Diario HOY | Avioneta robada en Uruguay quedó sin combustible y aterrizó en Itapúa

En la tarde de este miércoles se reportó el aterrizaje forzoso de una aeronave en una zona rural del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

Se trata de una avioneta modelo Cessna 206, con matrícula CXBKJ, la cual había sido robada en la mañana de hoy del Aeroclub de Rivera, en Uruguay.

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Conforme al reporte de medios de dicho país, al menos cuatro personas irrumpieron en el hangar y, a punta de arma de fuego, se apropiaron del vehículo aéreo, fugándose con rumbo desconocido.

Las informaciones recolectadas hasta el momento señalan que los autores de este golpe tendrían acento extranjero y que uno de ellos podría ser de nacionalidad paraguaya.

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Autoridades uruguayas y brasileñas se involucraron en una afanosa búsqueda de esta avioneta, que tenía combustible para unas dos horas de vuelo, dando finalmente con su paradero en territorio paraguayo.

Se presume que el aterrizaje de emergencia se produjo como consecuencia del agotamiento del combustible, obligando a los tripulantes a huir del sitio y abandonar la aeronave.

El allanamiento fue realizado en una vivienda deshabitada en la ciudad de Coronel Oviedo, donde fue encontrada e incautada una motocicleta presuntamente utilizada para trasladar a la adolescente que resultó víctima de feminicidio.

La motocicleta sería la misma que puede observarse en imágenes de un circuito cerrado, que sería la última vez que fue vista María Fernanda antes de su desaparición. El biciclo era conducido por el principal sospechoso de su muerte. El momento fue captado el 27 de mayo a las 11:30 horas.

La motocicleta incautada se encuentra a nombre de Armando Silva, padre del joven detenido e imputado dentro de la causa.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Fermín Segovia con acompañamiento de agentes de los departamentos de Criminalística, Investigación de Delitos y Homicidios de la Policía Nacional, y la jueza de la Niñez y Adolescencia, Catalina Riquelme.

Cabe mencionar que, este miércoles también se llevó a cabo un allanamiento en la correccional de menores de Villarrica, en donde está recluido el adolescente sindicado como responsable de acabar con la vida de María Fernanda.

Los intervinientes buscaron ropas que el adolescente habría utilizado el día que llevó a María Fernanda a su vivienda para determinar si hay rastros que sirvan para la investigación.

La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados cursó una invitación a a la ciudadanía a participar de la audiencia pública que analizará el proyecto de ley “Que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 1183/1985 ‘Código Civil’, modificado por la Ley Nº 1/1992 y Ley Nº 5419/2015”.

El evento tendrá lugar en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados (4to piso), este jueves 5 de junio, a partir de las 9:00 horas.

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Las diputadas Dalia Estigarribia (PLRA-Central) y Johana Ortega (PPS-Capital), autoras del proyecto, fundamentan su propuesta en que, si bien la ley N° 5419/15 establece que ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio, existe una excepción que permite el casamiento a partir de los 16 años con el consentimiento expreso de padres o tutores.

“El matrimonio infantil es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, con consecuencias devastadoras para su desarrollo integral”, señala la exposición de motivos del proyecto.

Están invitadas todas las personas y organizaciones interesadas en esta problemática a participar de la audiencia pública.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la proximidad del inicio de la temporada de lluvias, que según los legisladores agrava, considerablemente, la ya crítica situación de los caminos en la región afectada.

Los parlamentarios advirtieron que el deterioro actual de las rutas, sumado a las precipitaciones frecuentes, puede provocar el aislamiento de comunidades enteras y dificultar, gravemente, el tránsito de personas, bienes y servicios en la zona.

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La situación vial no solo representa un riesgo para la integridad y seguridad de los pobladores, sino que también impacta directamente en la economía local, según se detalla en la exposición de motivos del proyecto.

“Los caminos en mal estado impiden el traslado oportuno de productos agrícolas y ganaderos hacia los centros de acopio y comercialización, afectando los ingresos de las familias productoras”, aseguraron los proyectistas.

Agregaron que la deficiente conectividad obstaculiza el acceso a servicios esenciales como salud, educación y asistencia social, profundizando la vulnerabilidad de sectores que ya se encuentran en condiciones precarias.

El proyecto de ley busca que se coordinen acciones inmediatas de intervención y reparación de los caminos para garantizar la conectividad, proteger la producción local y preservar el bienestar de la población afectada.

La declaratoria de emergencia vial permitirá agilizar los procedimientos administrativos y destinar recursos de manera prioritaria para atender la crítica situación de infraestructura vial en estos distritos rurales.