Diario HOY | Ataque cibernético: cómo lo hicieron, quién lo aprobó y qué buscaban, según la denuncia

El Gobierno de Lula emitió un comunicado en el que confirmó que existió “una acción de inteligencia” (espionaje cibernético), pero le atribuyó la orden a su antecesor Jair Bolsonaro y aseguró que, apenas se enteró de la disposición, la dejó sin efecto. Por su parte, una hora antes, la Cancillería paraguaya dijo no tener evidencia de que Brasil haya hackeado o vulnerado el sistema paraguayo.

Dicho esto, exponemos los detalles de lo denunciado por el columnista brasileño Aguirre Talento, a través de la web UOL, en la que sostiene que la actual Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) ejecutó un hackeo contra autoridades paraguayas, pero que la orden fue emitida durante la administración de Jair Bolsonaro.

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Según la pesquisa, se invadieron computadoras para obtener información confidencial relacionada con la negociación de tarifas de la central hidroeléctrica de Itaipú. Esto, de acuerdo a la información proporcionada a la Policía Federal por funcionarios de Abin que tuvieron participación directa en la operación.

HERRAMIENTA UTILIZADA Y BLANCO AL QUE APUNTABAN

Cobalt Strike, cuya función es el hackeo de dispositivos informáticos, fue la herramienta utilizada para la intromisión en el sistema informático de nuestro país. No solamente buscaron información sobre la tarifa de Itaipú, sino también los valores de venta a negociarse en el Anexo C del tratado.

De acuerdo con la denuncia, el hackeo ordenado en Brasil se realizó desde Chile y Panamá, hasta donde viajaron los funcionarios de Abin para la instalación de los servidores desde donde se lanzaron los ataques.

Para obtener los datos relacionados a la tarifa, los hackers apuntaron a ciertas autoridades vinculadas a la negociación, entre ellas, personas del Congreso y la Presidencia de la República.

“Estaban ejecutado acciones para capturar contraseñas y datos de usuarios de las autoridades paraguayas con el propósito de tener acceso a la información sensible de la negociación de tarifas de Itaipú. Se capturó información de cinco o seis personas”, comentó el agente de Abin a la Policía Federal.

Este funcionario que tuvo participación directa en la operación declaró que el plan fue aprobado originalmente por el director Víctor Carneiro, de la época de Bolsonaro, pero que el operativo tuvo autorización del director de Lula, Luiz Fernando Corrêa para continuar. También reveló que este director se “emocionó mucho” al recibir tamaña información de inteligencia.

El foco inicial de la investigación encarada por la Policía Federal fue averiguar sobre el uso que se le dio a la Agencia de Inteligencia para averiguar sobre los enemigos políticos de Bolsonaro, pero terminó destapando otra olla.

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A través de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado paraguayo presenta una querella contra el abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir en el rostro a una fiscalizadora del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Walter Acosta

“No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Señaló que como Estado recurrirán a todas las instancias con el peso de la ley para sellar un precedente y que una situación como esa no vuelva a ocurrir con ninguna mujer.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron que están brindando asistencia a la funcionaria afectada.

Este lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación por presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal.

El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de artimañas.

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En estos procedimientos se logró la detención de Roberto Olmedo, sindicado como cabecilla principal, su hijo Ángel Olmedo y una tercera persona de nombre José Zarza.

Uno de los lugares allanados es el local denominado “Planeta Comercial”, dedicado a la copia de llaves pero que, en realidad, sería parte de la fachada de este esquema ilícito.

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Según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas -ya sea mecánicos o judiciales- y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa.

Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarlos a nuevas personas.

Bajo las líneas correspondientes, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, canalizó y provisión al penal los insumos peticionados por la dirección del penal, según se avala en constancias:

Candados: Provisión de estos dispositivos de seguridad, fundamentales para el resguardo de las celdas y áreas restringidas.

Equipamiento de armería: Dotación de pistolas semiautomáticas 9 mm y escopetas con balines de goma, elementos cruciales para la seguridad del penal.

Extintores: Suministro de equipos de prevención contra incendios.

De esta manera, el Ministerio garantiza que cada establecimiento cuente con los insumos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las personas privadas de libertad (PPL) como la de los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, la cartera estatal insta a recurrir a fuentes oficiales para obtener información verificada y evitar la difusión de datos erróneos que puedan generar confusión.

Por su parte, el equipo interventor continuará con su labor de fiscalización y control, garantizando que las condiciones dentro del penal sean óptimas y que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.