Diario HOY | Continúa rescate del cuerpo del camionero atrapado en el río

El prefecto de la Armada Paraguaya en la zona norte, capitán Emilio Zayas, informó en entrevista con la radio 650 AM que los trabajos de rescate continúan en el río Paraguay, donde permanece atrapado el cuerpo del camionero Rubén Cubilla, de 38 años, tras el accidente ocurrido en la madrugada del domingo en el puente Nanawa de Concepción.

“El tractocamión venía del lado del Chaco hacia Concepción y cae a un precipicio, de una altura máxima de 40 a 50 metros, chocando contra el agua. El vehículo quedó a 12 metros de profundidad con la carga de 33 toneladas de soja”, explicó Zayas.

El jefe militar admitió que se trata de un hecho inusual por la magnitud y la complejidad. “En mis 42 años no escuché un caso similar. No se ve todos los días algo así, como para decir que tenemos equipos de agua para meter una amoladora o una prensa hidráulica”, dijo.

Actualmente, el camión con matrícula DBA 293 permanece en el fondo del río con el cuerpo del conductor en la cabina, atrapado entre los restos metálicos.

Por tenencia de un título universitario falso de abogado, expedido por la Universidad Sudamericana fue acusado Hernán Rivas.

Esta acusación carece de fundamento jurídico y atenta contra el principio básico de derecho penal, según el abogado Álvaro Cáceres, quien dio sus argumentos.

“El Ministerio Público dice, yo no puedo demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, y en realidad debería ser al revés, debería demostrar que el título no es verdadero para demostrar que es falso”, afirmó en un contacto con radio Universo 970 AM. Detalló que, para la Fiscalía, el título de Rivas es falso porque no hay antecedentes académicos que así lo acrediten.

La causa se inicia con una denuncia contra el entonces diputado Orlando Arévalo y también contra Hernán Rivas. Arévalo presentó testigos que manifestaron ser compañeros suyos y eso bastó para la desestimación.

Sin embargo, pese a que Rivas presentó 30 declaraciones testificales de gente que no solamente acompañó todo el proceso administrativo, sino de compañeros, profesores y decanos, el Ministerio Público no consideró suficiente para demostrar la inocencia, alegó.

Sin embargo, entre el 2010 y el 2016, años en que supuestamente Rivas cursó la carrera, los únicos documentos que las universidades debían conservar por un máximo de cinco años eran: cédula de identidad, certificado de estudios y títulos universitario, los cuales, fueron entregados por la Universidad Sudamericana ante el pedido del Ministerio Público.

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“Hizo la carrera de Derecho del 2010 al 2016 en la Universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este, hay compañeros, profesores y decanos que así lo atestiguaron y luego del 2015 y 2016 empezaron a cerrarse varias sucursales y sedes, quedando vigente la de Luque, donde defendió su tesina paar tener el título de abogado y así lo acreditan los certificados de estudio y documentación obrantes”, afirmó.

Los cuestionamientos serán presentados en la audiencia preliminar prevista para el 17 de septiembre, a través de incidentes, exclusiones, nulidades y otras medidas, a la espera de lo que decida el juez, En caso de que confirme la elevación a juicio oral, el abogado dice estar listo para demostrar la inocencia de su cliente.

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Frente al edificio del Ministerio de Justicia, en Asunción, diez guardiacárceles iniciaron una huelga de hambre como medida extrema de protesta. Los funcionarios exigen el cumplimiento de un acuerdo para la recategorización salarial, que según denuncian fue incumplido.

Eduardo Estigarribia Gómez, con 20 años de antigüedad en la institución y padre de seis hijos, relató al canal GEN que percibe un salario de G. 2.520.000, monto que considera insuficiente para sostener a su familia. “Ni siquiera llego al sueldo mínimo. En mis ratos libres trabajo de vendedor ambulante para solventar los gastos de la casa. Es una vergüenza. Nosotros no vamos a mendigar nada. Queremos nuestra plata y que respeten nuestra dignidad humana”, expresó.

Los manifestantes sostienen que el compromiso inicial contemplaba aumentos de entre G. 1.200.000 y G. 1.500.000, conforme a la antigüedad y la formación académica, pero que finalmente se redujo a G. 840.000.

En entrevista con el canal GEN, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que ya se lograron avances históricos en materia salarial dentro de la institución. Explicó que los nuevos agentes penitenciarios egresados de programas de capacitación en Paraguarí ingresan con salarios base de G. 3.800.000, cifra superior a la que perciben los funcionarios antiguos.

Sobre el reclamo actual, Nicora afirmó que el 95% de los sindicatos —12 de 13— aceptó el aumento de G. 900.000, y que el conflicto persiste únicamente con un grupo minoritario. “Se generó la información de que podría ser un aumento de hasta G. 1.500.000, pero eso fue un ‘hasta’, no un monto fijo. Hoy tenemos el compromiso de Hacienda de cubrir un incremento de G. 900.000, además de incluir por primera vez un seguro de vida desde el próximo ejercicio fiscal”, precisó.

El ministro recalcó que existe una limitación presupuestaria y que los ajustes deben respetar la ley de responsabilidad fiscal, que permite un máximo de 20% de incremento. “No puedo sentarme a exigir más de lo que la ley me permite. Pero sí hemos conseguido avances concretos que no se daban desde hace más de 15 años”, afirmó.

Actualmente, el sistema penitenciario paraguayo cuenta con unos 2.100 agentes penitenciarios. De ese total, 320 ya ingresaron con el nuevo salario base superior a G. 3 millones, y otro grupo de 130 se encuentra en etapa de formación en el Comando de Artillería de Paraguarí.

La fiscal Cinthia Leiva Cardozo formuló imputación contra dos hombres de 20 y 35 años por la presunta comisión del hecho punible de hurto agravado.

Ambos se encuentran recluidos de manera provisoria en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná, con pedido de prisión preventiva.

Según la investigación, el 6 de septiembre pasado, los imputados habrían sustraído aproximadamente 30 metros de cable multipar aéreo de 200 pares, propiedad de COPACO, que estaban instalados sobre la doble avenida del km 9 Acaray, en dirección al Centro Educativo de Menores Infractores.

Efectivos de la Policía sorprendieron a los sospechosos en el lugar. Al percatarse de la presencia policial, estos apagaron las luces de la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron huir. Durante la persecución, tomaron una calle terraplenada con charcos y lodo, donde finalmente perdieron el equilibrio y cayeron al pavimento, siendo aprehendidos en ese momento.

Del poder de los mismos fueron recuperados los cables sustraídos.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, a fin de asegurar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos de fuga o de obstrucción en la investigación.