Diario HOY | Empresarios reclaman dos meses de deuda y actualización de tarifa

En un contacto con el canal Gen, el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, desmintió que el gremio haya amenazado al Gobierno o a la gente con un paro, una regulada o alguna medida de fuerza similar.

Sin embargo, confirmó que existe un reclamo formal presentado hace 30 días, por el cual no recibieron respuesta. Se trata del incumplimiento del pago correspondiente al subsidio de abril y mayo, a lo que se suma lo que va de junio. Sin contar este mes en curso, el monto alcanza los 9.480.000 dólares.

“No hay ninguna amenaza ni aviso de medida de fuerza, eso es algo de la guerra y no estamos en guerra”, aseguró el empresario.

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Consultado acerca de los detalles de la tarifa técnica que solicitan actualizar, señaló que, de los 17 componentes, 11 están desactualizados y que, pese al compromiso de modificación, este es otro de los pendientes.

En caso de llegar a un paro, la patronal deberá comunicar al Ministerio del Trabajo con 72 horas de anticipación, según explicó el director del Trabajo, Enrique Galeano.

De concretarse la regulada o el paro, el Ministerio nuevamente emitirá comunicados dirigidos a los empleadores, solicitando tolerancia por llegadas tardías a los lugares de trabajo.

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Según explicó a radio Universo 970 AM, el sistema SIAE (Sistema Integrado de Alimentación Escolar) exige que los directores de las instituciones educativas carguen en el Registro Único de Estudiantes (RUE) la cantidad de raciones recibidas, como parte del circuito de control que garantiza la transparencia y agilidad en los pagos a proveedores.

“En abril y mayo detectamos que un alto porcentaje de escuelas no completó el cierre del circuito, por la falta de carga de actas digitales en el RUE. Esto genera demoras en los pagos a las empresas que proveen el almuerzo escolar”, afirmó Rojas.

El ministro aclaró que la advertencia no implica la suspensión inmediata del servicio de alimentación. Sin embargo, si persiste la falta de cumplimiento por parte de los directores, los administradores de contrato (las gobernaciones y el MDS) podrán suspender temporalmente la entrega en las escuelas que no regularicen su situación.

“Queremos que los directores colaboren. El SIAE garantiza transparencia y rapidez, y cuenta con el respaldo de la Contraloría. No podemos seguir trabajando con papeles como antes, sería imposible procesar todo manualmente”, subrayó.

La resolución del CONAE (Consejo Nacional de Alimentación Escolar) fue emitida esta semana tras constatarse los inconvenientes. El objetivo es agilizar la administración del programa, considerado por el Gobierno como “emblemático”, ya que beneficia a un universo muy amplio de estudiantes en todo el país.

Rojas indicó que se están solucionando problemas menores en la plataforma, mediante una mesa técnica interinstitucional, y aseguró que la colaboración de los directores es clave para la supervivencia y buen funcionamiento de Hambre Cero.

Entre 2018 y 2023, el IPC general acumuló un aumento del 28%, mientras que, el IPC de alimentos subió un 47%, lo que evidencia una importante pérdida del poder adquisitivo, la cual, no se compensa en el cálculo de salario, ya que el cálculo toma el Índice General y no de Alimentos.

El proyecto que modifica la ley 5764 que modifica el artículo 255 de la ley 213/93 que establece el Código del Trabajo y deroga el artículo 256 fue presentado ayer en la Cámara de Senadores.

Se propone que la variación del salario mínimo se calcule anualmente en base al índice que resulte mayor entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y el IPC de alimentos.

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Actualmente, el artículo 255 del Código del Trabajo modificado por la Ley N. 5764/16 establece que el salario mínimo será reajustado anualmente en base a la variación del IPC general entre los meses de mayo de un año y el siguiente.

Sin embargo, lo que plantea el proyecto es que se dé prioridad al IPC más elevado, que generalmente es el IPC de alimentos.

El propio ministro de economía, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó a principios de mayo que la fórmula utilizada para el cálculo del salario mínimo necesita una revisión, ya que no refleja la pérdida del poder adquisitivo.

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Los gremios CETRAPAM y UCETRAMA advirtieron que de no concretarse el desembolso, podrían iniciar reguladas del servicio e incluso despidos masivos de empleados. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo buscará proteger los derechos de los trabajadores del sector.

“Lo que conocemos es por declaraciones en medios, no existe una comunicación formal al Ministerio. En principio, es competencia del Viceministerio de Transporte, pero si se diera un paro formal, estamos obligados a intervenir para garantizar los derechos laborales», sostuvo Galeano a la radio Universo 970 AM.

El director recordó que en caso de un paro patronal, el empleador debe notificar a la autoridad laboral con al menos 72 horas de anticipación. Además, al tratarse de un servicio público esencial como el transporte, los empresarios deben asegurar un mínimo de funcionamiento para evitar un colapso social.

“Si el paro es calificado como legal por un juez, los salarios no se devengarían por no haber contraprestación de servicios. Pero si es declarado ilegal, los empleadores deberán pagar los salarios completos a sus trabajadores”, explicó.

Por otra parte, Galeano remarcó que si se produjeran despidos, el Ministerio actuaría para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes, sobre todo en el caso de trabajadores con más de 10 años de antigüedad, donde incluso podría ser necesaria una justificación judicial para validar la desvinculación.

“Si la medida escala y deriva en despidos o en un impacto mayor en el empleo, el Ministerio intervendrá en defensa de los derechos laborales. El paro patronal es legal, pero debe cumplir con los requisitos. Y si genera perjuicios desproporcionados, es nuestra obligación actuar”, enfatizó.

El funcionario admitió que las reguladas ya vienen ocurriendo desde hace tiempo como “incumplimientos en las frecuencias de los servicios”, cuestión que actualmente es de competencia exclusiva del Viceministerio de Transporte.