Diario HOY | El recién nacido: el libro que se debe leer antes de llevar al bebé a casa

Ser mamá o papá primerizo no viene con manual, pero el doctor Hernán Boló se propuso escribir uno que acompañe sin juzgar. El recién nacido es una guía práctica de pediatría integral que busca algo más que enseñar a cuidar, ayudar a disfrutar los primeros días del bebé sin miedo, sin culpa y con información confiable.

“Lo creé como una herramienta para acompañar a los padres en ese proceso tan difícil que significa tener un bebé nuevo en casa. Hay dudas, estrés, angustia y todo eso es normal”, explica el pediatra en el programa Residentas (canal GEN). “El libro responde preguntas sencillas, pero que pueden generar mucha ansiedad cuando uno no tiene a quién consultar”.

Boló aborda los temas que más preocupan, tales como la lactancia, el llanto, el sueño, la higiene, los cuidados del cordón umbilical, la piel y la alimentación. “El objetivo no es llenar de información, sino despejar la desinformación. Hoy hay tanto contenido en redes que los padres se confunden más que aprenden”, sostiene.

El médico enseña, por ejemplo, cómo distinguir si un bebé llora por hambre o por otra razón, cómo crear rutinas que den seguridad y cuándo acudir al pediatra. También dedica un espacio a la salud emocional de los padres. “No solo llega el bebé al consultorio, también llegan mamá y papá. Un padre bien contenido puede ser una ayuda enorme o, si no lo está, un gran problema”, señala.

El libro aborda incluso situaciones que muchos manuales no contemplan. Cómo preparar a las mascotas para la llegada del bebé, cómo acompañar al hermano mayor para que no se sienta desplazado y, sobre todo, cómo cuidar la seguridad del recién nacido en el auto.

“El car seat no se negocia. He visto bebés que se salvaron por usarlo, y otros que sufrieron lesiones graves por no tenerlo. Nunca hay que llevar al bebé en brazos, ni siquiera del hospital a casa”, advierte Boló.

Con más de 15 años de experiencia clínica, el doctor Hernán Boló se formó en la Universidad del Pacífico y se especializó en pediatría en el Hospital Nacional, por la Universidad Católica. Hoy integra el Departamento de Neonatología del Hospital Materno Infantil San Pablo.

“Cada consulta es un espacio de aprendizaje mutuo. Enseño, pero también aprendo de cada niño y de cada familia”, cuenta. “Para mí, la pediatría no es solo aplicar conocimientos médicos: es acompañar emociones y transformar la manera de entender la infancia”.

Su libro El recién nacido está disponible en Servilibro, en drhernanbolo.com, en sus consultorios y en versión eBook por Amazon. También se puede seguir en redes sociales: @DrHernanBolo (Facebook e Instagram).

El 2 de noviembre del 2023 en medio de una fuerte tormenta, Domingo Ríos y Alexis Sosa, militares del Comando del Ejército, se trasladaban por Lambaré, cuando fueron arrastrados por el raudal hasta el arroyo Ferreira.

Cerca del mediodía de ese fatídico jueves de noviembre, aún con una fuerte lluvia, los bombe­ros voluntarios y personal militar hallaron el vehí­culo en el que se trasladaban los dos militares, pero no encontraron a ninguno de los dos.

La búsqueda se intensificó y se trasladó a las desembocaduras del arroyo, donde el sábado 4 de noviembre, hallaron los restos del primer sargento, Domingo Ríos, 72 horas después del hecho, así como se había presumido desde la Armada. Sin embargo, el cuerpo de Alexis Sosa nunca fue encontrado.

En diciembre del 2023, cuando se cumplía 1 mes del hecho, el Gral. Roque Colmán, en ese entonces vocero del operativo de búsqueda, indicó que se manejaban dos hipótesis. La primera, que Alexis Sosa quedó sepultado debajo de los sedimentos o de las basuras del arroyo. La segunda, y en el peor de los casos, lo agarró un barco remolcador.

