Diario HOY | Carga de 509 kilos de cocaína: intentaron burlar controles con novedoso método

El comisario César Diarte, jefe del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, informó que los 1.363 paquetes de maíz blanco y poroto despertaron sospechas, por lo que se procedió a la apertura de uno de los contenedores. En el interior, efectivamente encontraron cocaína, cuyo pesaje totalizó 509 kilos.

Leonardo Franco Sánchez (44), domiciliado en Fernando de la Mora, supuesto exportador, quedó detenido y se presentará a declarar ante la Fiscalía esta mañana. La empresa a la que representa ya realizó tres envíos anteriores.

La carga tenía como destino final Países Bajos, con una escala en Uruguay. Se presume que el valor de la carga en el mercado europeo sería de 50.000 dólares por kilo, es decir, 25 millones de dólares.

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“Tuvo una logística muy importante porque el envasado fue quirúrgico dentro de los productos que iban a ser importados”, comentó el jefe policial, en un contacto con radio Universo 970 AM.

MODUS OPERANDI

Otras organizaciones enviaban las cargas por panes normales de un kilo, sin embargo, este grupo lo hacía en panes de 365 gramos cada uno, “Lo envolvieron con papel aluminio, le rociaron con aceite de motor para no ser detectado por el escáner y por los canes”, detalló el comisario. La investigación ya está a cargo del Ministerio Público.

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En una conferencia de prensa realizada ayer, el legislador Arnaldo Samaniego recordó que, desde el momento en que se presupuestó la compra de máquinas de votación, se creó la comisión especial que dio seguimiento al proceso para evacuar las dudas.

El legislador comenzó con la exposición de lo que considera uno de los cuestionamientos más contundentes. “Terminada la evaluación técnica, pudimos constatar que no se cumplió con el componente de código fuente, que sea de libre acceso. Eso permitirá que, si sucede un inconveniente en un local de votación, el soporte técnico asignado pueda revisar fácilmente cuál es la anormalidad y corregirla. No existe esa garantía”, comentó.

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Este es uno de los motivos para instar al TSJE a suspender la compra de máquinas cuanto antes y llamar a licitación por la vía de la excepción para un arrendamiento.

Otro de los cuestionamientos es el costo de 92 millones de dólares. Para el legislador es importante realizar una revisión económica que permita acceder a un precio justo y de mercado.

Una de las recomendaciones es exigir la certificación de calidad ISO. “En el mundo se contrata este tipo de certificación para garantizar la transparencia”

Ante la crítica de que no se podrá acceder al software en caso de optar por el alquiler, el senador contestó que se puede hacer una contratación híbrida en la que se alquila la máquina y se adquiere el software.

Samaniego recalcó que este proyecto de declaración es una recomendación dirigida a la Justicia Electoral, pero admitió que no podrán interferir en caso de que los ministros decidan avanzar en la compra.

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“Estamos trabajando muy coordinados. Restablecimos el control en los puertos, que nuestro amigo Arnaldo Giuzzio había levantado”, señaló Riera en entrevista con el canal GEN. Agregó que, desde que asumió el actual Gobierno, “no salió un solo gramo de cocaína de Paraguay hacia Europa”, ya que todas las cargas son interceptadas dentro del país.

La carga estaba oculta entre bolsas de poroto y maíz con destino a Países Bajos, haciendo escala en Uruguay. Los narcotraficantes usaron un método distinto al habitual, con paquetes de 365 gramos envueltos en aluminio, impregnados con aceite de motor, buscando eludir el control de escáneres y canes antidrogas. Pese a ello, los agentes detectaron irregularidades en los 1.363 paquetes inspeccionados, confirmando el hallazgo de los 509 kilos de cocaína, valuados en unos 25 millones de dólares en el mercado europeo.

El supuesto exportador, Leonardo Franco Sánchez (44), domiciliado en Fernando de la Mora, fue detenido y deberá declarar ante el Ministerio Público. Según Riera, el presidente de la República pidió que la investigación no quede en la superficie, sino que se llegue hasta los responsables de la organización local detrás del cargamento.

El ministro afirmó que los carteles internacionales ya perciben un cambio. “En algún momento dijeron: ‘estos paraguayos se pusieron medio pesados, están empezando a controlar, vamos a perder carga, vamos a ir por otro lado’. Y gracias a Dios, hace dos años que estamos invictos”, celebró.

El hecho ocurrió en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, donde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios procedió a clausurar por tres días tres negocios que no expedían facturas.

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“Son tres locales muy grandes, no es un almacén que cerramos, sino empresas bastante formadas que fueron advertidas antes y no cumplieron las disposiciones, solicitamos vía Juzgado Civil y Comercial que se cierren los locales, se cerró, la presión era para que se abra, pero nosotros no cedimos”, comentó Orué, en un contacto con radio Universo 970 AM-Nación Media.

Uno de los negocios fue clausurado el lunes y los demás el martes. En tal sentido, ayer por la mañana, el senador Alfonso Noria se comunicó con el director, Óscar Orué, para pedirle que abra los locales.

“No solamente él sino otros políticos que no están acostumbrados a cumplir las disposiciones (…) Tuvimos un altercado, fue un altercado bastante fuerte, fueron improperios de ambas partes”, reconoció Orué.

Contó que también recibió la llamada de la diputada Cristina Villalba, aunque ella fue “más amable”. El argumento de ambos y de otros políticos de la zona que también amedrentaron a los funcionarios de la DNIT, fue que estas personas son humildes y que el perjuicio económico sería muy grande. Además, que “no sabían” que debían emitir facturas.

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