Diario HOY | Denuncian que funeraria no cumplió servicio con asegurado que pagó durante 36 años

Euclides Ortiz pagaba mensualmente, desde los primeros meses de 1989 hasta el mes de junio de este 2025 diferentes sumas por la cobertura familiar del seguro en la empresa funeraria “Crichigno”.

“Mi papá firmó un contrato de adhesión, no le dieron la copia, paga un servicio funerario de sepelio completo, tratamiento del cuerpo, salón velatorio, etc. La última cuota fue en julio del 2025, unos días después, el 12 de julio, murió mi papá”, expresó Arístides Ortiz, hijo del fallecido, a la radio Universo 970/Nación Media.

El hombre de 89 años falleció por causas naturales y en ese momento, sus familiares llamaron por teléfono a los números que están impresos en la factura legal que la empresa expedía por el pago mensual del seguro, pero nunca nadie respondió.

“Entonces llamamos al cobrador que religiosamente se iba a cobrarle y nos pasa con la secretaria de la oficina, esta nos dice que el señor Carlos Crichigno nos iba a llamar. El médico nos llama pero nos dice que la empresa solo se puede hacer cargo del ataúd, nada más”, agregó.

Los familiares del fallecido optaron directamente por pagar el servicio funerario a otra empresa, en medio del dolor por la pérdida del ser querido y la angustia de tener que conseguir el dinero, que en ese momento no tenían.

Ortiz relató que el abogado familiar acudió en reiteradas ocasiones a exigir el contrato firmado en 1989, pero hasta el momento no fue entregado.

Ante este incumplimiento, los familiares presentaron una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y refieren que más personas habrían sido estafadas con la misma empresa funeraria.

El evento contó con la presencia del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano y de otras autoridades nacionales e invitados especiales.

Los nuevos representantes de Paraguay son: Enrique José Guerrero, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado Plurinacional de Bolivia; Roberto Hugo Benítez Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República del Ecuador y Octavio Odilón Ferreira Gini, embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República del Perú.

El jefe de Estado recibió igualmente las cartas credenciales de los nuevos embajadores concurrentes que representarán a sus respectivos países ante el gobierno de la República del Paraguay.

Los diplomáticos son: Benetia T. Chingapane (Botsuana), Selma Nghinamundova (Namibia), Andrei Andreev (Belarús), Veljko Lazic (Serbia) y Jarmila Povejšilová (República Checa).

Cabe mencionar que Povejšilová había entregado previamente las copias de sus cartas credenciales al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, en una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En una conferencia de prensa convocada este lunes, el ministro Luis Ramírez dio a conocer la determinación de anular los exámenes docentes en las regiones de San Pedro, Canindeyú, Guairá y Cordillera.

Esta drástica decisión fue adoptada luego de un minucioso análisis por parte de la cartera educativa, que detectó irregularidades en los resultados de dichas pruebas, tomadas como parte del concurso para conformar el Banco de Datos de Educadores Elegibles.

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“Esto es en salvaguarda de los buenos maestros que se prepararon, estudiaron y son los que arrimaron las denuncias”, afirmó el titular del MEC, argumentando las razones por las que debieron tomar esta medida.

También confirmó la separación del cargo y la instrucción de sumarios administrativos a los funcionarios sospechosos de tener complicidad en estas actuaciones, catalogadas como “fraude”.

Por otra parte, los resultados de las pruebas correspondientes a Paraguarí y Misiones se mantienen válidos, al no haberse detectado anomalías, inconsistencias ni actas irregulares, precisó.

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Los educadores de los cuatro departamentos afectados por esta anulación deberán volver a presentarse para rendir, a excepción de aquellos que se pudo comprobar que incurrieron en fraude. Los exámenes serían en el mes de diciembre.

Ramírez aclaró, una vez más, que las pruebas tomadas en el primero operativo del pasado 23 de julio no se ven afectadas, por lo que los resultados siguen siendo válidos. Asimismo, confirmó que el tercer llamado, fijado para el próximo 17 de septiembre, sigue vigente.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados, ocasión en la que fue debatido el proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Reproducción Asistida (PRONARA)”.

El objetivo de esta propuesta es garantizar el acceso equitativo, gratuito y universal a técnicas de reproducción asistida, tanto de baja como de alta complejidad, dentro del sistema de salud público.

Según estimaciones, cerca de 160.000 parejas en edad fértil podrían experimentar dificultades para concebir un hijo, razón por la que consideran oportuna la creación de un programa para brindar asesoramiento y asistencia adecuada para un tratamiento de fertilidad.

El Ministerio de Salud Pública se encargará de impulsar este programa, velando por su cumplimiento y ejecución. Para el efecto, ofrecerá los tratamientos de reproducción asistida, tanto en hospitales públicos como así también a través de clínicas privadas, con quienes está facultada a sellar convenios.

