Diario HOY | Desde Recoleta dejan en claro que el club “no se vende” y explican la situación de la ley

Fuente: Versus

El club emitió un comunicado en el que deja en claro tajantemente que “no ha sido vendido, ni está en venta”, explicando además de qué se trata la ley aprobada.

“Hemos logrado después de más de 80 años una reivindicación histórica para nuestro querido Club. El único objetivo de nuestra propuesta de ley fue lograr el mismo trato de igualdad conferido a otros clubes hace más de 8 décadas por parte del estado paraguayo, lo solicitado tiene su jurisprudencia en los decretos leyes que han beneficiado también a otras entidades deportivas que han recibido donación del Estado Paraguay en su momento y han sido beneficiados con la derogación de los artículos que impedían la plena facultad conferido por el derecho de propiedad”, expresa la parte más importante del comunicado.

Con esto, el club explica que la ley busca regularizar a nombre del club los terrenos, ya que una parte seguía siendo terreno fiscal casi desde su fundación.

El proyecto elimina los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 9.844 del 28 de noviembre de 1941, que expresan: “No podrá vender, permutar, hipotecar el inmueble que se otorga en propiedad, ni darle un destino diferente” y “en caso de que el club desaparezca, los terrenos vuelven al Estado”.

Continuando con el comunicado, Recoleta agrega: “El Club no ha sido vendido ni está en venta, solo hemos reivindicado los derechos para que en un futuro podamos seguir creciendo y tener la posibilidad de seguir invirtiendo en nuestro predio propio”.

Además, expresa que gracias a esta ley, el club ya prepara la construcción de un techo para el polideportivo “que actualmente se encuentra muy deteriorado”.

El presunto autor fue identificado plenamente mediante imágenes del circuito cerrado de las inmediaciones de la institución educativa.

El hecho punible atribuido es el previsto en el artículo 203 “Producción de riesgos comunes” y el 159 “Daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo” del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inc. 1° “Autoría”, del mismo cuerpo legal.

El agente fiscal de la Unidad Penal Nro 9 de Luque, Augusto Ledesma Blasser, solicitó al Juzgado Penal de Garantía las medidas cautelares pertinentes a los efectos de salvaguardar la integridad del estudiantado, del personal docente y de la comunidad misma, atendiendo a que el supuesto autor presentaría una condición de salud específica que será comprobada durante el transcurso de la investigación.

La directora de la escuela y algunos docentes se presentaron ante la Fiscalía a fin de testificar sobre las circunstancias del incendio y al supuesto autor.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Alexander Rodrigo Argüello Alderete, la Unidad Penal n.º 4, junto con funcionarios fiscales acompañados de personal policial.

La clínica funcionaba con el nombre de Santa Isabel y el supuesto médico fue identificado como Justo César Alfonzo Salinas, quien se hacía pasar como gineco obstetra. El hombre ahora es investigado por producción de documentos no auténticos.

Durante la intervención, fueron halladas varias evidencias como sello con nombre y número de registro profesional, talonarios de recetarios con el nombre de la clínica, uniforme de médico con el nombre del supuesto especialista. Asimismo, fueron encontrados instrumentos médicos como estetoscopio, medidor de presión, balanza y caja de instrumentos.

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El recinto allanado contaba con varias habitaciones que se habrían utilizado como sala de internaciones.

La denuncia fue realizada por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Superintendencia de Salud.

La normativa surge como respuesta a los reiterados incidentes registrados en los últimos meses, que comprometieron plataformas digitales oficiales, redes institucionales y sitios web de organismos públicos.

Al respecto el diputado proyectista, Roberto González, advirtió la “urgente necesidad de una respuesta estatal coordinada ante las crecientes amenazas cibernéticas que afectan la soberanía digital, exponen datos sensibles y vulneran servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía”.

La declaración insta a priorizar recursos estratégicos para fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado; crear un comité interdisciplinario con especialistas en ciberdefensa, tecnología y derechos digitales; así como establecer protocolos de respuesta ante ciberataques.

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Además, insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a la adopción de medidas inmediatas, incluyendo la celebración de acuerdos con organismos internacionales especializados.

El documento sostiene que la ciberseguridad se convirtió en un componente clave de la seguridad nacional y del sistema democrático.

Con la declaración se busca sentar bases para una política pública robusta, basada en la prevención, la capacitación funcional, la cooperación técnica y la modernización digital, bajo el principio de que “proteger el espacio digital es también proteger la democracia y los derechos ciudadanos”.