Diario HOY | Desde la cárcel hicieron pedido que debía entregar el delivery asesinado

El comisario Osvaldo Andino, jefe del Departamento de Investigación de Asunción, informó que las pesquisas realizadas hasta el momento llevaron hasta la penitenciaría de Emboscada Antigua.

“Nos condujo a una persona identificada en la cárcel, se llama Brian Cáceres, recluido por hurto agravado, tiene varios antecedentes por robo agravado, se requisó su cédula y se incautaron varios celulares”, comentó Andino, en un contacto con la 730 AM.

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El chip desde el cual se hizo el contacto figura a nombre de Nahir Sabrina Rodríguez Casco (27), detenida esta mañana durante uno de los allanamientos desarrollados en el barrio San Francisco. Esta mujer, según la Policía, es pareja del recluso que hizo el pedido.

“Él hizo el pedido, desde la cárcel pidió dos celulares, la empresa en forma casual contrató a este delivery, nos dijeron que no es delivery de ellos, de forma casual fue contactado para hacer la entrega del teléfono”, informó el jefe policial.

La presunción es que el objetivo de los delincuentes era robar los celulares y no matar al repartidor. “Se habrá asustado porque quiso reaccionar y ahí huyó sin llevar nada”, opinó el comisario.

El delivery Alfredo David Duarte Flores, de 29 años, ingresó al barrio San Francisco a las 18:50 del 29 de mayo. En ese lugar fue sorprendido por un sujeto, quien le disparó en el tórax, lado izquierdo. Esto bastó para acabar con su vida.

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El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal n.º 7 de Ciudad del Este, imputó a Lidia Graciela Paiva Morínigo (50 años) por la presunta comisión del hecho punible de estafa.

Según los elementos reunidos durante la etapa preliminar de la investigación, el hecho se habría registrado el 1 de abril de 2025 en la agencia de turismo “Grazie Travel”. De acuerdo con la imputación, la procesada, en su carácter de propietaria del local, habría simulado la venta de pasajes aéreos con destino a España, recibiendo la suma de 16.600.000 guaraníes de parte de dos víctimas como pago por los boletos.

El dinero fue transferido desde una cuenta del Banco Familiar por Juan Walberto Flor, quien facilitó el préstamo a las afectadas y las acompañó personalmente a la agencia. Sin embargo, la imputada canceló el viaje mediante una comunicación verbal, sin brindar justificativos, documentación de respaldo ni reprogramar la fecha del vuelo. Asimismo, se habría negado a reintegrar el monto percibido.

Las víctimas formularon la denuncia ante el Ministerio Público, aportando declaraciones testificales, una copia autenticada del recibo emitido por la empresa “Grazie Travel” en la fecha del pago, y un acta de conciliación firmada en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este.

A criterio del Ministerio Público, Paiva Morínigo habría inducido al error a las denunciantes mediante una falsa promesa de prestación de servicio, generando un perjuicio patrimonial considerable.

El fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación de la imputación, la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas, considerando la naturaleza del hecho y el estado actual del proceso.

Ajustar la configuración de privacidad de las redes sociales a “pública” es una exigencia que deberán cumplir los solicitantes de visa a Estados Unidos, a fin de permitir la verificación necesaria que harán desde la embajada.

“Utilizamos toda la información disponible en nuestra evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes inadmisibles a Estados Unidos, incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense”, advierte el comunicado.

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Para conocer la disponibilidad de citas, los interesados deberán ingresar a la web y verificar cuándo podrán acudir.

Este nivel de exigencia responde a la necesidad de garantizar que, quienes pidan admisión no busquen perjudicar a los estadounidenses ni a los intereses del país.

También señalan que la visa estadounidense no es un derecho, sino un privilegio para quienes la obtienen, además de formar parte de una decisión de seguridad para ese país.

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La próxima semana se dará inicio a las intervenciones en ambos municipios, que tendrá una duración de 60 días.

Según Carlos Pereira, interventor designado en Asunción, el ministro del Interior, Enrique Riera, acompañará el inicio de ambos procedimientos, por lo que se darán en días diferentes.

En CDE, cuyo interventor será Ramón Ramírez, inicia el lunes 23 de junio, en tanto que en Asunción el martes 24.

Pereira expresó que ambos municipios tendrán que trabajar y funcionar con normalidad mientras dura le intervención, cada interventor asume la administración y gestión propia de todo el municipio.

“Será una tarea muy difícil, y voy a tratar de acompañar la gestión del día a día, a la par de reunir toda la documentación que pueda para darle el máximo alcance de revisión puntual a cada una de las 6 observaciones realizadas”, expresó Pereira a C9N refiriéndose a su intervención en Asunción.

El interventor recordó que su trabajo dentro del municipio estará amparado por la Ley 317, la cual rige su función.