Diario HOY | Cancillería no tiene evidencia de que Brasil haya hackeado nuestro sistema

El canciller nacional Rubén Ramírez habló al término del lanzamiento del Programa Nacional de Atención Integral de Primera Infancia y contestó acerca de la noticia del día: la filtración de un supuesto ataque cibernético al sistema paraguayo.

“No tenemos ninguna evidencia de que Brasil haya atacado nuestro sistema, todos los organismos de investigación así como Mitic están haciendo la investigación. Esto es algo de carácter permanente, no es algo puntual, pero tampoco podemos decir que Brasil ha hackeado nuestro sistema”, contestó Ramírez.

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Confirmó que conversó con su par brasileño esta mañana y que le informaron que habrá una aclaración de parte del Brasil.

Respecto a las informaciones relacionadas a las negociaciones internacionales, el ministro aseguró que todo el contenido está resguardado, al tiempo de recordar que en este momento ya no se está negociando tarifa, sino el Anexo C del Tratado y que, la tarifa acordada por tres años fue a satisfacción de ambas partes.

El ministro recalcó que las decisiones diplomáticas no se toman en base a publicaciones periodísticas, sino estrictamente por los conductos institucionales y oficiales.

El Paraguay ha sido blanco de ataques cibernéticos, pero la única denuncia oficial data de noviembre del año pasado y vincula a China Continental. También sostuvo que los orígenes de los ataques en algunos casos fueron identificados, pero en otros no. Al margen de esto, los organismos están investigando el hecho.

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A través de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado paraguayo presenta una querella contra el abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir en el rostro a una fiscalizadora del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Walter Acosta

“No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Señaló que como Estado recurrirán a todas las instancias con el peso de la ley para sellar un precedente y que una situación como esa no vuelva a ocurrir con ninguna mujer.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron que están brindando asistencia a la funcionaria afectada.

Este lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación por presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal.

El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de artimañas.

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En estos procedimientos se logró la detención de Roberto Olmedo, sindicado como cabecilla principal, su hijo Ángel Olmedo y una tercera persona de nombre José Zarza.

Uno de los lugares allanados es el local denominado “Planeta Comercial”, dedicado a la copia de llaves pero que, en realidad, sería parte de la fachada de este esquema ilícito.

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Según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas -ya sea mecánicos o judiciales- y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa.

Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarlos a nuevas personas.

Bajo las líneas correspondientes, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, canalizó y provisión al penal los insumos peticionados por la dirección del penal, según se avala en constancias:

Candados: Provisión de estos dispositivos de seguridad, fundamentales para el resguardo de las celdas y áreas restringidas.

Equipamiento de armería: Dotación de pistolas semiautomáticas 9 mm y escopetas con balines de goma, elementos cruciales para la seguridad del penal.

Extintores: Suministro de equipos de prevención contra incendios.

De esta manera, el Ministerio garantiza que cada establecimiento cuente con los insumos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las personas privadas de libertad (PPL) como la de los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, la cartera estatal insta a recurrir a fuentes oficiales para obtener información verificada y evitar la difusión de datos erróneos que puedan generar confusión.

Por su parte, el equipo interventor continuará con su labor de fiscalización y control, garantizando que las condiciones dentro del penal sean óptimas y que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.