Diario HOY | Condenan a exintegrantes del grupo criminal ACA-EP

Sergio Maríz Domínguez, Francisco Maríz Domínguez y Medardo Florenciano Morínigo fueron hallados culpables de utilizar armas de guerra en diversos atentados y proporcionaban recursos logísticos y económicos para el sostenimiento de las operaciones de la organización criminal ACA-EP.

En el caso de Sergio Maríz Domínguez, se comprobó que ocultaba en su vivienda un fusil de guerra M4, con número de serie borrado, vinculado balísticamente a múltiples ataques armados atribuidos al ACA-EP.

Francisco Mariz Domínguez, además de custodiar el arma junto con su hermano, participaba en la compra y entrega de víveres e insumos para los integrantes del grupo, configurando un apoyo logístico directo.

Por su parte, en la vivienda de Medardo Florenciano Morínigo se incautó una escopeta Zafer calibre 12, utilizada en el ataque a una patrullera policial que dejó tres víctimas fatales.

También se hallaron insumos, uniformes, equipos de comunicación y audios que confirmaron su participación en operaciones financieras de la organización.

Asimismo, se probó que los tres condenados, por sus vínculos familiares con miembros activos y abatidos del ACA-EP, desempeñaron un rol de colaboradores logísticos, contribuyendo a la custodia de armas, al financiamiento y a la provisión de recursos materiales que fortalecieron la operatividad del grupo criminal.

El juicio oral y público se desarrolló en la ciudad de Asunción y estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez.

Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, intendenta de Valenzuela, fue imputada por la fiscal Betti Brítez, por un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad.

Según la imputación, la jefa comunal usó aproximadamente G. 300 millones para pagos realizados con recursos del Fonacide por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.

En uno de los casos, el 11 de febrero de 2022, la municipalidad de Valenzuela, representada por Fernández Yegros, formalizó mediante Contratación Directa n.° 02/21 un acuerdo con la firma La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas.

El contrato indicaba que la obra de empedrado estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID n.° 405.685, correspondiente a la ubicación “Compañía Juan Cancio Flecha, acceso a la Escuela Básica n.° 2246 Santa Catalina”.

Sin embargo, al verificar los registros de la DNCP, la Fiscalía constató que dicha obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013, lo que indica que la empresa constructora habría cooperado con la intendenta para generar un perjuicio patrimonial de G. 174.931.000 y falsificar información remitida a las instituciones de control.

En otro caso, la municipalidad autorizó la adquisición de carga de ripios para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada, por un valor de G. 124.300.000. La Fiscalía tiene sospechas de que la obra no se habría ejecutado y que se pagó utilizando información correspondiente a otra obra distinta a la adjudicada.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Curuguaty, Juan Benegas.

Durante el allanamiento se consiguió la incautación de un 1 rifle, calibre .22 largo.

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Los agentes antidrogas de la Senad intervinientes destruyeron cinco parcelas, totalizando 15 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha. Por otro lado, se destruyeron 3 parcelas, totalizando cinco hectáreas de supuesta marihuana en etapa de crecimiento.

De la misma forma, los antidrogas, en el operativo llevado a cabo durante la mañana de ayer lunes, procedieron a la destrucción de cinco campamentos precarios y la incautación de 210 kilogramos de supuesta marihuana picada, distribuidos en siete bolsas.

En la sesión extraordinaria de este martes, luego de un largo debate, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley Relativa al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

“Se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones, todas las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector transporte están garantizadas, no hay ningún vacío legal, no hay ningún punto que se pueda reclamar respecto a eso, el Código Laboral cumple todas las condiciones”, explicó el senador Natalio Chase, al término de la extraordinaria.

Respecto al plazo, consideró que la reforma puede hacerse no solamente en cuatro años, sino también en menos tiempo. Durante el primer año se prevé una inversión inicial de USD 150 millones.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar se refirió a la preocupación de los choferes de perder sus empleos. Al respecto, aclaró que la figura del fideicomiso no reemplaza a las empresas, sino al papel del Estado en la provisión de recursos, por lo tanto, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras de servicios.

En cuanto al derecho a realizar huelga, la legisladora ratificó que los trabajadores conservan este derecho y que la declaración de servicio imprescindible hace responsable al empresario, no al chofer.

Algunos de los ejes del proyecto son:

Romper el monopolio de los proveedores: separar por un lado la provisión de la flota y trabajar con los operadores actuales en dar el servicio de buses.

Integración tarifaria: que trasladarse sea más eficiente y más barato.

Tecnología: una de las bases es la incorporación de centros de monitoreo, a fin de tener información en tiempo real.

Incentivos al sector femenino: que más mujeres se sumen a operar los buses y entregar el servicio a la ciudadanía.