Uno de los puntos contemplados abarca la implementación de unidades de reproducción asistida en servicios de salud públicos, dentro de las cuales se ofrecerán estudios básicos para el diagnóstico de infertilidad, cirugías reproductivas mínimamente invasivas, tratamientos hormonales y de estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina.

Asimismo, se prevé la conformación de una junta médica especializada, integrada por representantes del PRONARA y profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), a fin de evaluar la elegibilidad de las pacientes para acceder al programa.

Las instituciones que ofrezcan tratamientos de reproducción asistida deberán contar con profesionales certificados, protocolos clínicos validados y comités de bioética institucionales. Las mismas estarán obligadas a brindar reportes periódicos al PRONARA sobre los tratamientos realizados.

El Dr. Pedro Pablo Guanes, director médico de la Clínica GIBIR y profesional de la Cátedra de Ginecología del Hospital de Clínicas, destacó la necesidad de crear una ley amplia que abarque todas las aristas, así como capaz de satisfacer las demandas actuales. En esa misma línea se expresó el Dr. Christian Leith Huespe, especialista en infertilidad del Hospital San Pablo, quien sostuvo que el tratamiento deber ser integral y multidisciplinario.

La Dra. Cynthia Díaz, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, señaló que debido a que Paraguay aún carece de una legislación que regule la reproducción asistida, primeramente sería crucial dar este paso y crear una ley específica, con un marco jurídico amplio y que también abarque el PRONARA.

Al momento de iniciar el debate, el Dr. Enrique de Mestral hizo énfasis en las cuestiones éticas relativas a este proyecto, cuestionando la posibilidad de que se pudieran descartar embriones criogenizados, ya que -a su criterio- atenta contra el Artículo 4 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Por su parte, la abogada Andrea Soto, asesora jurídica de la Asociación de Estudios Bioéticos, sostuvo que la reproducción asistida implica pérdida embrionaria, lo que resulta en “la muerte de embriones”, que para la ley son concebidos con derecho a la vida. Una vez que un ser humano fue concebido, el derecho da lugar a la responsabilidad de proteger esa vida. “Permitir un programa sin resolver el cuidado y destino de estos embriones es un despropósito”, alegó.

Habló de “ambigüedades y lagunas legales” que existen en el documento, las cuales afectan al derecho a la vida contemplado en la Carta Magna, así como el derecho a la identidad previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ello, la profesional del derecho cree oportuno rechazar el proyecto de ley y exigir un marco legal “que proteja al más vulnerable”, así como un protocolo ético que garantice la identidad de todo ser humano.

La Dra. Angélica Sarmiento resaltó que en ningún hospital público existen una serie de estudios muy específicos que son necesarios para detectar la infertilidad y así poder iniciar el tratamiento requerido. Por ello, cree que, antes de crear el programa, es mejor destinar fondos para mejorar el acceso equitativo, gratuito y universal a la salud pública y cubrir las necesidades básicas.

La Dra. Olga Brítez, profesional de la UNA, sostuvo que el tratamiento de fertilización de alta complejidad es inconstitucional, en contra de la ley natural y la bioética, al no respetar la vida de los embriones concebidos fuera del vientre materno. “Toda la parte de la vida que se desecha con estos métodos pasa por debajo de la superficie”, añadió.

El Ing. Marcos León, del movimiento Libre de Datos Abiertos para la Transformación Activa, indicó que la fecundación in vitro no es una ciencia a favor de la vida y la familia, sino “un aborto selectivo y eugenesia aplicada”, razón por la que expresó su oposición a esta clase de tratamientos de fertilidad. “No es decidir quién vive, pero sí es decidir quién muere, reduciendo a los hijos a productos biológicos”. Abogó por otras técnicas, como la naprotecnología.

Por su parte, la Dra. Hadhara Brunstein, especialista en Medicina Reproductiva Restaurativa y Endocrinología integrativa, se centró en la fertilización in vitro y aseguró que desde la perspectiva legal es anticonstitucional, mientras que desde la perspectiva de la bioética “es un mal”, además de considerarla como un derroche inmoral desde la salud pública, ya que se destinarán millonarios recursos para técnicas costosas, siendo que en varios hospitales públicos no existen insumos básicos.

El Dr. Adan Godoy, director del Hospital de Barrio Obrero, habló sobre la necesidad de garantizar en esta propuesta el uso de la totalidad de los embriones criogenizados, de manera a zanjar los dilemas bioéticos existentes. A la par, pidió definir el rango etario para la consideración de la infertilidad, cuál será la fuente de financiamiento y también los criterios de inclusión y exclusión.