Diario HOY | Esperan aprobación de USD 200 millones para Che Róga Porã

Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, informó que la institución a su cargo está gestionando la ampliación del capital operativo de Che Róga Porã

“Son 200 millones de dólares de Taiwán, ayer estuvimos en el Congreso y expusimos las condiciones de este préstamo y el motivo por el cual se quiere aprobar”, comentó Baruja, en un contacto con radio Universo 970 AM -Nación Media.

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El pedido ingresó al Congreso el 16 de mayo pasado y podría ser incluido en el orden del día de mañana miércoles en la Cámara de Senadores, donde, de prosperar, pasará a Diputados, con la posibilidad de ser estudiado el próximo martes. Con esto, se estima que la propuesta se convertirá en ley en la quincena de junio.

Los recursos obtenidos irán a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), banca de segundo piso, donde quedará a disposición de los bancos, cooperativas y financieras para que el ciudadano acceda al préstamo de hasta 500 millones de guaraníes, a una tasa del 6,5 %.

No es el ministerio el que lidera la construcción, sino que el interesado elige la empresa constructora y el profesional de su confianza para la edificación de su futura vivienda, por la cual comenzará a pagar recién al mudarse.

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Desde el 24 de abril está vigente la segunda fase del programa, denominada Che Róga Porã 2.0, que incluye las siguientes modalidades:

CONSTRUIR EN TERRENO PROPIO: Alguien que ya tiene su terreno y quiere construir su casa, puede acceder al financiamiento del programa y comenzar a pagar recién cuando la casa esté lista.

COMPRAR UN TERRENO Y CONSTRUIR: Si a un ciudadano le gusta un terreno en cualquier punto del país, puede postularse para acceder al apoyo de Che róga porâ 2.0.

COMPRAR EL PRODUCTO TERMINADO: el interesado puede comprar una casa, departamento o dúplex terminado, mediante el financiamiento del programa. Puede ser el que sea de su interés, no necesita ser un producto adherido al programa.

AMPLIACIÓN O MEJORA DE LA CASA PROPIA: quien ya tenga una casa propia y, por motivos del aumento de miembros de la familia o por otra razón desea ampliar, modificar o mejorar la infraestructura, también puede postularse.

Una innovación que tendrán las modalidades es la garantía financiera, pues, una de las dificultades a la hora de acceder a un crédito es precisamente la falta de garantía, por ello, el programa contará con el Fondo de Garantía.

Estas cuatro opciones se suman a la primera, que consiste en postularse a los proyectos con el combo completo: la compra del terreno y la construcción de los proyectos inmobiliarios.

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En sesión ordinaria, el Senado estudiará la propuesta que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que pretende garantizar el bienestar animal y protegerlos del sufrimiento y el dolor.

Establece un procedimiento sancionatorio que permitirá mitigar las consecuencias sociales del maltrato animal, incluyendo los problemas derivados del abandono,abarcando desde animales domésticos o domesticados hasta aquellos silvestres y exóticos en cautiverio.

El Estado será responsable de garantizar acciones que promuevan la prevención y tratamiento del dolor y el sufrimiento animal, de promover su salud y bienestar, asegurando condiciones de vida adecuadas según cada especie.

De acuerdo al senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, la normativa hace especial énfasis en las sanciones, que también serán administrativas.

“La legislación actual establece hasta 6 años de cárcel, ahora se habla de sanciones más bien administrativas y cuando hay casos de crueldad. Estamos evaluando y mañana vamos a presentar ante el pleno”, expresó a los medios de prensa.

Según refirió el parlamentario, también se incluye al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que deberá incluir entre sus preguntas casa por casa cuestiones relacionadas a los animales.

En la sesión extraordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la nota remitida por la Contraloría.

Se resolvió que el presidente Raúl Latorre se encargue de conformar dos comisiones especiales para el estudio del pedido de la Contraloría.

Este trámite se cumplirá mañana miércoles, durante la reunión de la Mesa Directiva, en la que entregarán la lista con los nombres de los que integrarán cada comisión.

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Se dará participación a cinco colorados, tres liberales y un representante del tercer espacio. Cada comisión estudiará la solicitud de intervención y definirá si presta o no el acuerdo constitucional para el efecto.

“Vamos a estar siguiendo el trabajo de estas comisiones especiales y analizando en detalle los documentos y cumplir con este rol, porque, finalmente, dirimir sobre los pedidos de intervención, es un rol de la Cámara de Diputados”, detalló Latorre.

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El titular del Gremio de Empresas Proveedoras de Alimentación Escolar y Empresarial (GAEPY), Carlos Carlson, informó al canal GEN que presentaron una nota al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para solicitar una prórroga en la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta digital con la que se registran las raciones entregadas a diario en las instituciones educativas.

Explicó que el gremio se ve imposibilitado de cumplir al 100% con la carga de datos en el sistema, debido a factores externos a las empresas, como la falta de conectividad en las escuelas, problemas técnicos en la plataforma, y la falta de capacitación de directores escolares, quienes deben confirmar la recepción diaria de alimentos.

Desde el CONAE respondieron que son mínimos los problemas, según comentó Carson. Sin embargo, el entrevistado insistió en que las fallas, por más pequeñas que parezcan, impiden el cobro por los servicios ya ejecutados. “El sistema es solo una parte administrativa, no afecta la provisión de alimentos, que se cumple en su totalidad por las empresas adjudicadas. Pero sin esa confirmación de los directores, no podemos procesar nuestras facturaciones”, advirtió Carlson.

Por otro lado, Carlson también se refirió al decreto que obliga a las empresas adjudicadas a comprar al menos el 10% de productos de la agricultura familiar y el 5% de MIPYMES. Aunque valoró la intención del Gobierno de apoyar al sector productivo local, cuestionó la viabilidad de la medida ante la falta de producción constante en el país.

“¿Qué pasa en febrero o marzo cuando no hay tomate o cebolla nacional? ¿Cómo cumplimos con ese 10% obligatorio?”, cuestionó, y pidió alternativas del Ministerio de Agricultura para asegurar el cumplimiento contractual en épocas de escasez.

En otro momento, sobre los controles laborales impulsados por el Ministerio del Trabajo, Carlson defendió a las empresas, al señalar que la rápida implementación del programa Hambre Cero —en menos de 60 días desde la adjudicación— no permitió completar a tiempo la formalización de todos los trabajadores en el sistema REOP.

“El 22 de febrero recibimos la orden de inicio para la provisión, contratamos y en ese momento hubo intermitencias en el sistema informático del Estado. No fue por causa de las empresas, sino que por el sistema del Estado”, concluyó.