En el Día Mundial del Agua, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó la importancia de reforzar el compromiso con un recurso que definió como uno de los bienes más valiosos del planeta. “El agua no es solo un recurso natural: es un derecho humano, una condición para la salud de la población, para el desarrollo productivo y para el cuidado de nuestros ecosistemas”, afirmó.
En ese marco, el jerarca puso especial énfasis en el fuerte plan de inversiones que impulsa el gobierno para garantizar el acceso en condiciones adecuadas. “Avanzamos para asegurar agua en cantidad y calidad suficientes para la población y para el desarrollo del país”, sostuvo.
Y destacó las obras millonarias destinadas a fortalecer la seguridad hídrica. Entre ellas, se destaca la construcción de la represa de Casupá, una infraestructura con una inversión estimada de 130 millones de dólares, que permitirá asegurar el abastecimiento de más de 1.800.000 personas en el área metropolitana.
A esto se suma un paquete de inversiones por 213 millones de dólares en Aguas Corrientes, que incluye una segunda planta potabilizadora, el refuerzo de la cuarta línea de bombeo y la construcción de una séptima, además de un plan integral de tratamiento de lodos para mejorar la eficiencia del sistema y reducir impactos ambientales.
En paralelo, el gobierno impulsa obras en el arroyo Solís Chico para garantizar el suministro en la Costa de Oro. El proyecto contempla una represa y una planta potabilizadora, con una inversión de 45 millones de dólares, orientada a ampliar las reservas y diversificar las fuentes de agua.
Estas inversiones, según Ortuño, apuntan a consolidar un sistema “más robusto, eficiente y resiliente”, capaz de responder al crecimiento de la demanda y a los desafíos del cambio climático.
En materia de control, señaló el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo: “Fortalecimos los sistemas de monitoreo para vigilar mejor nuestras cuencas y actuar más rápido frente a riesgos de contaminación”.
“Proteger la calidad y la cantidad del agua no es solo una cuestión técnica: es una decisión política fundamental”, afirmó Ortuño, quien remarcó que garantizar el acceso al agua es una “responsabilidad indelegable del Estado”.
