Diario HOY | Docentes, enfermeras y jubilados encabezan lista de “mafia de los pagarés”: suman más de 1.000 víctimas

Desde el Congreso Nacional lideran una serie de iniciativas, incluyendo audiencias públicas y la conformación de una comisión especial, que tienen por objetivo conocer el alcance del caso conocido como “la mafia de los pagarés”.

Para tal efecto, fue habilitado un “registro de víctimas”, cuyo objetivo es poder dimensionar la cantidad estimada de personas que se vieron afectadas por esta rosca mafiosa.

Los datos divulgados durante la audiencia de esta mañana en el Senado revelan que, hasta el momento, suman más de 1.000 víctimas registradas, aunque esta cifra quedaría corta con los números reales.

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La mayoría de las víctimas son personas al servicio del Ministerio de Educación y Ciencias (en este caso, docentes) y del Ministerio de Salud (enfermeras, en gran medida), además de trabajadores del sector público y privado.

Un gran porcentaje de los encuestados confirmó haber sufrido el embargo de sus salarios por deudas ficticias contraídas luego de la “venta de sus pagarés” a empresas de cobranza.

La mayoría de las causas fueron tramitadas en juzgados de paz de la ciudad de Asunción, liderando los de La Encarnación y La Catedral, seguidos de San Roque y Recoleta (todos ellos intervenidos en su momento por la Fiscalía). A ellos se suman Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Benjamín Aceval, por citar algunos.

El 91% de los que respondieron el formulario confirmaron nunca haber sido notificados sobre el embargo salarial, sufriendo directamente los descuentos compulsivos sin tener información precisa al respecto.

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Esto es solo una parte del gran esquema que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y empresas privadas, quienes actuaban en contubernio para utilizar los pagarés (varios de ellos ya cancelados) para impulsar juicios ejecutivos de embargos de salario.

Aquellos que hayan sido víctimas de “la mafia de los pagarés” pueden registrar sus datos a través de este enlace.

Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la Dinac, confirmó a Universo 970 AM de Nación Media, que la huelga general se extiende hasta esta medianoche, por lo que Aerolíneas Argentina no se encuentra en operativa hasta ese momento.

Señaló que en nuestro país, la situación afectó a unos 500 pasajeros, entre ellos todo el plantel de Vélez Sarsfield, que se encuentra todavía en Paraguay tras disputar un partido por Copa Libertadores ante Olimpia el día de ayer.

Sin embargo, sostuvo que las diferentes compañías aéreas ya se encuentran trabajando en la reprogramación de los vuelos a partir de esta medianoche, cuando se levante la medida de fuerza en el vecino país.

La estatal Aerolíneas Argentinas, la principal empresa aeronáutica del vecino país, informó que 20.000 pasajeros fueron afectados por la cancelación de 258 vuelos, 17 de ellos a rutas internacionales, lo que representa un costo estimado de 3 millones de dólares para la firma

Se trata de una huelga general de diferentes sectores trabajadores en contra el ajuste del presidente argentino, Javier Milei, cuyo gobierno aguarda muy pronto un crédito del FMI para sostener su plan económico.

Las tareas contemplan mejoras en varios tramos de la red vial nacional. Como parte del contrato, se reforzó la señalización horizontal mediante pintura termoplástica en las líneas de bordes, el eje central y los cruces peatonales, mejorando la visibilidad tanto de día como de noche.

Además, se instalaron tachas reflectivas que sirven como guía visual para los conductores, especialmente en condiciones climáticas adversas o de poca luz, contribuyendo a prevenir accidentes.

Cabe mencionar que, la mayoría de estas labores se realizan en horario nocturno para minimizar inconvenientes en la circulación vehicular. Queda pendiente la colocación de captafaros en los separadores tipo New Jersey y la instalación de señalización vertical, que complementará la infraestructura de seguridad en la zona.

El Consorcio Tránsito Seguro es la empresa encargada de la ejecución de estas mejoras, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Vial, que depende de la Dirección de Vialidad del MOPC.

El operativo tuvo como objetivo verificar y corroborar los indicios y evidencias denunciados por la comunidad indígena.

Entre los reclamos principales se encuentran: la imposibilidad de acceder a sus comunidades de origen, y que los niños no pueden asistir a la escuela debido a la invasión de sus tierras.

La intervención fue encabezada por el fiscal Emilio Álvarez Maldonado y el asistente fiscal Samuel Pistilli, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Abigeato del departamento de Amambay – Área XIV,

El procedimiento contó con la presencia de la Dra. Dora Penayo, titular de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, junto a representantes del INDI, del Indert y del Instituto Nacional Forestal (Infona). La intervención se realizó en el marco de la causa n.° 4549/2023, caratulada “Cristhian Marcial Urunaga Moreira sobre invasión de inmueble ajeno”.