Diario HOY | Desvió más de G. 1.200 millones en aso de docentes y funcionarios, ahora piden su captura

La jueza de ejecución penal Sandra Kirchhofer González este jueves solicitó la detención de Nélida Huespe de Peralta, quien afronta una causa penal por lesión de confianza y apropiación.

Esta mujer había sido condenada a 2 años y 6 meses de prisión, luego de ser hallada culpable por un millonario desvío de fondos en la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay.

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La sentencia quedó firme ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, razón por la que la magistrada dispuso la inmediata captura de la acusada, a fin de que pase a cumplir dicha condena en una penitenciaría.

Se estima que el perjuicio patrimonial generado a este gremio -del cual la ahora condenada era directiva- asciende a más de G. 1.200 millones, dinero que hasta el momento no pudo ser recuperado.

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Conforme a la acusación, Huespe, junto con Celina Villalba de Lovera, habría recurrido a la expedición de más de 100 cheques y el cambio de firmantes de la asociación para poder extraer el dinero del banco donde estaba depositado.

En caso de que sea detenida por la Policía Nacional, se deberá efectuar la comunicación formal al Juzgado y posteriormente concretarse su traslado al COMPLE de Emboscada.

Esta tarde está previsto el acto oficial que marcará el reinicio de los trabajos en el brazo Aña Cuá de la central hidroeléctrica de Yacyretá, en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones.

El proyecto contempla la instalación de tres nuevas turbinas tipo Kaplan, que permitirán aprovechar el caudal de agua, además de la construcción de una nueva casa de máquinas, entre otras obras complementarias.

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Con ello, se prevé un incremento del 10% en la capacidad de generación de la central de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo que equivale a la energía necesaria para abastecer a alrededor de 1.250.000 habitantes.

El Ing. Juan Gómez, del departamento técnico de la EBY, explicó al canal GEN que la energía utilizada por Paraguay varía conforme a la demanda requerida, por lo que el consumo puede tener fluctuaciones en determinadas épocas del año.

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El principal beneficio, resaltó, es que habrá una mayor disponibilidad de energía eléctrica, permitiendo afrontar cualquier eventualidad con previsibilidad y eficiencia en los próximos años.

Se espera que la primera de las tres turbinas entre en funcionamiento en julio del 2028, conforme a las previsiones de las autoridades de la EBY.

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, confirmó que, por instrucciones del contralor Camilo Benítez, hoy mismo están iniciando el examen de correspondencia del comandante Carlos Benítez.

“Se están preparando las notas de circularización que vamos a enviar a una veintena de instituciones para recabar información, analizar y evaluar el patrimonio del comandante y de su señora, ya que están casados sin separación de bienes, seguramente entre esta semana y la otra van a salir todas las notas, ya se pidió las declaraciones juradas para que se analice”, comentó Torres, en un contacto con la 730 AM.

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Una vez que reciban todos los documentos, procederán al trazado y evaluación de todas las informaciones. Algunas de las instituciones consultadas son: Registros Públicos, Registro de Automotores, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para verificar las declaraciones juradas impositivas, la Superintendencia de Bancos para ver el movimiento financiero como depósitos, préstamos, etc. Además, una evaluación satelital de la casa para revisar si hubo mejoras, modificaciones, en qué año se construyó y si los planos están aprobados.

“Todo se evalúa, el crecimiento patrimonial desde el ingresos, la primera que tenemos de él es de 1994, desde esa época se va a evaluar el patrimonio y dictaminar hasta la última declaración, si bien podemos pedir informe, no podemos dictaminar por la falta de otra declaración jurada”, detalló Torres.

Las instituciones tienen 10 días hábiles para contestar los pedidos, sin embargo, en muchos casos no responden en ese plazo, dependiendo del volumen de contenido solicitado. En ocasiones piden una prórroga o también sucede que envían la respuesta de forma parcial.

En cuanto al tiempo que llevará concluir este examen de correspondencia, el director aclaró que no existe una fecha tope, pero el objetivo trazado es de tres a cuatro meses, aunque esto no depende enteramente de la Contraloría, sino de la respuesta de las instituciones. En tal sentido, recordó que en una ocasión se esperó siete meses para accedera información.

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El episodio ocurrió el viernes 24 de octubre, cuando el niño se agachó para recoger un lápiz y fue agredido por detrás por un compañero de la misma edad. “Mi hijo fue pateado en el aula mientras la maestra no estaba”, relató la madre en entrevista con el canal GEN.

La mujer señaló que la docente pidió al niño no contar lo ocurrido, y recién tres días después, al ver que su hijo sufría fuertes dolores, lo llevó al hospital. Allí los médicos confirmaron la gravedad del cuadro y procedieron a la cirugía.

“Me dijeron que había que intervenir de urgencia. Perdió un testículo para poder salvar el otro”, lamentó. “Mi hijo me contó que la maestra le dijo que no cuente nada”, agregó.

Según la denuncia presentada, ni la directora ni la maestra informaron a la familia sobre lo sucedido, y la institución no activó el protocolo de actuación ante hechos de violencia escolar.

La madre acusa a las autoridades educativas (la directora María Antonia Vallejo Zapatini, la docente Salvadora Valdez, la supervisora Vilma Rojas y la coordinadora de nombre Estela) de encubrir el caso y proteger al agresor.

“El colegio quiso minimizar todo. No me avisaron nada. Me enteré por mi hijo, tres días después. Desde entonces, nadie del Ministerio de Educación se comunicó conmigo”, denunció.

El menor, que continúa en recuperación en su casa, se encuentra bajo seguimiento médico y psicológico, debido al trauma sufrido. La familia adelantó que accionará legalmente contra las autoridades del colegio.

Por su parte, el niño agresor fue apartado de las clases presenciales y ahora recibe instrucción de manera virtual. Mientras que su hijo rendirá sus materias con una docente que irá hasta su casa.