Diario HOY | Dirigente campesino destaca avances en titulación de tierras

En entrevista con radio Universo 970 AM, el dirigente Justino Vera explicó que la titulación masiva transformó el panorama político, administrativo y organizativo en cuanto a la regularización de tierras.

Según el entrevistado, el sistema de titulación individual implementado en el pasado generaba obstáculos para los beneficiarios, quienes muchas veces debían lidiar con trámites burocráticos y casos de corrupción dentro de las agencias regionales. “Logramos demostrar que la organización es clave para defender derechos y obtener títulos de propiedad de manera masiva”, señaló.

Vera recordó que la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Tenencia de la Tierra nació con el objetivo de evitar que los campesinos tengan que viajar a Asunción para reclamar sus títulos. “Ahora sabemos que si nos organizamos y exigimos colectivamente, los títulos llegan”, afirmó. En ese sentido, destacó la labor del fallecido Roberto Escurra, exgerente de relaciones interinstitucionales del INDERT, cuyo apoyo fue fundamental en la estructuración de la coordinadora, que hoy agrupa a unas 40 organizaciones.

En cuanto a la Federación Nacional Campesina (FNC), de la cual fue integrante, Vera reconoció su aporte histórico, pero criticó su tendencia a la confrontación. Además resaltó que de 100 asentamientos que creó la FNC, solo 30 siguen en pie. “Yo lo que apelo un poquito a la conciencia de los compañeros. ¿Dónde se fueron los demás asentamientos? Se perdieron, se desarraigaron de esos asentamientos. Entonces, hay que hacer autocrítica”, indicó.

El dirigente expresó su respaldo a la gestión del titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, al destacar que actualmente hay 10.000 títulos en trámite en el quinto departamento y más de 25.000 en todo el país. En ese marco, envió una carta al presidente Santiago Peña y a los demás poderes del Estado, advirtiendo que su sector rechazaría cualquier intento de destitución de Ruiz Díaz. “Estamos defendiendo una gestión que nos está dando resultados, y nuestra postura no cambiará”, dijo Vera.

“Es una lucha de años y más que necesaria”, destacó la ministra Adriana Ortiz, en entrevista con el canal GEN. La autoridad cultural destacó que el Gobierno del presidente Santiago Peña trabajó de manera intensa para dar cumplimiento efectivo a la Ley 4199/2010. Según la ministra, se realizaron numerosas reuniones con el Ministerio de Trabajo y el equipo técnico del IPS, logrando finalmente avances concretos en la aplicación de la norma.

“Tenemos las mejores noticias del mundo, pero aún no podemos compartir todos los detalles. Estamos cerrando algo que tendrá un impacto superpositivo en el sector cultural”, adelantó la titular de Cultura.

El proceso de mediación con el IPS incluyó encuentros con el Consejo Nacional de Cultura y mesas técnicas con representantes del sector artístico. Ayer, el IPS remitió una respuesta formal, que será socializada con la comunidad artística entre el lunes y el martes.

Ortiz resaltó el compromiso del Gobierno y del sector cultural en impulsar este derecho largamente postergado. “Es increíble que una ley vigente desde 2010 no se haya aplicado por discusiones sobre porcentajes y montos. Pero nosotros hicimos el trabajo que debía hacerse, con un año de reuniones y con una gran predisposición de todas las partes involucradas”, enfatizó.

El anuncio oficial, previsto para la próxima semana, detallará el proceso de inscripción y los beneficios que recibirán los artistas. “Estamos cuidando cada aspecto para que el sector reciba una información clara y precisa. Queremos garantizar que esta conquista se convierta en una verdadera política pública que dignifique a nuestros artistas”, celebró la ministra.

En febrero de este año, 9.100 personas de 79 y 78 años ingresaron de manera automática al programa Adultos Mayores. En marzo, específicamente desde ayer, incorporaron a 11.378 personas de hasta 77 años de edad. Con estas dos tandas totalizan 20.478 en lo que va del 2025.

Estos nuevos beneficiarios deben acercarse personalmente (no a través de terceros) a cualquier sucursal del Banco Nacional de Fomento con cédula de identidad en mano y solicitar el cobro en ventanilla. Para saber si usted o un familiar suyo fue incluido en esta nueva tanda, basta con ingresar a la web, colocar el número de identidad y ver si el nombre aparece.

Conversamos con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, a quien le consultamos sobre la fecha de entrega de las tarjetas de débito.

“Aún no dispone el BNF, apenas ellos tengan todas las tarjetas impresas, se va anunciar y serán entregadas en las oficinas de la Dinacopa de cada ciudad”, contestó Rojas, en un contacto con Hoy Digital.

La pensión universal a los adultos mayores es del 25 % del salario mínimo (G. 700.000) y va dirigida a las personas de 65 años en adelante en situación de vulnerabilidad. El concepto de universalidad implementado desde el año pasado pretende alcanzar a todos los que necesitan esta pensión, pero la aplicación se realiza de manera gradual, de mayor a menor.

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Esta es la razón por la que muchas personas de 65 años, quienes se preguntan por qué no ingresan al programa si ya tienen la edad y cumplen los requisitos, todavía deberán esperar a que la tanda siga bajando y alcance a esa franja etaria.

Los requisitos para ser beneficiario y que, el Ministerio los verifica a través de un simple cruzamiento de datos con varias instituciones son:

No tener salario público ni privado

No ser contribuyente en DNIT

No ser cotizante de IPS

No tener más de 30 cabezas de ganado

Uno de los principales cambios en la reciente ley del programa Adultos Mayores es la eliminación del censo como método de ingreso. Este sistema dejaba afuera a muchas personas por simples detalles como tener un baño un poco “moderno” o acondicionadores de aire, entre otros criterios que no necesariamente implican lujos.

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José Velázquez, director de Cálculos Actuariales del IPS, explicó al canal GEN que el principal problema radica en la diferencia de tasas de aporte fijadas en la ley y el decreto reglamentario.

Según Velázquez, el artículo 4 de la Ley 4199 establece que la tasa de aporte de los artistas no puede superar el 5,5% de su remuneración. Sin embargo, el Decreto 9606/2012 fijó esa tasa en un 10%, lo que, según el IPS, constituye una modificación legislativa indebida. En 2022, el IPS, la Secretaría Nacional de Cultura y el Ministerio de Trabajo iniciaron un proceso de revisión para ajustar la normativa.

El director explicó que, en diciembre de 2024, entró en vigencia la Ley 7446, que modificó la carta orgánica del IPS y estableció una nueva tasa de financiamiento del fondo de enfermedad y maternidad del 12%. Esto significa que, al no contar con empleador, los artistas deberían asumir el costo total de ese porcentaje, lo que representa una dificultad adicional para su inclusión en el sistema.

Actualmente, el IPS estima que entre 737 y 2.631 artistas podrían convertirse en aportantes, lo que implicaría la cobertura de entre 1.200 y 4.300 beneficiarios en el primer año de implementación. Sin embargo, el IPS considera necesario modificar la ley antes de su aplicación.