Diario HOY | El primer caso de nepotismo transmitido en vivo y admitido por el autor, señalan

Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta asfáltica, Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras municipales, Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario, Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares son funcionarios municipales en Ciudad del Este y accedieron al cargo por nombramiento directo de intendente, Miguel Prieto, primo de todos ellos, según confirmó el propio jefe comunal.

“Prieto tiene que devolver 50 % de lo que cobraron sus familiares, este hecho sí es nepotismo porque él nombró y contrató a estas personas, está comprobado, primer caso de nepotismo transmitido por televisión y donde la persona que cometió el hecho, lo reconoció”, opinó el presidente del Congreso, Basilio Núñez.

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El artículo tercero de la ley 7302 señala que, el que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, y el que fuese beneficiado con el nombramiento o contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de tres a cinco años y la nulidad del acto jurídico.

Dentro de la línea de prohibición están cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

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El clima político en la capital del Alto Paraná se vuelve cada vez más incierto. El concejal Pedro Acuña, cercano a Prieto, lanzó una frase en redes que generó suspicacia. “Muchas veces dar un paso atrás es solamente para tomar impulso”, escribió. Esta declaración fue vista como una posible señal de que Prieto estaría considerando renunciar, antes de que avance formalmente el proceso de intervención.

Mientras se dan las jugadas políticas en el este del país, la Cámara de Diputados ya conformó la Comisión Especial que analizará el pedido de intervención remitido por la CGR. El equipo está integrado por diputados colorados Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, Avelino Ávalos, Hugo Meza y Arturo Urbieta; por los liberales Carlos María López, Cleto Giménez y Pastor Vera Bejarano; y por Walter García, en representación del movimiento Yo Creo.

La comisión tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir su dictamen (favorable o no) al proceso de intervención.

El intendente Miguel Prieto, actualmente imputado por el Ministerio Público, enfrenta una serie de acusaciones que incluyen supuestas adquisiciones direccionadas en procesos de licitación, pagos irregulares a proveedores cercanos a su entorno político, sobrefacturación de insumos para programas sociales, presunto desvío de fondos públicos destinados a obras municipales, y casos de nepotismo con contrataciones irregulares dentro de la comuna.

La gravedad de las denuncias motivó la intervención de organismos de control y disparó una reacción en cadena a nivel político. Desde la oposición defienden su gestión al asegurar que es una movida por motivos proselitistas, sin embargo, irónicamente sí apoyan la intervención de la gestión del intendente asunceno, Oscar “Nenecho” Rodríguez, del oficialismo. 

El diputado César Cerini, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja, lamentó que sectores opositores hayan abandonado la reunión donde técnicos de la Contraloría General de la República presentaron informes con serias irregularidades en los municipios de Asunción y Ciudad del Este.

“La Contraloría vino con su equipo técnico, no con el contralor, pero los datos fueron claros. No se remitieron documentos, hay más de 226 reportes enviados al Ministerio Público desde 2019 sin avances sustanciales, y en Ciudad del Este se detectaron transferencias irregulares por más de 2.000 millones de guaraníes sin respaldo ni resultados evidentes”, detalló en comunicación con radio Universo 970 AM.

El legislador agregó que se hallaron documentos presuntamente falsificados por un valor superior a los 150 millones de guaraníes, detectados mediante cruces con el sistema Marangatú del Ministerio de Economía. Además, señaló que en ambos municipios se identificaron obstáculos al control institucional y una reincidencia en prácticas cuestionables pese a intervenciones anteriores.

Subrayó que la solicitud de intervención está plenamente respaldada por lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Nacional, que contempla como causal el resultado de informes de la Contraloría.

Consultado sobre el tratamiento parlamentario del pedido, indicó que no figura aún en el orden del día, pero no descarta que pueda ser abordado en la sesión.

Cerini pidió a sus colegas responsabilidad. “La discusión política vendrá después, pero primero hay que escuchar a los técnicos“.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el legislador Rodrigo Gamarra explicó los pasos que debe seguir la Cámara de Diputados ante el pedido de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, remitido por la Contraloría General de la República al Ministerio del Interior. Aclaró que el proceso aún no fue incluido oficialmente en el orden del día, aunque puede tratarse sobre tablas para la conformación de las comisiones especiales.

“El procedimiento es institucional. Se crea una comisión investigadora con representación proporcional por bancadas, que tiene 30 días para emitir su dictamen. Luego, el plenario decide si corresponde o no la intervención”, señaló.

Gamarra enfatizó que, en caso de aprobarse la intervención, se comunica al Ejecutivo para la designación del interventor, quien a su vez tiene un plazo de 60 días para investigar y emitir un informe que será nuevamente evaluado por la Cámara.

Consultado sobre si la Contraloría tiene o no facultad para solicitar la intervención, el diputado afirmó que ese debate ya quedó atrás, pero que a su parecer sí corresponde. “Es una pérdida de tiempo discutir la validez del pedido, que es una chicana política y se pierde el tiempo. Lo que corresponde ahora es cumplir con el proceso, revisar documentos y escuchar a todas las partes”, refirió.

Respecto a las posiciones políticas divergentes, mencionó que algunos sectores de la oposición ya manifestaron su rechazo a la intervención de Ciudad del Este, aunque respaldan la de Asunción, algo que –según dijo– “nunca terminaron de explicar con claridad”. “La oposición tomó esto como netamente político, pero nosotros entendemos que es institucional. Plantean que es una persecución política para eliminar candidaturas, pero vemos que el intendente de CDE con más de 49 denuncias penales demostró negligencia a todas luces. Pero con eso no estamos haciendo futurología, tenemos que analizar los hechos”, lanzó.

Subrayó que su movimiento, Honor Colorado, encara este proceso con seriedad y dentro de un enfoque colectivo. “Es difícil hacer un pronostico, porque tenemos que traer a la vista los documentos y escuchar a ambas partes porque son municipios importantes del país”, indicó.