Diario HOY | Exponen criminal plagio de core bancario en fusión Atlas-Familiar

El abogado de ITTI, Miguel Almada, calificó el conflicto como un caso “delictivo” y no meramente contractual. La suspensión estará vigente hasta que pericias técnicas, que probablemente requerirán expertos internacionales, confirmen la legitimidad del nuevo software.

El origen del conflicto legal radica en que ITTI consiguió previamente una medida cautelar que prohibía a Atlas seguir utilizando el core ITGF tras la fusión. Atlas y Familiar reaccionaron anunciando que desarrollarían un core bancario completamente nuevo.

A partir de allí, ITTI inició investigaciones que arrojaron “indicios muy sólidos” de que el nuevo sistema es, en realidad, ITGF con otro nombre, lo que constituye un acto de plagio.

La medida cautelar dictada por el magistrado Juan Francisco Blanco Bogado prohíbe al Banco Central del Paraguay (BCP) pronunciarse sobre la fusión, y la mantendrá en suspenso hasta constatar que el software ITGF no está siendo utilizado como fuente de creación, fabricación o implementación del nuevo core bancario.

“Esto ya no es una cuestión contractual, esto ya no tiene nada que ver con el contrato que nosotros tenemos con Atlas. Esto es una cuestión delictiva, nos están copiando el software, es plagio,» sentenció el abogado Miguel Almada en charla con el canal GEN.

ESCALA A SEDE CRIMINAL

Almada explicó que el conflicto principal ya no se limita al litigio arbitral que mantienen con Atlas por el presunto uso abusivo de ITGF (desde 2004), sino que escaló a un ámbito extracontractual y penal.

“Este conflicto tiene que ver con que si se copió o no se copió el software, se plagió o no se plagió el software para seguir con la fusión entre ambos bancos. Y eso ya no es contractual, es extracontractual, es penal. Ahora ya no estamos en en sede arbitral, ahora estamos en una sede muy diferente, una sede criminal», expuso.

Si bien aún no presentaron una denuncia penal formal por violación de derechos de autor, el abogado indicó que se tomarán las medidas correspondientes una vez que se determine la conformación del panel de expertos.

En ese sentido, la determinación de si existe o no plagio requerirá un proceso técnico complejo. El abogado señaló que, si bien la legislación paraguaya protege los derechos de los creadores, “no existen aún las capacidades suficientes en materia de peritos” nacionales para determinar si existe copia entre softwares. Por ello, es probable que se deba solicitar el concurso de expertos internacionales para conformar el panel. El proceso pericial no será corto y definirá si la fusión podrá seguir adelante o no.

LA MEDIDA JUDICIAL

El Juzgado Civil y Comercial resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por Itti Saeca contra el banco Atlas sobre la prohibición de innovar.

El Banco Central del Paraguay, que debe decidir si aprueba la fusión Atlas-Familiar, recibió la orden de no pronunciarse al respecto, según resolvió el Juzgado de Primera Instancia en los Civil y Comercial del Tercer Turno, a cargo del magistrado Juan Francisco Blanco Bogado.

La medida estará vigente hasta constatar, a través de pericias técnicas, que el software ITGF está siendo utilizado únicamente para aquello que se licenció, y no como fuente de creación, fabricación, implementación, validación o rescate de un nuevo core bancario.

La fusión de estas dos entidades financieras involucra la puesta en funcionamiento de ese nuevo core bancario y se mantendrá en suspenso hasta que se compruebe que no afecta derechos de propiedad intelectual de Itti en su calidad de autor y licenciante del software.

La resolución también resuelve aceptar, en carácter de contracautela, el aval bancario emitido por Ueno Bank SA, por 330.000 dólares, que responderá por la eventualidad de posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de las medidas cautelares decretadas.

EL OTRO LIGITIO

La controversia enfrenta al Banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, y la empresa paraguaya de tecnología ITTI S.A.E.C.A., que desde 2004 le provee su sistema informático “ITGF”. Según ITTI, la entidad financiera estaba utilizando el software en violación de los términos contractuales.

