Diario HOY | Fiscalía investiga presunta operación de mano equivocada

El caso está a cargo del fiscal Marcelo Saldívar, quien ya solicitó informes al centro asistencial y ordenó las primeras diligencias.

“El primer paso fue solicitar al hospital un informe detallado sobre quiénes intervinieron en el procedimiento, quién ordenó la cirugía, quién la ejecutó, los anestesiólogos e instrumentistas participantes. Con eso podremos analizar el expediente clínico y determinar ante qué escenario estamos”, explicó Saldívar al canal GEN.

Según el fiscal, existen dos posibles hipótesis en torno al procedimiento realizado. La primera apunta a un error de ejecución, es decir, que los médicos se habrían equivocado de miembro al realizar la operación.

La segunda, según el informe preliminar, sostiene que el médico decidió operar la otra mano tras detectar una patología similar, aunque sin informar previamente a los padres de la menor.

“El informe sugiere que el médico observó una condición parecida en la otra mano y, basándose en su experiencia, decidió intervenir la menos afectada. Pero no consta que haya socializado esa decisión con los padres. Estamos tratando de determinar ante cuál de los dos escenarios estamos”, detalló el fiscal.

Saldívar explicó que, dependiendo de la hipótesis que se confirme, la causa podría encuadrarse en distintos tipos penales, como lesión, lesión grave o tratamiento médico sin consentimiento. “Todo dependerá de qué versión tenga respaldo en los elementos de prueba”, aclaró.

En los próximos días, el Ministerio Público tomará declaración a todo el personal que participó del procedimiento, incluidos los instrumentistas y anestesiólogos, a fin de establecer si existió o no una discusión o advertencia sobre la decisión quirúrgica.

La denuncia fue presentada por María Rauls, madre de la niña afectada y oriunda de Limpio. Según relató, su hija ingresó al Hospital Militar el sábado pasado para extirpar un pequeño quiste en la mano derecha, pero al salir del quirófano tenía vendada la mano izquierda.

La Suprema Corte de Justicia Militar confirmó la apertura de una investigación interna y una auditoría médica, además de la separación del cirujano tratante, el Dr. Fernando Sanabria, mientras se desarrollan las pesquisas.

Tras varios días de reclamo e insistencia, este martes fue anunciado el desembolso a favor de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (AFUMA).

Este gremio de trabajadores de la comuna asuncena venía reclamando el pago de haberes atrasados, situación arrastrada desde el pasado mes de julio.

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Como medida de protesta, los funcionarios decidieron manifestarse de manera pacífica frente a la oficina del intendente Luis Bello, a quien exigieron el cumplimiento de los pagos pendientes.

El jefe comunal decidió salir a dialogar con los manifestantes y, luego de algunas gestiones administrativas, hizo posible el depósito de G. 1.800 millones, lo cual permitirá normalizar los compromisos asumidos.

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Cabe mencionar que existe un monto de aporte que es descontado del salario que perciben mensualmente los funcionarios, razón por la que decidieron ejercer este reclamo.

La ocasión fue aprovechada por Bello para solicitar a los sindicatos que puedan denunciar a los “planilleros” que existen en la municipalidad, con el propósito de tomar cartas en el asunto para sanear la institución.

Durante su exposición, recordó que el país registra por primera vez en casi tres décadas un crecimiento sostenido en la incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social. Señaló que más del ochenta por ciento de los nuevos cotizantes del IPS provienen de acciones impulsadas por el Ministerio y que, entre agosto de 2023 y agosto de 2025, se sumaron más de 103.000 personas a la formalidad, con un incremento interanual del 7,4 por ciento en la cantidad de aportantes.

Explicó que la formalización empresarial también mantiene una tendencia positiva, acompañada de la creación de nuevas unidades productivas y del cumplimiento de obligaciones laborales.

