Diario HOY | Caen autores del asalto al intendente de Areguá cuando cometieron otro robo en Capiatá

Claudio Daniel Miranda, Elías Raúl Flores y Luis Enrique Báez, todos con antecedentes por hurto, fueron detenidos durante una persecución en Itauguá.

El grupo es sospechoso de asaltar en la madrugada del 26 de agosto pasado en la vivienda del intendente de Areguá.

Fueron detenidos luego de cometer otro robo domiciliario en la compañía Potrero Guazú de Itauguá.

La víctima llamó al 911 luego de que estas personas ingresaran a su vivienda y le despojaran de dinero en efectivo y de su vehículo.

Tras una rápida reacción y con apoyo de varias patrulleras, se logró detener a los tres hombres, uno de ellos intentó huir, pero cayó y se lesionó.

Del poder de los mismos incautaron una escopeta, un revólver y un chaleco antibalas.

El médico Luis Cáceres Gauto fue hallado culpable de mala praxis y condenado por homicidio culposo, con suspensión de la ejecución de la pena.

El 16 de febrero de 2020, la niña Thiara Melina Coronel, de 2 años, ingresó a la clínica del Dr. Cáceres Gauto con fiebre alta, convulsiones y dificultad respiratoria. En la oportunidad hubo omisiones médicas relevantes, no se documentó historia clínica ni evolución, no se solicitó radiografía de tórax ni estudios complementarios básicos, según la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia de San Estanislao declaró responsable al Dr. Cáceres Gauto por la muerte de la niña, al comprobar su negligencia médica por no derivarla de urgencia a un centro asistencial mejor equipado, incumpliendo la Lex Artis y los protocolos del Ministerio de Salud.

Los familiares de la víctima declararon de forma coincidente sobre el estado crítico de la menor y la inacción del médico.

La junta médica que concluyó que el cuadro clínico correspondía a una insuficiencia respiratoria aguda que pudo y debió ser tratada con medidas diagnósticas y terapéuticas básicas, así como con una derivación oportuna a un centro mejor equipado.

En la autopsia se determinó una causa de muerte distinta a la declarada por el acusado, confirmando que el fallecimiento se debió a una insuficiencia respiratoria aguda de origen tratable, y que la falta de intervención médica adecuada contribuyó directamente al desenlace.

La directora de la institución, Lucía Abogado, confirmó que el desprendimiento se dio cuando el aula estaba vacía. El hecho ocurrió el fin de semana, porque en ese espacio estudian 30 adolescentes de 14 y 15 años, en horario completo, mañana y tarde.

El área afectada corresponde a un aula utilizada por el primer curso de Mecánica Automotriz. Actualmente, los alumnos deben continuar sus actividades prácticas en el taller, mientras se busca reparar el aula afectada.

El coordinador académico, Edgar Riquelme, explicó al canal GEN que ya se había detectado fisuras en el revoque del techo días antes. “El viernes pasado nos acercamos con dos padres, ya estaba previsto intervenir el aula. El lunes debíamos iniciar los trabajos, aprovechando que los chicos tenían prácticas en el taller y el aula estaría libre”, relató.

La directora indicó que la reparación inmediata se realizará con el apoyo de los padres y de la especialidad de Construcciones Civiles, cuyos estudiantes trabajarán en las correcciones.

“De parte del MEC recibimos muy pocos recursos y tampoco en el tiempo necesario. No podemos esperar procesos largos para arreglar situaciones urgentes como esta”, lamentó.

Consultada sobre controles de infraestructura por parte del Ministerio de Educación, la directora fue contundente al mencionar que nunca. “Hace 23 años estoy acá como directora, y nunca recibimos inspecciones técnicas. Acá solo vienen cuando van a hacer nuevas construcciones, pero nunca para verificar el estado de los edificios. Eso es un sueño para nosotros”.

En entrevista con el canal GEN, el viceministro de Trabajo, César Segovia, aclaró que el planteamiento inicial de los sindicatos, de suspender el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso, era inviable, ya que se trata de una competencia del Poder Legislativo y no puede ser condicionado por una medida de fuerza.

“Mal podríamos pactar sobre ese escenario, porque el Código Laboral establece claramente que una huelga no puede ser un instrumento para coaccionar a un poder del Estado”, señaló.

El Gobierno redireccionó la mesa hacia puntos prácticos, que se discutirán este martes con las federaciones Fetrat y FUTT. Entre los temas que están en análisis figura la protección laboral en caso de cancelación de líneas. Al respecto, Segovia explicó que se estudia la inclusión de una cláusula que obligue a las nuevas empresas adjudicadas a absorber a los trabajadores afectados.

También se debate sobre el derecho a huelga en el transporte público. Los gremios consideran que la normativa actual restringe su derecho al establecer servicio mínimo obligatorio. El Ejecutivo propone diferenciar entre paros de una sola línea, que no afectarían la movilidad total, y huelgas generales, que sí serían consideradas un servicio imprescindible.

Los acuerdos alcanzados podrían ser presentados como propuesta en el Senado o, eventualmente, discutidos en Diputados si no prosperan en la Cámara Alta.

El viceministro insistió en que el Ejecutivo mantiene la voluntad de diálogo, pero descartó acompañar la suspensión del proyecto de ley.

“Si logramos consensuar una redacción con los sindicatos, ese texto podría socializarse con senadores y, si no se incorpora allí, trabajarse luego en Diputados”, detalló.