Diario HOY | Atienden a más de 100 personas durante la última semana en el albergue Jaho’i

Contar con un lugar transitorio o temporal, con comodidades básicas, donde las personas pueden descansar, asearse, alimentarse y recibir asistencia sanitaria por parte de profesionales del Ministerio de Salud y Bienestar Social y, en caso de una atención más especializada, ASANED coordina con SEME para trasladar a centros de referencia para atenciones más complejas que requieran otro tipo de intervenciones.

Los albergados y los funcionarios de la SEN fueron atendidos por cuadros respiratorios, dolores abdominales, traumatismo toráxico, lesiones en miembros inferiores y superiores, cefaleas, amigdalitis y bronquitis aguda.

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Los días lunes, martes y miércoles, la XVIII Región Sanitaria – Capital realiza las consultas con profesionales y entrega de medicamentos en el albergue transitorio ubicado en la Costanera Norte que funciona 24 horas.

Por la capacidad de camas y la afluencia de albergados se monitorea con profesionales de ASANED 24/7.

Este lunes se realizó la recepción de una importante donación para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Se trata de un lote de equipos informáticos, los cuales fueron entregados al Consejo Directivo de la mencionada facultad, representada por su vicedecano, Marco Aurelio González.

Esta iniciativa fue impulsada por la gestión del vicedecanato, con apoyo de un estudiante de la carrera de Derecho, con el propósito de implementar una política de “papel cero” en la máxima instancia de la facultad.

Según explicaron, la donación apunta a reducir progresivamente el uso de papel. Más adelante, también se espera que la medida sea replicada en toda la institución para transformar y modernizar sus procesos administrativos.

Entre las principales ventajas que traerá consigo el uso de los nuevos equipos se destacan: la reducción del consumo de papel y recursos naturales, la disminución de residuos y contaminación, una mayor eficiencia y productividad en los procesos.

Asimismo, también se promueve la reducción de costos asociados al papel y su gestión y una mejora de la seguridad y privacidad de la información.

Los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez este lunes resolvieron imputar a Luis Yd, junto a otras cinco personas que se encuentran investigadas dentro de esta causa.

El jefe comunal de la Municipalidad de Encarnación fue procesado, al igual que los otros acusados, por los hechos punibles de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción.

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En la lista también se encuentran René Miglio, director de Obras de la comuna encarnacena, además de dos arquitectos, un capataz y la propietaria del edificio derrumbado.

La imputación de la Fiscalía se da a raíz del derrumbe que se cobró la vida de una mujer de 51 años y su nieta, una adolescente de 15 años, en la capital de Itapúa, tragedia ocurrida en abril pasado.

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En aquel entonces, un edificio en construcción se vino completamente abajo en plena madrugada, dejando aplastadas bajo los escombros a abuela y nieta, respectivamente.

Para los investigadores, existe responsabilidad compartida entre la empresa constructora, por las deficiencias en la obra, y el municipio administrado por Yd, esto en vista a la aprobación de planos y falta de controles posteriores.

El agente fiscal Aldo Cantero, interino de la Unidad n.° 1 de la Fiscalía Barrial 5 de Zeballos Cue, requirió a la comisaría interviniente, un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la adolescente identificada como Fabiana Elizabeth Pintos Libonatti, de 15 años de edad, de nacionalidad paraguaya, domiciliada en el barrio San Rafael.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público a través de la denuncia formulada por su madre.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

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Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse con la comisaría más cercana.