Diario HOY | Con casi 200 aspirantes, inicia entrenamiento para nuevos agentes del Grupo Lince

Un total de 195 personales policiales dieron inicio C𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 (𝐂𝐎𝐄𝐌), proceso de formación que se extenderá por tres meses, hasta el 17 de abril.

Se trata del décimo entrenamiento que será dictado por paraguayos, y este año los aspirantes son 11 oficiales, 176 suboficiales y dos becarios de la Policía del Perú.

En tres meses, los participantes recibirán entrenamiento táctico y técnico, orientado a la preparación integral de los futuros agentes del Grupo Lince.

El curso COEM se busca fortalecer las capacidades físicas, técnicas y doctrinarias, enmarcadas en los principios de disciplina, vocación de servicio y compromiso con la seguridad ciudadana.

El acto de inicio del curso contó con la presencia del Viceministro de Seguridad Interna, Crio. Oscar Pereira, el comandante de la Policía Nacional, Crio. Carlos Benítez; el Subcomandante, Crio. César Silguero y otras altas autoridades.

La directora de Promoción a la Mujer del Ministerio de Trabajo, Patricia Luchin, señaló en entrevista con canal GEN que existen indicios de discriminación laboral y que el hecho reviste especial gravedad por tratarse de una mujer gestante en período de prueba y sin inscripción al seguro social.

“Estamos ante un caso de violencia laboral muy grave, con agresiones verbales y físicas hacia una trabajadora embarazada que tenía 11 días de trabajo, contrato verbal y no estaba inscripta en la seguridad social”, explicó.

Según Luchin, la trabajadora acudió al Ministerio de Trabajo el 20 de enero para asesorarse sobre cómo comunicar su estado de embarazo a la empresa y consultar si podían modificarle su carga horaria.

Posteriormente, el 23 de enero, regresó a la institución para presentar formalmente la denuncia, tras producirse los hechos de violencia.

La funcionaria detalló que la empleada y la patronal habían acordado inicialmente una carga horaria verbal, pero que al momento de intentar formalizar el contrato se le quiso imponer un horario distinto, situación que detonó el conflicto.

“Cuando la trabajadora notifica su embarazo, se alteran las condiciones laborales. Eso es un indicador claro de discriminación, porque lo acordado verbalmente es plenamente válido y no puede ser modificado de manera unilateral”, subrayó.

El Ministerio de Trabajo actúa actualmente en dos frentes paralelos. El primero es el acompañamiento administrativo a la trabajadora, que incluye la convocatoria a la patronal para el pago de la liquidación correspondiente, prevista para esta semana.

El segundo es el proceso inspectivo a la empresa, a cargo de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y de Asesoría Jurídica, para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y atención de violencia laboral.

Luchin aclaró que, aunque la ley otorga estabilidad laboral a la mujer embarazada, la denunciante no optó por la reposición, debido a que las condiciones no están dadas para continuar el vínculo, especialmente porque la agresión habría provenido del propietario de la empresa.

“Además de este caso puntual, nos preocupa identificar si existen otros trabajadores afectados por situaciones similares dentro del plantel”, sostuvo.

De comprobarse irregularidades, la empresa podría enfrentar sumario administrativo y multas, conforme al Código Laboral.

La directora recordó que, más allá del ámbito administrativo, la trabajadora puede impulsar acciones penales por la agresión física, así como demandas civiles o laborales por daños y eventuales indemnizaciones adicionales.

En otro momento, Luchin remarcó que rechazar una contratación, modificar condiciones o negar un contrato permanente por embarazo constituye discriminación.

“Se contrata a una persona por sus habilidades profesionales. Su estado de embarazo o responsabilidades familiares no pueden incidir en la contratación, en el horario, ni en los beneficios”, afirmó.

Asimismo, recordó que la ley establece que la trabajadora debe comunicar su embarazo tan pronto tenga conocimiento, y que la patronal tiene la obligación de inscribirla al IPS desde el primer día de trabajo, independientemente de que esté en período de prueba.

El caso salió a la luz tras la circulación de un video en redes sociales que muestra a la mujer siendo agredida cuando intentaba grabar la situación luego de negarse a firmar un contrato bajo nuevas condiciones.

El equipo periodístico visitó la frontera para documentar la venta abierta de plumas adelgazantes prohibidas en territorio brasileño, principalmente en Ciudad del Este, donde el comercio se realiza con total visibilidad y sin mayores restricciones.

Según el reportaje, vendedores ambulantes abordan a potenciales compradores en plena vía pública, ofrecen los productos a viva voz e incluso bailan para llamar la atención de los clientes. Los fármacos son promocionados como soluciones rápidas para bajar de peso, pese a no contar con autorización en Brasil.

La investigación reveló la existencia de una estructura organizada para el traslado ilegal de los medicamentos. Existen “guías” que conducen a los compradores hasta farmacias paraguayas y les explican cómo cruzar la frontera sin ser detectados.

Además, vendedores e intermediarios operan en grupos cerrados de aplicaciones de mensajería, donde el acceso cuesta alrededor de 100 reales. En estos espacios se comparten alertas sobre operativos policiales, controles fronterizos y rutas alternativas para evadir fiscalizaciones.

El programa Fantástico registró casos de personas que cruzan la frontera transportando decenas de unidades por viaje. En uno de los testimonios, una mujer admitió que llevaría los productos hasta Río de Janeiro, como parte de una red que abastece a revendedores, influencers y consumidores finales.

El informe advirtió sobre los problemas de utilizar el producto, como el caso de Kellen Oliveira, brasileña de 42 años, quien tras utilizar una pluma adelgazante adquirida en Paraguay comenzó a sentir dolores intensos y terminó hospitalizada con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que puede provocar parálisis.

Para las autoridades sanitarias brasileñas, estos episodios reflejan el peligro del consumo de medicamentos de origen desconocido, sin registro ni controles de calidad.

Mediante un comunicado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recordó que en Brasil está prohibida la comercialización de medicamentos no registrados. La única excepción es la importación excepcional por parte de una persona para su propio tratamiento, siempre que cuente con receta médica.

Pobladores del asentamiento Tres Reyes, situado en la compañía Costa Fleitas de Areguá, este fin de semana se vieron conmocionados por el descubrimiento del cuerpo de una recién nacida.

Los restos de una bebé con apenas horas de vida fueron hallados en el sanitario de una vivienda de la zona. La madre de la criatura es una adolescente de tan solo 14 años.

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El hallazgo fue hecho por el padrastro de la menor, luego de percatarse de un taponamiento en el inodoro. Al verificar en su interior, notó que había placenta obstruyendo el paso del agua.

Agentes de la Comisaria Nº 61 de Pindolo acudieron al domicilio tras recibir la denuncia. Luego de una inspección, finalmente hallaron el cuerpo de la bebé en el basurero del baño, oculto entre papeles usados.

Al ser entrevistada, la adolescente confesó haber dado a luz cuando su madre y su padrastro no se encontraban en la casa. Luego de que naciera el bebé, lo asfixió para evitar ser delatada por sus llantos, arrojando luego su cuerpo en el cesto de la basura y la placenta en el inodoro.

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El padre biológico de la criatura sería un joven de 19 años, hermano del padrastro de la menor. A raíz de ello, se investigará un posible caso de abuso sexual en menores o estupro.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Mirna Villalba, de la Unidad Penal Nº 3 de Luque, quien dispuso la detención de la adolescente y la realización de una autopsia al cuerpo de su bebé, a fin de determinar la causa de muerte.