Esta disputa anterior se había originado a partir de una auditoría solicitada por ITTI en diciembre de 2024, tras la cual se detectaron múltiples incumplimientos contractuales. El 26 de febrero de 2025, la empresa ofreció reformular los términos de la licencia y notificó la irregularidad a la Superintendencia de Bancos. En respuesta, el Banco Atlas recurrió a la Justicia, que el 11 de marzo de este año le otorgó una medida cautelar de no innovar.

Según ITTI, el problema se basa en el uso no autorizado del software. Además responsabilizó que la judicialización del conflicto haya sido iniciada por el propio banco, pese a los intentos iniciales de mantener la disputa en el ámbito privado.

El caso cobró fuerte notoriedad pública luego de que el diario ABC Color, perteneciente al grupo empresarial de Atlas, iniciara una campaña mediática contra ITTI.

El agente fiscal Luis Fernando Escobar encabezó en la mañana de este viernes un allanamiento en la celda de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, recluido en la Penitenciaría de Minga Guazú, donde se incautaron diversas evidencias.

La diligencia se realizó en el marco de la investigación por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido ayer en Asunción.

Escobar, fiscal de turno en Ciudad del Este, actuó como coadyuvante del equipo conformado por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Hermenegilda Cubilla, quienes llevan adelante la causa. El procedimiento contó además con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional.

La orden judicial fue firmada por el juez penal de garantías de Asunción, Francisco Acevedo, autorizando la búsqueda e incautación de indicios vinculados al hecho punible. El mandamiento habilitaba el ingreso a la celda de Insfrán, la apertura de recintos cerrados, el uso de cerrajeros en caso de necesidad y la utilización de la fuerza pública, incluso en horario nocturno, siempre conforme a derecho.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron un cargador universal compatible con una rasuradora eléctrica, un ejemplar del Código Penal con anotaciones de números telefónicos de autoridades, un estuche transparente para celular y dos billetes de 50 mil guaraníes encontrados en el bolsillo del pantalón del recluso.

Guillermo Moral fue quien había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

El Crio. David Delgado, subjefe del departamento de Homicidio de la Policía, señaló que la camioneta del teniente coronel Morel recibió tres impactos de bala, pero solo uno impactó contra él y acabó con su vida.

Según destacó, el militar ya fue víctima de un intento de sicariato hace un año, pero aún no se puede precisar si guardan relación.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa aclararon que no contaban con la información de que el militar asesinado estaba siendo amenazado o que haya sido víctima de un intento de homicidio, por lo que nunca se dispuso custodia para el mismo.

En cuanto a los sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, para el comisario Delgado, habrían utilizado un revólver calibre 38 o 357 y sostuvo que el ataque fue ejecutado con alta precisión.

“Tuvieron una buena capacidad de tiro, también estaban confiados porque la capacidad de almacenamiento de balas de un revólver es mucho menor al de una pistola, estaban confiados en usar un revólver”, expresó a radio 1080 AM.

Guillermo Moral es el que había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

Todos los elementos están siendo analizados por el Ministerio Público, que esta mañana realizó allanamientos en la casa de Luis Belotto y en la celda de Tío Rico en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú en busca de alguna pista.

Los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Carrillo Iramain y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez firmaron la denuncia contra el presidente Santiago Peña, patrocinados por los abogados Kattya González y Felino Amarilla.

Los hechos punibles mencionados son: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder. El será presentado ante la Fiscalía, pero los detalles fueron expuestos en conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa realizada hoy, el abogado Ricardo Preda mostró las inconsistencias de la denuncia.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.

LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elementos que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.

“Me parece temeraria decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual una persona fue procesado con posterioridad depor lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado, En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.

“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.

Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.

Nota relacionada: Con montaje de sobres y otros relatos de Abc, algunos opositores denuncian a Peña

COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS

Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.

“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”

En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, fue la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.