Diario HOY | Entrega de medicación “biosimilar” a paciente con artritis: rechazan medida de IPS

El criterio médico no puede ser reemplazado por decisiones administrativas, advierte la Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA).

“Repudiamos con firmeza lo sucedido en el IPS, denunciado por una de nuestras integrantes. Lo ocurrido demuestra un atropello inaceptable: un funcionario no médico no puede alterar ni sustituir un tratamiento prescrito por un doctor en medicina”.

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Según la afectada, su especialista le recetó un medicamento, el cual fue a buscar del IPS, donde le entregaron un biosimilar y le dijeron que era la misma droga e incluso, del mismo laboratorio.

Al respecto, señala que la intercambiabilidad no debe ser impuesta ni decidida por personal ajeno al equipo tratante, pues, el cambio de tratamiento solo puede realizarse mediante una decisión conjunta entre médico y paciente.

Para el gremio, este tipo de prácticas ponen en riesgo la salud de las personas, pues priorizan criterios administrativos por encima de cuestiones clínicas.

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El agente fiscal Luis Fernando Escobar encabezó en la mañana de este viernes un allanamiento en la celda de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, recluido en la Penitenciaría de Minga Guazú, donde se incautaron diversas evidencias.

La diligencia se realizó en el marco de la investigación por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido ayer en Asunción.

Escobar, fiscal de turno en Ciudad del Este, actuó como coadyuvante del equipo conformado por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Hermenegilda Cubilla, quienes llevan adelante la causa. El procedimiento contó además con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional.

La orden judicial fue firmada por el juez penal de garantías de Asunción, Francisco Acevedo, autorizando la búsqueda e incautación de indicios vinculados al hecho punible. El mandamiento habilitaba el ingreso a la celda de Insfrán, la apertura de recintos cerrados, el uso de cerrajeros en caso de necesidad y la utilización de la fuerza pública, incluso en horario nocturno, siempre conforme a derecho.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron un cargador universal compatible con una rasuradora eléctrica, un ejemplar del Código Penal con anotaciones de números telefónicos de autoridades, un estuche transparente para celular y dos billetes de 50 mil guaraníes encontrados en el bolsillo del pantalón del recluso.

Guillermo Moral fue quien había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

El Crio. David Delgado, subjefe del departamento de Homicidio de la Policía, señaló que la camioneta del teniente coronel Morel recibió tres impactos de bala, pero solo uno impactó contra él y acabó con su vida.

Según destacó, el militar ya fue víctima de un intento de sicariato hace un año, pero aún no se puede precisar si guardan relación.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa aclararon que no contaban con la información de que el militar asesinado estaba siendo amenazado o que haya sido víctima de un intento de homicidio, por lo que nunca se dispuso custodia para el mismo.

En cuanto a los sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, para el comisario Delgado, habrían utilizado un revólver calibre 38 o 357 y sostuvo que el ataque fue ejecutado con alta precisión.

“Tuvieron una buena capacidad de tiro, también estaban confiados porque la capacidad de almacenamiento de balas de un revólver es mucho menor al de una pistola, estaban confiados en usar un revólver”, expresó a radio 1080 AM.

Guillermo Moral es el que había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

Todos los elementos están siendo analizados por el Ministerio Público, que esta mañana realizó allanamientos en la casa de Luis Belotto y en la celda de Tío Rico en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú en busca de alguna pista.

Los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Carrillo Iramain y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez firmaron la denuncia contra el presidente Santiago Peña, patrocinados por los abogados Kattya González y Felino Amarilla.

Los hechos punibles mencionados son: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder. El será presentado ante la Fiscalía, pero los detalles fueron expuestos en conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa realizada hoy, el abogado Ricardo Preda mostró las inconsistencias de la denuncia.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.

LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elementos que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.

“Me parece temeraria decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual una persona fue procesado con posterioridad depor lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado, En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.

“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.

Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.

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COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS

Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.

“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”

En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, fue la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.