Hasta ese momento, la búsqueda de Alexis Sosa era indefinida, buzos, motobombas, retroexcavadora y un montón de recursos se destinaron a la búsqueda del joven militar, sin embargo, todo fue en vano, y ahora los operativos ya no se realizan.

Los padres de Alexis Sosa exigen justicia y que se reactive la búsqueda de los restos del joven militar.

En julio del 2024, el Ministerio Público había formulado imputación contra Rosa Agustín González Dans, intendente de la localidad de Lambaré, por la presunta comisión del hecho punible de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.

El accidente, según la investigación, se agravó por la falta de gestión de González, ya que no había ningún muro de contención, valla o baranda de seguridad en el lugar donde cayeron los militares, de no haber sido así, la historia habría sido diferente.

Por Gabriela Marmori Battilana

Desde diciembre del 2024 está vigente la nueva ley que establece la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión. Con esta legislación, el tradicional programa implementó algunos cambios que, por un lado, facilitan el ingreso sin burocracia, ya que se elimina el censo, pero, por el otro, generan un poco de ansiedad por la gradualidad de las incorporaciones, frente a la inmediatez esperada.

En el artículo 2º del decreto reglamentario, se estipula que entre los destinatarios están: todo paraguayo natural o naturalizado de 65 años de edad. Aquí comienza un foco del malentendido, pues, con esta oración, muchos están convencidos de que todas las personas de 65, sin ingresos económicos, deben automáticamente cobrar la pensión.

Sin embargo, como el universo de potenciales beneficiarios es enorme, y resultaría financieramente impracticable incorporar a una masa tan grande de una sola vez, esta misma legislación establece una gradualidad de ingresos, por el método de mayor a menor.

Esto está previsto en el artículo 6º sobre la incorporación automática de los destinatarios, donde dice que, cuando la persona adulta mayor cumpla la edad establecida en la Ley será incluida de forma automática en un listado de potenciales destinatarios. Esto, sin embargo, no implicará el pago automático de la pensión universal.

Para definir el listado, el Ministerio de Desarrollo Social realiza un cruzamiento de datos con diferentes instituciones, la Dirección General del Registro de Estado Civil de las Personas, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto Paraguayo del Indígena, la Secretaría Nacional por los Derechos de la Personas con Discapacidad, las diferentes Cajas de Jubilaciones y Pensiones, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Instituto de Previsión Social y otras dependencias estatales, además de aprobar los pagos por gradualidad de edad, de mayor a menor.

Fue así que en diciembre del 2024 ingresaron 15.140 abuelos del rango de 106 a 90 años de edad. La siguiente tanda comenzó en febrero de este 2025, con 9.100 personas de 79 y 78 años. En marzo incorporaron a 11.378 adultos de hasta 77 años de edad, en abril a 7.228 de 76 años y en mayo a 7.467 personas de 75 años de edad.

En junio entraron 6.839 de 74 años, en julio incluyeron a 7.000 personas de 73 años y en agosto a 6.118 de 72 años. En septiembre sumaron a algunos rezagados de 72 años en adelante y se anunció que ya no habría incorporaciones en lo que resta del 2025, debido a que superaron ampliamente el cupo anual de 30.000 establecido en la ley.

No obstante, con una disponibilidad presupuestaria surgida, probablemente por bajas o por reprogramaciones, en el mes de octubre se habilitó el ingreso de personas de 71 años de edad cumplidos hasta abril de este año. Aquí, unas 3.500 que cumplieron de mayo en adelante quedaron fuera.

Afortunadamente, esta semana, durante la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de López, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció que el 100 % de las personas con 71 años de edad serán incorporadas en lo que resta del 2025, es decir, entre noviembre y diciembre.

Con esto, el capítulo de la edad queda debidamente aclarado y no cabe duda de cómo se realizan las incorporaciones.

