Diario HOY | Condenan a pandilleros a penas de hasta 262 años de prisión en El Salvador

Fuente: AFP

El presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde marzo de 2022 mediante un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que ha llevado a la cárcel a miles de sospechosos.

La Fiscalía “ha logrado que 48 pandilleros de la MS reciban condenas ejemplares de hasta 262 años de prisión, por 39 crímenes que cometieron en San Miguel (este), entre 2015 y 2017”, indicó la institución en la red social X.

A este grupo se le atribuyen 17 asesinatos.

Wilber Herrera y Juan Hernández recibieron 262 años de prisión cada uno por homicidio agravado, intento de homicidio, pertenecer a organizaciones terroristas y otros delitos no precisados por la Fiscalía.

En tanto, Jason Orellana obtuvo una condena de 247 años de cárcel por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de droga y ser miembro de organizaciones terroristas, según la dependencia.

Daniel Paz fue sentenciado a 202 años de prisión y Cristian Zamora y Kevin Reyes a 112 años bajo cargos de homicidio agravado y otros delitos.

La Fiscalía no detalló las penas impuestas al resto de los condenados, quienes también “extorsionaban a comerciantes”.

La ofensiva de Bukele ha llevado a la cárcel al menos a 86.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 recuperaron su libertad tras ser declarados inocentes.

Organismos de derechos humanos afirman que muchos inocentes han sido detenidos bajo el régimen de excepción.

Bukele goza de una enorme popularidad en el país centroamericano, pues su “guerra” ha reducido a mínimos históricos los homicidios.

Fuente: AFP

La acusación presentada la semana pasada contra el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, es la primera de este tipo sobre un miembro del gabinete desde que Lula asumió el poder en enero de 2023.

Según la prensa brasileña, la fiscalía procesó a Filho ante la corte por el presunto cobro de sobornos a cambio de fondos para obras públicas, cuando era diputado por su partido de centro-derecha Unión Brasil en 2022.

Como legislador, Filho habría girado recursos a una ciudad del estado nordestino de Maranhao, entonces gobernada por su hermana, y habría recibido coimas por las obras ejecutadas con esos fondos.

La defensa del ministro dijo este martes en un comunicado que “hasta el momento no fue notificada” sobre la denuncia, aunque “el ministro reafirma su total inocencia” y “rechazará la acusación por su manifiesta falta de pruebas”.

En junio de 2024, cuando la Policía Federal recomendó acusar a Filho tras investigarlo por corrupción, Lula dijo que lo apartaría de su cargo en caso de que la fiscalía lo inculpara.

El presidente de izquierda dijo haber advertido a Filho que debería “cambiar de posición” acerca de no renunciar si el fiscal avanzaba con el proceso.

“(Filho) va a ser apartado (si lo procesan), él lo sabe”, aseguró entonces Lula.

Las acusaciones de corrupción son un tema sensible para el gobierno brasileño, rechazado por una parte de la sociedad que califica a Lula como un “ladrón”.

Esta semana se cumplieron siete años desde que el líder del Partido de los Trabajadores fue encarcelado en 2018 tras una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Luego de 580 días preso, Lula salió en libertad. Más tarde la corte suprema anuló los procesos judiciales en su contra, bajo el argumento de que el juez a cargo, Sérgio Moro, había sido parcial.

Tras haber condenado a Lula y haberlo dejado fuera de las elecciones de 2018, Moro asumió como ministro de Justicia del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

La anulación de los procesos le permitió a Lula presentarse a los comicios de 2022 y volver al poder.

Pero la imagen de corrupto sigue pesando sobre él para un sector significativo del electorado brasileño.

El caso Filho también pone a prueba la coalición que sustenta al gobierno de Lula, integrada por ministros de varios partidos que responden a distintas lealtades políticas.

El techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, colapsó durante la presentación del cantante de merengue Rubby Pérez, quien también quedó atrapado entre los escombros.

Más de 370 rescatistas trabajan en las labores de búsqueda de víctimas. Las autoridades no han informado sobre el número aproximado de personas que se encontraban en la discoteca.

Decenas de personas se agolpaban en los alrededores de la zona del suceso, así como en las afueras de hospitales y la morgue, para buscar noticias de familiares que estaban en la fiesta.

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes al concierto en el Jet Set, que tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1.000 de pie.

La autoridades habilitaron bancos de sangre para recibir donaciones.

Entre los fallecidos está la gobernadora de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz. “Murió en la Plaza de Salud”, un hospital público de la capital, dijo el presidente Luis Abinader, que acudió a la zona del desastre.

Fuente: AFP

Su proceso, que se inició en septiembre de 2021 tuvo mucha difusión en los medios no solo por la forma como se inició con la fuga de la acusada, sino porque los expedientes de crímenes nazis investigados en Alemania se hacen cada vez más escasos.

Acusada de complicidad en los asesinatos de más de 10.000 personas en el campo de Stutthof, en la actual Polonia, cerca de Gdansk (Dantzig en la época), Irmgard Furchner fue condenada a fines de diciembre de 2022 por el tribunal de Itzehoe (norte) a dos años de cárcel condicional, veredicto confirmado en apelación en agosto de 2024.

Furchner, de entre 18 y 19 años de edad cuando los hechos ocurridos entre 1943 y 1945, era dactilógrafa y secretaria de Paul Werner Hoppe, comandante del campo de Stutthof donde murieron unas 65.000 personas, en su mayoría judíos, resistentes polacos y prisioneros de guerra soviéticos.

Fue juzgada ante una Corte especial para jóvenes a causa de su edad cuando ocurrieron los hechos.

La pena simbólica de dos años de cárcel condicional de dio debido “a la función jerárquica subordinada y a la capacidad de resistencia reducida de la acusada por el adoctrinamiento” de la época.

Sin tomar la palabra durante su proceso y sin reconocer la culpabilidad, Irmgard Furchner declaró en las últimas audiencias que lamentaba “todo lo que ocurrió” y el “haber estado en Stutthof en ese momento”.

En el primer día del proceso se presentó al tribunal, pero se fugó después del hogar para ancianos donde vivía. Fue encontrada horas más tarde.

Varios juicios de ex empleados de campos de concentración nazis se registraron en los últimos años en Alemania, desde la condena en 2011 del ex guardia del campo de exterminio de Sobibor, John Demjanjuk.

Pero debido a la muy alta edad de los acusados, muchos procesos no pudieron llevarse a caso por problemas de salud o la muerte de los procesados antes de ser encarcelados.

En junio de 2024, el tribunal de Hanau, cerca de Fráncfort, rechazó la comparecencia de un ex guardián del campo de Sachsenhausen, de 99 años de edad, considerado incapaz de asistir a su proceso por razones de salud.