Diario HOY | CDE: Excluyen a apoderados sin competencia en mesa de votación

La jueza electoral Rosana Marilet Bogado resolvió hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por los abogados de la ANR contra el autointerlocutorio del 28 de octubre, dictado por el Juzgado de Alto Paraná.

La magistrada revocó íntegramente la resolución por la cual se acreditaba a los apoderados distritales del PLRA y, por último, canceló y dejó sin efecto jurídico la personería juridica a estas personas,

El Código Electoral en el capítulo C, sobre Apoderados y Veedores, artículo 187, estipula que: el representante o apoderado de cada candidatura puede otorgar mandato o autorización a favor de otro elector habilitado, a objeto de que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales.

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El diputado Luis González Vaesken, hermano del candidato colorado, Roberto González Vaesken, lamentó que Miguel Prieto pretenda empañar las elecciones.

“Primero hablaban de que no iban a tener mesarios, cuando saben que los mesarios son personas afines a Prieto, casi la mitad son funcionarios municipales. Ayer hacía una vehemente acusación de que fueron dejados de lado los apoderados. El movimiento de ellos tiene sus apoderados, pero ellos querían que haya apoderados de Cruzada y PLRA, pero el Código Electoral dice que solamente tendrán apoderados los que tienen candidatura”, recordó. Añadió que Mujica tiene Tienen apoderados titulares y dos suplentes, al igual que la ANR.

El Código Electoral indica que: en cada local de votación podrán ser habilitados dos apoderados titulares y dos suplentes por cada partido, movimiento político o alianza que haya presentado candidaturas y en cada distrito o colegio electoral un titular y un suplente como Apoderado distrital o departamental, en su caso.

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El Tribunal de Apelación este viernes tomó la determinación de acceder al pedido de prórroga extraordinaria planteado por la Fiscalía, en el marco de la causa abierta contra Gianina García Troche.

El fiscal Deny Yoon Pak había solicitado la extensión del plazo para presentar el requerimiento conclusivo, a fin de seguir sumando nuevos elementos y evidencias a la carpeta.

Antecedentes: Amplían horario de visitas para esposa de Sebastián Marset

De esta manera, la fecha tope establecida para la Fiscalía, a fin de presentar la acusación final contra García Troche, es el 20 de mayo del 2026.

La esposa del uruguayo Sebastián Marset es investigada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, siendo considerada como una pieza clave dentro de la estructura financiera en el marco del Operativo “A Ultranza PY”.

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Según la investigación, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por Marset, e incluso habría realizado operaciones destinadas a insertar esos fondos dentro del sistema económico nacional.

Actualmente, esta mujer permanece recluida en la cárcel militar de Viñas Cué, bajo fuertes medidas de seguridad y con un régimen de visitas especial.

En la exposición de motivos, la diputada y proyectista, Alexandra Zena, destacó que el sistema penitenciario nacional enfrenta graves problemas de sobrepoblación, condiciones inadecuadas y falta de oportunidades de reinserción, situación que no solo vulnera derechos fundamentales sino que perpetúa un ciclo de marginación y reincidencia delictiva.

La iniciativa propone crear un programa de trabajo voluntario y remunerado en condiciones dignas, que permita a los reclusos adquirir habilidades laborales mientras contribuyen, en la medida de lo posible, a cubrir parte de los costos de su estadía en prisión.

La diputada, en su escrito de presentación, enfatiza que el programa respetará estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que el trabajo no sea forzado ni explotador, en concordancia con convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Argumenta, por otro lado, que diversos estudios demuestran que la capacitación y el acceso al trabajo disminuyen, significativamente, la reincidencia delictiva, al proveer no solo un medio de subsistencia sino también responsabilidad, sentido de propósito y disciplina.

El proyecto contempla la instalación de talleres productivos dentro de los penales, la prestación de servicios comunitarios, y la firma de convenios con empresas privadas para la contratación de mano de obra carcelaria bajo estrictos controles de derechos laborales.

En cuanto a la remuneración, el proyecto establece que el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente, con derecho a beneficios laborales básicos. Los ingresos generados se distribuirán en porcentajes destinados a un fondo de sostenibilidad del programa, ahorro personal, reparación a víctimas, sostenimiento del programa y asistencia social para internos en situación de vulnerabilidad.

La implementación será progresiva, iniciando con una fase piloto de dos años en al menos tres establecimientos penitenciarios seleccionados según criterios de infraestructura, índice de reincidencia y presencia de programas educativos.

A través de un comunicado, desde Defensa Animal informaron que, tras recibir el pedido de informe enviado desde el Senado sobre el proyecto “Que declara Patrimonio Tradicional y Cultural del Paraguay a la corrida de toros (Torín)”, remitieron su total rechazo a la propuesta.

Según señalaron, el 1 de julio pasado enviaron la respuesta donde indicaron que es una actividad que explota a los animales para diversión del ser humano y lo consideran como un acto cruel.

“Recibimos el Proyecto de Ley que busca declarar la Corrida de Toros como Patrimonio Cultural. Tras un análisis jurídico y veterinario, manifestamos nuestro disentimiento total. El bienestar animal no es negociable”, expresaron en las redes sociales.

Cabe mencionar que, desde asociaciones animaleras vienen expresando un “absoluto rechazo” hacia el proyecto, al considerar la actividad de torín como un hecho de “crueldad animal” y por ende, no representa un valor cultural nacional, ni mayoritario.

Sin embargo, pese a eso, la iniciativa cuenta con con el dictamen de aprobación de la Comisión de Educación y Cultura.