Diario HOY | Defienden proyecto de prisión permanente revisable

La propuesta apunta a endurecer las penas en casos de homicidio agravado, violaciones y otros delitos graves que conmocionan a la ciudadanía.

“Vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, uniformados, a nuestras mujeres o que asesinen durante un hurto agravado. No perderán su derecho a la revisión, porque la Constitución y la Corte Interamericana lo garantizan. Lo que proponemos es una pena con posibilidad de revisión, como ya lo hacen países de la región”, afirmó el legislador durante su intervención pública.

La iniciativa plantea la modificación del Artículo 38 del Código Penal, que regula la duración de las penas privativas de libertad, elevando el máximo a 90 años e incorporando la figura de la “prisión permanente revisable”. Según explicó Rubin, esta figura permitiría que los condenados accedan a una revisión judicial una vez cumplidos dos tercios de su condena, aunque esta sea de 50, 70 o 90 años.

“Esto no es cadena perpetua. Es una condena de largo plazo con derecho a revisión, en cumplimiento del artículo 20 de nuestra Constitución, que habla del derecho a la reinserción social”, agregó.

El proyecto está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad y se aplicará solo en casos de delitos especialmente graves, como homicidios dolosos, feminicidios, violaciones y crímenes contra agentes del orden. No se aplicará a casos fortuitos o accidentes.

El legislador remarcó que la propuesta no busca venganza, sino justicia. “Algunos creen que un violador o asesino debe volver pronto a las calles. Yo no. Mandarlo 25 o 35 años a prisión no es inhumano, es justicia”, sostuvo.

Rubin subrayó que este tipo de penas ya se encuentran vigentes en países de la región y que Paraguay debe avanzar hacia un sistema penal que responda con mayor severidad a delitos que afectan profundamente a la sociedad.

El proyecto será debatido próximamente en comisiones del Congreso y ya genera diversas reacciones tanto en el ámbito jurídico como político. Mientras algunos sectores lo ven como un paso hacia una mayor protección a las víctimas, otros advierten sobre la necesidad de analizar su compatibilidad con los principios del derecho penal paraguayo.

El crimen de la niña Melania Caazapá, mediante una estrangulación a lazo, todavía tiene muchos interrogantes por contestar, según explicó el comisario Richard Vera, jefe de Homicidios,

“Dentro de la línea de tiempo que establecimos tanto para él, la ocurrencia del hecho y el menor, existe una ventana de oportunidad para la comisión de ese hecho, donde, en ese intervalo de tiempo el señor Marcelo no llegó a justificar dónde estuvo, con quién y qué estuvo haciendo”, informó Vera, en un contacto con la 730 AM.

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Reconoció que, por los elementos recabados, la mayor sospecha recae sobre el adolescente, pero no se puede descartar totalmente al primer detenido. Todavía queda pendiente determinar el grado de participación de cada uno.

Se aguardan los resultados de algunos estudios genéticos que permitirán saber si los cigarrillos hallados en la escena del crimen y los encontrados en la casa de los sospechosos, fueron fumados por las mismas personas.

Tampoco se descarta la implicancia de Marcelo Duarte en carácter de cómplice o instigador. Un elemento que juega a su favor es que no presenta rasguños ni heridas que pudiera haber recibido cuando la niña se defendió.

En la mañana de este martes se registró un ataque con arma de fuego en un depósito situado en el barrio San Blas de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

El objetivo de dicho atentado era Wilson Fernández Gonçalves, alias “Xero”, de nacionalidad brasileña (59), quien era la persona que alquilaba dicho local.

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Un grupo conformado por al menos ocho personas, vestidos con uniformes falsos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), irrumpió en el sitio y abrió fuego, siendo repelido por los guardias de seguridad.

Durante el enfrentamiento a tiros, resultó herido uno de los atacantes, identificado como Jaime Verón Florentín, de 31 años. El mismo posteriormente fue detenido por la Policía Nacional.

Otras siete personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por este intento de sicariato. Se trata de Marcelo Ariel Zamudio Benítez (27), Diego Marcelo Moreira Escobar (28), Hugo Reinaldo Ruiz Gómez (45), Juan Ramón Vega Páez (29), Benjamín Ayala Sosa (42), Luis Carlos Aldana Agüero (33) y Miguel Rosalino Candado Villalba (48).

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Cabe mencionar que Luis Aldana y Miguel Candado días antes habían instalado cámaras de seguridad en el depósito atacado, razón por la que se sospecha que podrían tener complicidad con los autores.

Dentro de los vehículos utilizados por estos criminales (un Fiat Siena robado en Brasil y una Nissan Versa) hallaron bidones con combustible, lo cual hace presumir que su intención era incendiar los rodados luego del hecho.

El Instituto de Previsión Social (IPS) concretó la colocación del fondo jubilatorio por un valor de G. 295.000 millones (USD 39 millones) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), adjudicando el monto al Ueno Bank, tras una subasta electrónica en la que participaron 13 entidades financieras.

En entrevista con el canal GEN, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó que la subasta se realizó de forma transparente y competitiva mediante la plataforma Datatech, utilizada también por el Banco Central y otros países de la región. La decisión se dio luego de que Ueno presentara la mejor oferta en tasas, por encima del banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, que posteriormente cuestionó el procedimiento desde el diario ABC Color.

“Podemos decir con absoluta certeza que las inversiones del IPS se ajustan al marco legal de la Ley 7235 y al reglamento interno. Esta fue una competencia transparente”, subrayó Díaz.

El proceso se basa en una evaluación previa de elegibilidad, ya que solo participan entidades con calificación mínima “A” y con puntajes superiores a 60 en una matriz de riesgo basada en datos del Banco Central. Los bancos habilitados compiten a ciegas, atendiendo a que no pueden ver qué entidad ofrece qué tasa, solo las mejores ofertas disponibles en tiempo real.

En esta última subasta, Ueno ofreció una tasa superior al 12%, mientras que Atlas rondó el 10%.

La ley impone techos, las colocaciones en CDA no deben superar el 10% del total de activos del IPS, ni el 20% del pasivo exigible del banco receptor.

“Participaron 13 bancos. Eso habla del nivel de confianza en el sistema de subastas del IPS. Todos compitieron en igualdad de condiciones”, sostuvo Díaz.

Las publicaciones críticas desde el diario ABC Color, propiedad del mismo grupo empresarial que controla Atlas, fueron respondidas desde IPS con argumentos técnicos y legales.

“Es una competencia banco contra banco, totalmente objetiva. El IPS apuesta por obtener la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo, respetando los límites legales”, dijo.