Diario HOY | Fiscal celebra ejemplar condena a hombre que casi mató a su amiga de un mazazo

El ataque ocurrió en Areguá y causó heridas gravísimas a la joven, quien sufrió más de 80 puntos de sutura en la cabeza, fracturas en ambas manos y mandíbula, así como lesiones en los ojos, oído y la rotura del bazo. La víctima estuvo hospitalizada por tres meses debido a la gravedad de sus heridas.

El ataque no terminó en una tragedia gracias a la intervención de un vecino, quien, al escuchar los gritos de auxilio, saltó la muralla, rompió la puerta y forcejeó con Romero hasta lograr sacarlo de la vivienda, salvando la vida de la joven.

El proceso judicial no estuvo exento de obstáculos. La defensa del agresor intentó anular el juicio alegando que era miembro de una comunidad indígena, lo que implicaría procedimientos especiales de acuerdo con la legislación. En un primer juicio, el tribunal aceptó este argumento y anuló el procedimiento, dejando en libertad al acusado.

Sin embargo, la fiscal del caso, Sophia Galeano, apeló la decisión, argumentando que desde la etapa investigativa se contó con la intervención de peritos y asesores especializados en asuntos indígenas. La Cámara de Apelaciones de Central revocó la anulación y ordenó un nuevo juicio.

En este segundo proceso, con todas las garantías previstas en la ley y con la presencia de un perito indígena, el tribunal rechazó nuevamente el intento de nulidad de la defensa y condenó a Romero a 20 años de prisión, con cumplimiento inmediato de la sentencia. Fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Este fallo marca un precedente sobre el uso de carnets indígenas en procesos judiciales. La fiscal Galeano destacó al canal GEN que, si bien la ley prevé sanciones diferenciadas para miembros de pueblos indígenas en ciertos delitos menores, este caso no aplicaba, ya que se trataba de un intento de feminicidio, un hecho punible de extrema gravedad que atenta contra el derecho fundamental a la vida.

MÁS DEL CASO

En enero del 2021, Romero agredió brutalmente a la víctima con un mazo de mortero de 30 cm aproximadamente, quedando la mujer con secuelas físicas y psicológicas hasta la fecha.

En una audiencia preliminar, él se había hecho pasar por indígena, a fin de obtener beneficios amparado en dicha condición, y una vez realizado el juicio oral y público en el año 2024, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Luque, sin embargo, la agente fiscal Sophia Galeano apeló la sentencia.

El Tribunal de Apelaciones de Central anuló el citado fallo, ordenando la nueva realización de un juicio oral y público, que se llevó a cabo nuevamente, en la ciudad de Luque, por otros miembros del Colegiado Judicial, quienes dictaron la condena.

Los senadores Ignacio Iramain y Esperanza Martínez encabezaron la audiencia pública denominada “Sistema de salud paraguayo: ¿Está o no en crisis?”, en la cual convocaron a representantes del área de la salud del país.

Según refirieron los senadores, el objetivo del encuentro fue escuchar a los distintos sectores del sistema de salud, analizar la problemática que atraviesan los establecimientos y buscar solucione.

“Sería importante construir juntos una visión realista de la situación y trabajar en modificar las condiciones”, expresó el senador Ignacio Iramain.

En su intervención, la Dra. Rossana González, secretaria general del Sindicato de Médicos, expuso sobre la situación de los servicios de salud y las condiciones necesarias para un desempeño óptimo en la atención a los pacientes.

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación de Enfermeras, por su parte, destacó la importancia de fortalecer los centros de salud en las cabeceras departamentales y mejorar las condiciones laborales del personal de blanco. Señaló que es esencial contar con equipos adecuados y profesionales capacitados.

El Dr. Sebastián Brítez, director de Terapia Neonatal del Hospital Santísima Trinidad, se refirió a la neonatología como una especialidad relativamente nueva en el país. Indicó que cada año nacen aproximadamente 100.000 niños, de los cuales uno de cada diez es prematuro y requiere cuidados intensivos. Subrayó la escasez de unidades de terapias intensivas pediátricas y la necesidad de contar con personal capacitado para el manejo de equipos y su mantenimiento.

La iniciativa fue presentada por los diputados Carlos Arrechea (ANR-Misiones) y Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones), con el objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

La medida busca también fomentar la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos de estas comunidades.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge en respuesta al Decreto Nº 3420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

Agrega que el costo del peaje representa una carga adicional para cientos de personas que dependen de su movilidad para subsistir. “Esto afecta, directamente, a trabajadores, pequeños productores y estudiantes que transitan constantemente por la ruta”, expresaron los proponentes del proyecto en su exposición de motivos.

Aducen, por otro lado, que el cobro del peaje en este tramo no solo perjudica la economía de los ciudadanos, sino que también obstaculiza la integración social y económica entre ambas comunidades vecinas, cuyos habitantes mantienen vínculos familiares, laborales y comerciales.

Detalles de la propuesta

El proyecto de ley establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

Entre los requisitos figuran la constancia de inscripción en el Registro Cívico Permanente, cédula de identidad, certificado de vida y residencia, así como la licencia de conducir y habilitación vehicular vigente.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de reglamentar la aplicación de la ley, asegurando un proceso ágil y transparente. De ser aprobada, la normativa entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Cerca de las 06:30 hs de este viernes se reportó un hallazgo de cadáver en jurisdicción de la Colonia Gral. Díaz del distrito de Mbaracayú, Alto Paraná.

El cuerpo sin vida fue hallado por un poblador de la zona, quien notó la presencia del mismo cuando iba por una calle vecinal terraplenada, ubicada al costado de una plantación de soja.

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Según el informe policial, el occiso fue hallado con el torso desnudo y en posición de decúbito dorsal, con quemaduras parciales en la piel que hacen suponer que habrían intentado incinerarlo.

Así también, los intervinientes pudieron observar a simple vista algunas heridas sangrantes a la altura de la cabeza, por lo que no se descarta que haya sufrido algún golpe severo en dicha región.

Dos personas que se desplazaban a bordo de un vehículo habrían abandonado el cuerpo en horas de la madrugada, conforme a los datos preliminares que se manejan.

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Tras una verificación en el Sistema AFIS, la Policía Nacional logró conocer la identidad del fallecido. Se trata de Freddy Danilo González Benítez (34), quien posee antecedentes por reducción y prohibición de portar armas y consumir bebidas alcohólicas.

Tomaron intervención agentes de la Subcomisaria 22 de la Colonia Gral. Díaz, junto con personal del Departamento de Criminalística y funcionarios del Ministerio Público.