y obstaculización de la investigación.
Por su parte, la defensa de los imputados pidió su libertad con medidas sustitutivas. Finalmente, la Jueza Cardoso resolvió imponer el arresto domiciliario en General Pico para ambos, por un período de 90 días. La medida incluye la colocación de una tobillera electrónica y controles policiales periódicos, garantizando así su sujeción al proceso judicial.
Este caso, que conmocionó al sector ganadero de la región, avanza con la detención de los principales sospechosos, quienes ahora enfrentarán la investigación bajo las condiciones impuestas por la justicia pampeana.