La asignación mensual es del 25 % del salario mínimo, que, con el reajuste realizado en julio es de 724.762 guaraníes, monto que hasta junio era de G. 699.577.

No pueden ser beneficiarios quienes: tienen ingresos públicos o privados. Los que cobran una jubilación. Los que tienen más de 30 cabezas de ganado. Son contribuyentes del Impuesto a la Renta en todas sus modalidades, según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Posean más de 30 (treinta) cabezas de ganado, según Senacsa.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Desde hace décadas, Paraguay se ha convertido en “tierra fértil” para los criminales ligados al tráfico de estupefacientes, principalmente vinculados a la comercialización ilícita de marihuana.

Buscando aprovechar las características y bondades de nuestro suelo, los narcos decidieron instalarse en sectores alejados de las áreas urbanas para la plantación de cannabis en grandes cantidades.

Pese a las continuas incursiones y operativos impulsados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con apoyo de otras autoridades tanto locales como extranjeras, esta práctica sigue tan vigente como hace unos años.

Además del problema que acarrea de por sí el narcotráfico, propiciando las adicciones en jóvenes y moviendo un millonario negocio ilegal, existe un dilema que no debe ser ignorado: la pérdida de nuestros bosques.

En una charla brindada días atrás en Hernandarias, en el marco de una serie de jornadas de capacitación promovidas por Itaipú Binacional, el ministro de la SENAD, Jalil Rachid, habló sobre lo que hoy catalogan como “un ecocidio silencioso”, producto de la destrucción sistemática de bosques en áreas protegidas.

Según datos manejados por la institución, tan solo en los últimos dos años, el crimen organizado fue capaz de arrasar con 5.400 hectáreas de bosques, que acabaron siendo convertidas en plantaciones ilegales de marihuana, producto que tiene como principal destino el Brasil.

Hablar de marihuana ilícita también es hablar de deforestación, teniendo en cuenta que la recomposición forestal de las superficies afectadas llevaría décadas, indicó Rachid, quien puso en relieve el nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva ambiental.

Por si fuera poco, también se ha descubierto la utilización de territorios indígenas para el usufructo ilícito de los narcotraficantes, quienes invaden sin autorización estos espacios protegidos para la plantación de cannabis, alertó el ministro.

Según cifras actualizadas a julio de este año, entre 90.000 a 100.000 árboles nativos habían sido derribados para producir drogas en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, ubicada en la zona de Canindeyú. En lo que va del 2025, fueron destruidas un total de 134 hectáreas de marihuana, a través de los operativos Mbaracayú I, II y III de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Otros espacios protegidos que corrieron con la misma suerte son: Parque Nacional Cerro Corá (Amambay), Parque Nacional Caazapá (Caazapá), Reserva Natural San Rafael (Itapúa y Caazapá), Reserva Natural La Paraguaya (Amambay), Reserva Natural Ñacunday (Alto Paraná) y Reserva Natural Morombí (Caaguazú y Canindeyú).

Con el objetivo de contrarrestar esta situación, la Dirección de Desarrollo Alternativo de la SENAD, en conjunto con el Instituto Forestal Nacional (INFONA), impulsan el programa “Renovar”, que consiste en la siembra de especies nativas en parcelas de bosques deforestados para el cultivo de marihuana.

Dicha tarea, que también posee el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguay, tiene el propósito de restituir de manera gradual algunos ecosistemas dañados para el desarrollo de actividades ilícitas mediante la siembra de plantines y la dispersión de semillas.

Como parte de estos mismos esfuerzos, la SENAD tiempo atrás había suscrito un acuerdo de cooperación con la Fundación Moisés Bertoni, de modo a llevar adelante una acción coordinada en defensa del patrimonio natural del país y, en especial, de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.

Las evidencias revelan una dolorosa realidad ambiental que merece una atención aún más urgente de parte de las autoridades, puesto que los actuales esfuerzos siguen siendo insuficientes para frenar la criminal destrucción de zonas boscosas en Paraguay.