Diario HOY | Cristina Fernández llama a sus seguidores a evitar que la arresten

La exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema tiene pendiente resolver si acepta analizar un recurso de queja presentado por su defensa.

En medio de especulaciones de que la Corte fallará en cualquier momento en su contra, cientos de militantes peronistas se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno, cuyos dirigentes se declararon “en alerta” ante un eventual fallo adverso.

“Desde el militante más raso hasta el más encumbrado tiene una inmensa responsabilidad: organizar”, dijo allí Kirchner, presidenta del partido, ante varios de los principales referentes del peronismo.

“No importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria”, añadió.

Kirchner, de 72 años, anunció la semana pasada que competirá por una banca en el populoso tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde el peronismo es fuerte. De obtener una banca en las elecciones del 7 de septiembre, tendrá inmunidad mientras dure su mandato de cuatro años.

Sin embargo, si la Corte rechaza el recurso de Kirchner, no podrá presentarse. Por ser mayor de 70 años, la expresidenta puede pedir arresto domiciliario.

Kirchner sugirió en su discurso que la Corte Suprema acelerará una decisión para frenar su candidatura y evitar que tenga fueros. Además, calificó al más alto tribunal argentino como una “guardia pretoriana del poder económico”.

Y sobre el gobierno del ultraliberal Javier Milei, agregó: “Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes (de deuda) y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”.

– “En la calle” –

En la calle, cientos de personas se congregaron para apoyar a la exmandataria con banderas de organizaciones políticas y sindicatos y cantos como “si la tocan a Cristina, qué quilombo (lío) se va a armar”.

“Vine a bancar (apoyar) a Cristina porque lo que le están haciendo, esto de querer proscribirla, es un atropello a la democracia”, dijo a la AFP Malena Ortiz, una militante peronista de 26 años.

Al término de su discurso dentro de la sede, Cristina habló en la vereda frente a los manifestantes y criticó el modelo económico de Milei.

“¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas?”, señaló la exmandataria.

Kirchner agregó que el modelo actual “se va a agotar” y que, con su eventual detención, “apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (de medio término en octubre) no haya una alternativa organizada en el país”.

“Tenemos que interpelarnos como militantes nacionales y populares”, dijo a modo de autocrítica, y agregó: “Necesitamos mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad”.

Al mismo tiempo que hablaba Kirchner, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio una entrevista en el canal televisivo LN+, donde consideró que “no hay una proscripción”.

“Hay un proceso judicial que duró 17 años”, señaló.

Por su parte, gremios de estatales, mecánicos y metalúrgicos anticiparon medidas de fuerza en caso de que se concrete el fallo contra Kirchner.

“No pueden sacar de la cancha a la referente más importante de la oposición”, dijo a la AFP Marcela Correia, una docente jubilada que se acercó a escuchar a Kirchner en la sede del PJ. “Si pasa, yo creo que va a estar toda la gente en la calle”.

Fuente: AFP

Un video difundido por un exdirigente cercano a Morales dio pie a la denuncia penal. En el registro se escucha supuestamente la voz del exmandatario instruyendo a uno de sus seguidores a cortar rutas.

El fiscal general Roger Mariaca informó en conferencia de prensa que “se ha determinado admitir esta denuncia” y “eso llama a iniciar una investigación”.

El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, denunció la semana pasada a Morales por los delitos de “terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos”, entre otros.

La ley establece una pena de 15 a 20 años por terrorismo, el delito más grave.

Mariaca mencionó que los fiscales y la policía activarán “todos los mecanismos de investigación” para que “se pueda esclarecer esta denuncia”.

– “Inteligencia artificial” –

La semana pasada el exmandatario de 65 años acusó al gobierno de “montar casos” para desprestigiarlo y rechazó la veracidad de la llamada.

El senador Leonardo Loza, estrecho colaborador del líder cocalero, señaló que “lamentablemente acuden a la inteligencia artificial, como en el año 2019, usan falsos perfiles para decir” que Morales hace llamados a bloqueos de carreteras.

El ex jefe de Estado enfrentó una denuncia similar en noviembre de 2019. El gobierno de la derechista Jeanine Añez también lo denunció por “terrorismo”.

Esa administración difundió un video en el que se escuchaba una voz, presuntamente de Morales, ordenando a sus seguidores que bloqueen las carreteras del país. La investigación no prosperó.

– Segunda semana de bloqueos –

Bolivia registra desde hace ocho días decenas de tomas de vías que paralizan el centro del país, sobre todo Cochabamba, bastión político de Morales.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras registró este lunes 28 puntos de bloqueo a nivel nacional.

Los partidarios de Morales exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular a las autoridades judiciales y electorales para excluir al exmandatario de las próximas elecciones del 17 de agosto.

El líder cocalero está refugiado desde octubre pasado en la región del Chapare, pues también pesa sobre él una orden de detención por un caso de trata de menor, cuando era presidente, cargo que él niega.

Arce, quien fue uno de los ministros con mayor tiempo en el cargo durante el gobierno de Morales, acusó a su exaliado político de empujar las protestas para impedir los comicios generales.

El fin -dice- es “solamente para habilitar su candidatura por la fuerza”, pese a que un fallo de la justicia no permite más de una reelección presidencial.

Morales ejerció el cargo en tres ocasiones, entre 2006 y 2019.

El dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, fue atacado a balazos el sábado cuando pronunciaba un discurso durante un acto de campaña en un parque de la capital.

Fue impactado por dos proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla, según los paramédicos.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, pasó por una cirugía la madrugada del domingo y está en cuidados intensivos.

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá informó el lunes que “ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y los manejos médicos realizados”.

“Su situación reviste de la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”, agregó en un comunicado.

Un adolescente de 15 años fue capturado como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial en las elecciones de 2026.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que podría pasar hasta ocho años privado de libertad si es hallado culpable, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad.

Camargo añadió en una rueda de prensa que el adolescente fue operado debido a una herida de bala que recibió en una pierna antes de ser detenido. Será interrogado cuando se recupere totalmente de la herida, dijo la fiscal.

Una de las hipótesis es que fue contratado por una “red sicarial” que busca a menores de edad para ejecutar “conductas tan graves como” el atentado contra Uribe.

Las autoridades aún buscan a los autores intelectuales del hecho.

Uribe no denunció sufrir amenazas de muerte ante la fiscalía, según Camargo.

El abogado del senador dijo que presentó una denuncia penal contra el director de la estatal Unidad Nacional de Protección, pues este año hizo más de 20 solicitudes para reforzar el esquema de seguridad de su cliente, pero supuestamente no fueron escuchadas.

El jurista pidió a la fiscalía abrir una investigación que “estableza si por omisión el Estado dejó en indefensión” a Uribe.

Foto: AFP

La situación degeneró durante una manifestación cuando varios de los participantes “se volvieron violentos”, atacando varios inmuebles y un vehículo de la policía, escribió la policía de San Francisco en la red social X, de acuerdo al informe de la agencia AFP.

Según reportó el Washington Post, la Policía utilizó gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a los manifestantes. Con este mismo método bloquearon la carretera 101, cerca de la calle Alameda.

Donald Trump movilizó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional para intervenir en las protestas contra su administración.