Diario HOY | Corredor Vial Las Residentas en Luque: avanzan trabajos para duplicación de rutas

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, destacó la obra como clave para la conectividad de la región.

“Hoy comienza la nueva historia de María Antonia y de todo el departamento de Paraguarí, mucho más cerca, mucho más conectado”, afirmó la secretaria de Estado sobre esta obra, adjudicada al Consorcio Santa Lucía (Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A.).

El proyecto vial que abarcará 31,5 km corresponde al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024. El monto total del contrato asciende a G. 88.160.062.554 y será financiado con fondos locales.

La nueva infraestructura vial beneficiará a más de 15.000 pobladores de los distritos de María Antonia y Quyquyhó, así como a más de 260.000 habitantes del IX departamento, mejorando la conectividad y fomentando el desarrollo económico y social.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva ruta promete mejorar el acceso y la comunicación entre ambas ciudades, optimizando el transporte, el comercio y la calidad de vida.

Además, se prevé un impacto positivo en la seguridad vial y la circulación de productos agrícolas de la región, sumado a la generación de mano de obra local que, se estima, rondará unos 300 empleos directos y otros 900 de manera indirecta.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ayer, un robo de insumos destinados a la merienda escolar fue denunciado en la Escuela Básica N° 2089 Vicente Ovelar Lamas, ubicada en la comunidad de Rincón-i. Los alimentos sustraídos forman parte del programa Hambre Cero.

Según el informe policial, el hecho habría ocurrido en la noche del sábado pasado, donde personas desconocidas se llevaron dos cajas de leche de 12 unidades cada una, dos paquetes de turrón de maní y galletitas de avena, sin dejar rastros evidentes de forzamiento en puertas o ventanas.

La denuncia fue presentada por Cinthia Delrosario Ortiz Bael, encargada de la cocina, quien al llegar a la institución en la mañana del domingo notó la falta de los alimentos.

Ortiz Bael explicó que no se encontraron signos de ingreso violento y que los responsables podrían haber utilizado un objeto largo para extraer los productos.

Efectivos policiales acudieron al lugar para realizar el relevamiento correspondiente, pero la investigación enfrenta dificultades debido a la falta de cámaras de seguridad o guardias en la institución. El caso fue remitido al Ministerio Público para su análisis.