Diario HOY | Enfermeras del IPS rechazan tercerización del servicio de triaje: temen despidos masivos

La licenciada Marina Ayala, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermería del IPS (Sinadips), señaló en entrevista con el canal GEN que la decisión del ente constituye una privatización y pone en riesgo los puestos de trabajo del personal que actualmente cumple funciones en el RAC (Recepción, Acogida y Clasificación).

“Estamos en contra. En lugar de invertir en su propio personal, contratan empresas privadas para tareas que ya realizamos desde enfermería”, manifestó.

La representante sindical explicó que el contrato con Neighpart SAECA contempla la instalación de cabinas electrónicas de evaluación y personal tercerizado, lo que desplazaría progresivamente a los funcionarios del área. Además, denunció que los contratos del personal están asegurados solo hasta diciembre, por lo que a partir de 2026 podrían darse desvinculaciones masivas.

“Nuestros contratos están garantizados solo hasta diciembre. Después no sabemos si continuaremos, porque el área central sería cubierta completamente por la empresa tercerizada”, advirtió.

Ayala también recordó que el sector de enfermería lleva 14 años sin reajuste salarial y que existen trabajadores contratados que perciben menos del salario mínimo. Cuestionó que, mientras se alegan limitaciones presupuestarias para equiparar salarios, el IPS destine más de USD 5 millones a un servicio que podría realizarse con recursos propios.

“El problema de la aglomeración de pacientes no es la falta de tecnología, sino la falta de personal médico y de enfermería. En un solo turno llegamos a clasificar más de 240 pacientes en ocho horas”, sostuvo.

El gremio ya mantuvo una reunión con el presidente del IPS y su equipo técnico, quienes defendieron la licitación alegando la necesidad de optimizar la atención en urgencias. Sin embargo, los trabajadores insistirán en el Congreso Nacional, donde el próximo 19 de noviembre buscarán apoyo parlamentario para frenar la implementación del contrato.

“Vamos a seguir movilizándonos porque es la única manera de que las autoridades escuchen”, adelantó la representante sindical.

La adjudicación a Neighpart SAECA, representada por Claudio Escobar Brizuela, forma parte de la Licitación Pública Nacional para modernizar el sistema de triaje en el Hospital Central del IPS.

El presidente Raúl Latorre convocó a una sesión extraordinaria a las 11:00 de la mañana de hoy, a fin de estudiar exclusivamente el Presupuesto General de Gastos de la Nación que es de USD 18.900 millones, equivalentes a G. 149,2 billones.

El monto representa un incremento del 12% (cerca de USD 2.000 millones) con respecto al presupuesto anterior. Salud, educación, seguridad y sectores vulnerables recibirán un aumento de USD 760 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Universidades Públicas del Interior; Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) también recibirán aumentos.

Con el plan enviado por el MEF, se prevé el retorno al límite del 1,5% de déficit fiscal para el 2026, en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.

Tras la viralización de un video donde se observa a Marcial Penayo realizando tiros al aire en una fiesta de cumpleaños, la Policía Nacional de oficio intervino e inició una investigación.

Resulta que, en el video, además del lamentable actuar de Marcial, también se observa a su hijo Juan Cirilo Penayo, quien debía cumplir la medida de arresto domiciliario.

Juan Cirilo fue beneficiado con la prisión domiciliaria en septiembre pasado tras ser sindicado como supuesto responsable de una tentativa de asalto a una transportadora de mercaderías.

Pese a la medida judicial, fue visto fuera de la vivienda donde debía cumplir con el arresto.

El video fue clave para que la Policía identifique a las personas, quienes serían conocidas por incurrir en actos irregulares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó en entrevista con el canal GEN que la apelación no cuestiona el fondo de la medida, sino el plazo de 15 días otorgado por la magistrada para cumplir una serie de acciones de mejora, lo que calificó de materialmente imposible.

“El objeto de la apelación es exclusivamente en relación al plazo. La jueza exige que en 15 días se implementen medidas que requieren al menos tres meses de ejecución, según nuestro plan posoperativo Umbral 2.0”, detalló.

El plan, según el viceministro, contempla la puesta en marcha gradual del nuevo penal, con tareas que incluyen la normalización del sistema de agua, logística, alimentación, organización interna y reactivación de programas laborales, culturales y educativos.

“Hay cuestiones prioritarias, como el agua y la alimentación, que ya están normalizadas. Pero la instalación de talleres, programas de reinserción y convenios con empresas lleva más tiempo”, sostuvo.

Maciel mencionó que en el proceso de puesta en funcionamiento del penal se detectaron vicios ocultos en la construcción, lo que retrasó la distribución del agua. “Descubrimos que en las cañerías había restos de materiales de obra que obstruían la presión. Ya se hizo la limpieza y eso se solucionó”, aclaró.

Actualmente, el COMPLE alberga 651 mujeres privadas de libertad, y aunque su capacidad es mayor, el Ministerio prevé alcanzar gradualmente el pleno funcionamiento con alrededor de 1.000 internas.

El viceministro destacó además que el servicio de sanidad cuenta con 39 profesionales de blanco, entre médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, y que el sistema de visitas familiares ya está regularizado mediante un sistema electrónico de agendamiento a través de WhatsApp y del sitio web institucional.

“La tutela se basa en garantizar derechos que nosotros ya estábamos implementando. Solo pedimos un plazo razonable para cumplir con lo que exige el propio proceso de puesta en marcha”, afirmó Maciel.

El Ministerio de Justicia insiste en que la resolución judicial desconoce los tiempos técnicos y logísticos necesarios para habilitar completamente un nuevo centro penitenciario, y espera que el Tribunal de Apelación modifique el plazo de cumplimiento establecido por la jueza Kirchhofer.