Diario HOY | Conductor de transporte escolar detenido por supuesto abuso sexual en niños

Agentes de la Comisaría 24 realizaban un control preventivo a personas y vehículos en el barrio San Blas de San Antonio cuando, al verificar un transporte escolar, detectaron que el conductor contaba con orden de captura.

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En cumplimiento con la orden, la Policía aprehendió al hombre de 59 años, sobre quien pesa una denuncia por abuso sexual en niños desde el 7 de abril de este año.

“Verificamos la furgoneta y al cargar en el sistema el nombre del señor, salió que tenía orden de captura. Lo más preocupante es que al momento de la verificación estaba transportando niños”, expresó el Crio. Mario Roa de la Comisaría 24.

Según el jefe policial, varios niños estaban en compañía del hombre porque el procedimiento se dio alrededor de las 17:00 hs, horario de salida de los pequeños.

Está detenido en la mencionada dependencia policial y a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias investigativas.

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En sesión ordinaria, el Senado estudiará la propuesta que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que pretende garantizar el bienestar animal y protegerlos del sufrimiento y el dolor.

Establece un procedimiento sancionatorio que permitirá mitigar las consecuencias sociales del maltrato animal, incluyendo los problemas derivados del abandono,abarcando desde animales domésticos o domesticados hasta aquellos silvestres y exóticos en cautiverio.

El Estado será responsable de garantizar acciones que promuevan la prevención y tratamiento del dolor y el sufrimiento animal, de promover su salud y bienestar, asegurando condiciones de vida adecuadas según cada especie.

De acuerdo al senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, la normativa hace especial énfasis en las sanciones, que también serán administrativas.

“La legislación actual establece hasta 6 años de cárcel, ahora se habla de sanciones más bien administrativas y cuando hay casos de crueldad. Estamos evaluando y mañana vamos a presentar ante el pleno”, expresó a los medios de prensa.

Según refirió el parlamentario, también se incluye al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que deberá incluir entre sus preguntas casa por casa cuestiones relacionadas a los animales.

En la sesión extraordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la nota remitida por la Contraloría.

Se resolvió que el presidente Raúl Latorre se encargue de conformar dos comisiones especiales para el estudio del pedido de la Contraloría.

Este trámite se cumplirá mañana miércoles, durante la reunión de la Mesa Directiva, en la que entregarán la lista con los nombres de los que integrarán cada comisión.

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Se dará participación a cinco colorados, tres liberales y un representante del tercer espacio. Cada comisión estudiará la solicitud de intervención y definirá si presta o no el acuerdo constitucional para el efecto.

“Vamos a estar siguiendo el trabajo de estas comisiones especiales y analizando en detalle los documentos y cumplir con este rol, porque, finalmente, dirimir sobre los pedidos de intervención, es un rol de la Cámara de Diputados”, detalló Latorre.

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El titular del Gremio de Empresas Proveedoras de Alimentación Escolar y Empresarial (GAEPY), Carlos Carlson, informó al canal GEN que presentaron una nota al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para solicitar una prórroga en la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta digital con la que se registran las raciones entregadas a diario en las instituciones educativas.

Explicó que el gremio se ve imposibilitado de cumplir al 100% con la carga de datos en el sistema, debido a factores externos a las empresas, como la falta de conectividad en las escuelas, problemas técnicos en la plataforma, y la falta de capacitación de directores escolares, quienes deben confirmar la recepción diaria de alimentos.

Desde el CONAE respondieron que son mínimos los problemas, según comentó Carson. Sin embargo, el entrevistado insistió en que las fallas, por más pequeñas que parezcan, impiden el cobro por los servicios ya ejecutados. “El sistema es solo una parte administrativa, no afecta la provisión de alimentos, que se cumple en su totalidad por las empresas adjudicadas. Pero sin esa confirmación de los directores, no podemos procesar nuestras facturaciones”, advirtió Carlson.

Por otro lado, Carlson también se refirió al decreto que obliga a las empresas adjudicadas a comprar al menos el 10% de productos de la agricultura familiar y el 5% de MIPYMES. Aunque valoró la intención del Gobierno de apoyar al sector productivo local, cuestionó la viabilidad de la medida ante la falta de producción constante en el país.

“¿Qué pasa en febrero o marzo cuando no hay tomate o cebolla nacional? ¿Cómo cumplimos con ese 10% obligatorio?”, cuestionó, y pidió alternativas del Ministerio de Agricultura para asegurar el cumplimiento contractual en épocas de escasez.

En otro momento, sobre los controles laborales impulsados por el Ministerio del Trabajo, Carlson defendió a las empresas, al señalar que la rápida implementación del programa Hambre Cero —en menos de 60 días desde la adjudicación— no permitió completar a tiempo la formalización de todos los trabajadores en el sistema REOP.

“El 22 de febrero recibimos la orden de inicio para la provisión, contratamos y en ese momento hubo intermitencias en el sistema informático del Estado. No fue por causa de las empresas, sino que por el sistema del Estado”, concluyó.