En materia de control e inspección, informó que para el próximo año se prevé una inversión de 5.400 millones de guaraníes con el objetivo de duplicar la cantidad de fiscalizaciones, incorporar 24 nuevos inspectores laborales, fortalecer el uso de tecnología en los procedimientos y reducir en un 15 por ciento el nivel de incumplimiento patronal. Agregó que las metas establecidas incluyen también la regularización de más trabajadores y la disminución de accidentes laborales mediante mejores condiciones de seguridad y equipamientos adecuados para las intervenciones.

Al referirse a la intermediación laboral, mencionó que el portal del empleo alcanzó más de 19.000 conexiones efectivas entre buscadores y empresas en lo que va del año, con una tasa de inserción del 73 por ciento. Señaló que el presupuesto 2026 contempla una inversión de 3.000 millones de guaraníes para aumentar en un 15 por ciento las intermediaciones laborales, ampliar la cantidad de empresas oferentes y vacancias disponibles, y fortalecer los servicios de orientación para personas en búsqueda activa de empleo.

Sobre las políticas dirigidas a jóvenes, destacó el programa EmpleaPy Joven, que subsidia los aportes a la seguridad social de trabajadores de entre 18 y 29 años a fin de incentivar su contratación en micro, pequeñas y medianas empresas. Recordó que el programa se puso en marcha en julio y ya cuenta con más de 2.000 jóvenes inscritos y alrededor de 100 empresas adheridas. Para el próximo año se proyecta una inversión de 20.000 millones de guaraníes que permitirá alcanzar 25.000 intermediaciones laborales, generar 7.500 inserciones efectivas, sumar más empresas participantes y ofrecer cerca de 8.000 vacancias específicas para este sector.

Recalde concluyó que el presupuesto del Ministerio de Trabajo representa una inversión directa en empleo formal, productividad, juventud, formación técnica y protección social, con resultados comprobables y metas claras para el próximo año.

A través de su cuenta en X, el abogado Irrazábal sostuvo que, a su criterio, el caso (ser omiten nombres para resguardar identidad de la menor) debió resolverse en el fuero de Niñez y Adolescencia, mediante una limitación en el contacto entre padre e hija, y no en el ámbito penal. “El tipo penal del art. 135a CP es verdaderamente un desastre, entre una mala traducción del alemán al español, más el ‘toqueteo’ de legisladores que no comprenden la ley penal”, expresó.

El jurista explicó que el error clave está en la segunda parte del inciso 1 del artículo, donde se menciona que serán castigadas las conductas “frente a y dirigidas a él”. Según el texto alemán original, esa expresión debía referirse a actos “realizados en sí mismo (en el niño)”, no simplemente “frente a”. La confusión de las preposiciones —“von” traducido erróneamente como “vor”— altera el sentido del tipo penal, generando ambigüedad sobre qué conductas son punibles.

“Este error es muy relevante para castigar o no la conducta. No se configuran conjuntamente los dos presupuestos objetivos del tipo”, explicó Irrazábal.

Además, señaló que faltaría el elemento del dolo directo, es decir, la intención consciente de cometer el delito. Si se confirma que el supuesto autor estaba bajo efectos del alcohol y que el acto fue de autosatisfacción sin dirigirse a la menor —quien habría estado dormida—, podría tratarse de un error sobre una situación de hecho, lo que excluiría el dolo y, por tanto, la punibilidad.

“Si falta un elemento del tipo penal, no es posible castigar”, afirmó, y citó en ese sentido los artículos 18 y 23 del Código Penal que regulan el error de hecho y la perturbación de la conciencia.

El abogado subrayó que el bien jurídico protegido por la norma penal no es la moral ni el pudor, sino otros valores más específicos vinculados a la indemnidad sexual de los niños, tal como lo establece la exposición de motivos del Código Penal de 1997.

Irrazábal advirtió que la deficiente técnica legislativa puede derivar en graves consecuencias jurídicas, especialmente en delitos sensibles. “Tenemos graves efectos de una mala traducción y del toqueteo de la ley por personas que no entienden su funcionamiento. Eso puede costar justicia real”, dijo.