Diario HOY | Amplían imputación contra exfuncionario de Diputados acusado de estafar a colonos

El juez penal de garantías Vicente Coronel este viernes hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación contra William Roberto Bogarín Campuzano, planteado por la Fiscalía.

El exfuncionario de la Cámara de Diputados se encuentra procesado también por asociación criminal, hecho punible que se suma a estafa y producción de documentos públicos de contenido falso.

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De igual manera, también se resolvió ampliar la imputación que pesa contra los abogados José Francisco Ljubetic (73) e Ilsa Marisela Paredes (39), quienes serían cómplices en esta causa.

Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

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Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.

Para el próximo 8 de abril fue fijada la audiencia de imposición de medidas cautelares para los tres imputados por este proceso penal, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.

El proyecto establece tres modificaciones principales: Por un lado, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno.

Por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándose de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cuatro a diez años” de privación de libertad.

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Introduce además, un nuevo agravante para casos de “fuga masiva”, estableciendo una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto sea remitido, para su estudio y consideración, a las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y a la de Reestructuración y Modernización del Estado.

“El problema que tiene la señora Natalia Zuccolillo, dueña de ABC Color y del Banco Atlas, es que su banco tiene una relación comercial de 20 años con itti y esta empresa descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, por lo que tienen que pagar penalidades que llegan a los 70 millones de dólares”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario hizo alusión al pleito judicial entre el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo con la empresa itti, proveedora de su core bancario, a raíz del reclamo que hizo esta tras detectar graves incumplimientos por parte del ente bancario en el uso del software, propiedad de la firma tecnológica.

“El problema es que Natalia Zuccolillo no quiere pagar lo que debe. Es un problema de derecho de propiedad intelectual a lo que de forma coloquial lo llamamos piratería”, expresó el presidente Peña.

Asimismo, el mandatario indicó que el Grupo Zuccolillo no debe confundir la libertad de prensa con hechos relacionados a la extorsión o persecución.

“A mí no me van a callar, me van a encontrar siempre de frente, hablando con la verdad. Voy a dar siempre explicaciones, no a Natalia Zuccollillo, sino al pueblo paraguayo”, enfatizó.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Senadores, convocada por el senador Rafael Filizzola y otros de sus colegas.

Dicha convocatoria tuvo como principales protagonistas a las víctimas del esquema de estafa conocido como “la mafia de los pagarés”.

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Varias personas que se vieron afectadas por esta rosca integrada por jueces de paz, funcionarios judiciales y abogados, además de empresas privadas, dieron sus desgarradores testimonios en el Congreso.

Una variedad de relatos y experiencias pudieron ser escuchadas en esta audiencia legislativa, coincidiendo en un aspecto en común: todas las víctimas perdieron importantes sumas de dinero y hasta hoy día siguen pagando las consecuencias.

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En la mayoría de los casos, se trata de personas de recursos limitados, así como también de docentes, enfermeras y trabajadores cuyos salarios sufren descuentos compulsivos por culpa de esta “mega estafa”.

La intención es poder elaborar una base de datos de los afectados, a fin de conocer la magnitud del caso y realizar el seguimiento del proceso penal abierto por el Ministerio Público.