Diario HOY | Fijan fecha para juicio de “Tío Rico” y otros procesados por el caso A Ultranza

Para las 8:30 del próximo 7 de julio serán citadas las 18 personas imputadas en el megaoperativo que se desarrolló desde febrero del 2022.

Entre los procesados están Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, su hermano José “pastor” Insfrán, Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano González, José Enrique Gamarra, Juan Carlos Ozorio, Alexis Vidal González y Reina Mercedes Duarte.

Además, los hermanos Fátima Koube Ayala y Alberto Koube Ayala, María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, Joceline Odorico, Marina Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia, María Virginia Araki y Rodrigo Emilio Montalva.

Estos serán juzgados en un juicio unificado por disposición del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.

Los magistrados argumentaron que esta determinación se da con el fin de evitar demoras en el proceso y para asegurar una mayor eficiencia judicial.

Otro de los líderes de esta estructura criminal, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aún sigue prófugo de la justicia, no así su esposa, Gianina García Troche, quien ya está recluida en Paraguay.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Alexander Rodrigo Argüello Alderete, la Unidad Penal n.º 4, junto con funcionarios fiscales acompañados de personal policial.

La clínica funcionaba con el nombre de Santa Isabel y el supuesto médico fue identificado como Justo César Alfonzo Salinas, quien se hacía pasar como gineco obstetra. El hombre ahora es investigado por producción de documentos no auténticos.

Durante la intervención, fueron halladas varias evidencias como sello con nombre y número de registro profesional, talonarios de recetarios con el nombre de la clínica, uniforme de médico con el nombre del supuesto especialista. Asimismo, fueron encontrados instrumentos médicos como estetoscopio, medidor de presión, balanza y caja de instrumentos.

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El recinto allanado contaba con varias habitaciones que se habrían utilizado como sala de internaciones.

La denuncia fue realizada por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Superintendencia de Salud.

La normativa surge como respuesta a los reiterados incidentes registrados en los últimos meses, que comprometieron plataformas digitales oficiales, redes institucionales y sitios web de organismos públicos.

Al respecto el diputado proyectista, Roberto González, advirtió la “urgente necesidad de una respuesta estatal coordinada ante las crecientes amenazas cibernéticas que afectan la soberanía digital, exponen datos sensibles y vulneran servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía”.

La declaración insta a priorizar recursos estratégicos para fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado; crear un comité interdisciplinario con especialistas en ciberdefensa, tecnología y derechos digitales; así como establecer protocolos de respuesta ante ciberataques.

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Además, insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a la adopción de medidas inmediatas, incluyendo la celebración de acuerdos con organismos internacionales especializados.

El documento sostiene que la ciberseguridad se convirtió en un componente clave de la seguridad nacional y del sistema democrático.

Con la declaración se busca sentar bases para una política pública robusta, basada en la prevención, la capacitación funcional, la cooperación técnica y la modernización digital, bajo el principio de que “proteger el espacio digital es también proteger la democracia y los derechos ciudadanos”.

El objetivo de la Aneaes es dar información detallada y actualizada sobre las especialidades médicas evaluadas y obtuvieron la acreditación. Así también, reafirma su compromiso con la mejora continua de la educación superior y hace un llamado a las instituciones universitarias a avanzar con responsabilidad en sus procesos de evaluación y acreditación, en beneficio de los estudiantes, del sistema de salud y de toda la ciudadanía.

Destaca que las 230 especialidades habilitadas son ofrecidas por 20 instituciones a nivel nacional. De estas instituciones, 7 son de gestión pública y 13 privadas. Asimismo, de las 7 instituciones públicas, un Instituto Superior forma parte de este grupo.

Mientras que las especialidades médicas acreditadas, se concentran en 5 universidades, de las cuales 4 son públicas y 1 es privada.

La especialidad médica con mayor cantidad de programas acreditados es Medicina Interna, con 6. Le siguen de cerca Cirugía General y Medicina Familiar, ambas con 5 programas acreditados. Luego Pediatría Clínica con 4 programas acreditados y Ortopedia y Traumatología con 3.

Las especialidades Anestesia, Analgesia y Reanimación, Clínica Gineco-obstétrica, Clínica Pediátrica, y Nefrología Pediátrica, cuentan con 2 programas acreditados. Finalmente, Anestesiología y Reanimación, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar y Comunitaria y Oncología Clínica, tienen un programa acreditado cada una, indica la Aneaes.

En resumen, la oferta de especialidades médicas acreditadas varía significativamente, con una mayor concentración en áreas como Medicina Interna, Cirugía General y Medicina Familiar.

Cabe mencionar que, la Aneaes cuenta con nueve Criterios de Calidad específicos para la evaluación y acreditación de especialidades médicas, los cuales están detallados en los documentos denominados “Criterios de calidad para Especialidades Médicas”, disponible en: https://www.aneaes.gov.py/mecanismo-de-evaluacion-y-acreditacion-de-programas-de-postgrado/