Diario HOY | Fiscalía pide que se destrabe chicana presentada por Prieto y sanción a sus abogados

Los agentes fiscales anticorrupción, Silvio Corbeta, María Verónica Valdéz y Yeimy Adle Mónges, solicitaron a los ministros de la Sala Penal de la Corte destrabar la causa contra el intendente de Ciudad del Este y continuar con la etapa procesal.

En ese sentido, solicitan que se declare inadmisible el recurso de apelación presentado por los abogados de Miguel Prieto y y resolver la recusación contra el juez penal especializado, Humberto Otazú.

La solicitud de los fiscales se sustenta en que la ley procesal establece los requisitos para la admisibilidad del recurso, tales como la presentación en escrito debidamente fundado ante el mismo juez que dictó la resolución y dentro del plazo, teniendo en cuenta que la resolución puede ser objeto de recurso.

La Fiscalía solicitó, además, a la Corte, que se aplique una sanción disciplinaria contra los abogados defensores, Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, por el ejercicio abusivo del derecho. 

La Fiscalía investiga la supuesta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la comuna esteña.

La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid 19.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, manifestó que efectivamente existe una deuda con los transportistas en relación al subsidio. Sin embargo, el pago pendiente es del mes de abril únicamente, por el cual existe un compromiso para la siguiente semana.

Sobre la amenaza de paro, el viceministro señaló que “medidas de esta naturaleza generan perjuicios para la ciudadanía”, por lo que apeló al diálogo entre todos los sectores.

“Hay un inconveniente, lo estamos abordando y lo vamos a solucionar”, añadió Fernández. Asimismo, dijo que la deuda es de 3.8 millones de dólares y no de 9 millones, según indicó César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam.

Asimismo, indicó que le llama la atención el tenor del reclamo, ya que en el gobierno anterior se llegó a tener incluso atrasos de hasta 5 meses y no se daban amenazas de paro de los buses.

“Es genuino reclamar lo que corresponde y eso es lo que se tenía que haber hecho. No hay una justificación potente para la conferencia de prensa de ayer. Siempre se está pagando lo que corresponde, hoy tenemos un percance y se va a solucionar”, subrayó Fernández.

El diputado Jatar Fernández presentó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 65 de la Ley N° 1160/97, Código Penal Paraguayo», con el objetivo de imponer penas más severas a los delincuentes reincidentes que utilicen la violencia en sus actos criminales.

Esta modificación busca agregar un inciso 4° al artículo 65 “Bases de la Medición” del Código Penal, manteniendo intactos los criterios actuales de medición de penas pero añadiendo esta disposición especial para casos de reincidencia violenta.

En su exposición de motivos, el legislador argumentó que las sanciones penales tradicionales han demostrado ser insuficientes para la rehabilitación de ciertos delincuentes reincidentes violentos.

“La persona que ya posee dos condenas previas firmes y ejecutoriadas, se encuentra en una situación que tiene como forma de vida al crimen y el delito con violencia”, sostiene el diputado Fernández en el documento.

El congresista fundamenta su propuesta en el derecho constitucional de la sociedad a ser protegida por el Estado, particularmente, cuando los mecanismos de reinserción social han fallado repetidamente.

Citó estudios internacionales que, según indica, demuestran que “la criminalidad ha disminuido por reducir la reiteración de hechos punibles con violencia al mantener delincuentes reincidentes fuera de las calles por largo tiempo”.

El proyectista reconoce, por otro lado, que el objetivo primario del derecho penal es la reinserción del individuo en la sociedad, pero plantea que cuando este propósito falla repetidamente, debe prevalecer la protección de la comunidad.

Por último, añadió que el proyecto está diseñado para ser implementado de forma inmediata en los juzgados penales del país una vez aprobado. “La modificación no altera la estructura general del artículo 65 del Código Penal, sino que añade una disposición específica para casos de triple reincidencia violenta”, advirtió.

Centurión explicó que los trabajos iniciales consisten en la diagramación de todas las manzanas, avenidas y calles de la nueva comunidad. También se incluyen en esta primera etapa la instalación de la red de drenaje pluvial, el saneamiento y el sistema de provisión de agua potable.

Además, indicó que toda esta infraestructura es requerida para garantizar una mejor calidad de vida para las 2.500 familias que habitarán el nuevo barrio. “Se construirá en un terreno de más de 60 hectáreas que está ubicado a un nivel de cota que evita inundaciones, dejando atrás ese éxodo que sufrían tantos compatriotas cada vez que el río subía”, señaló.

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PROYECTO INTEGRAL PARA LA CAPITAL

La capital no solo sumará más de 2.000 viviendas dignas en la Costanera Sur, pues también está prevista en esa zona la construcción del Gran Hospital de Asunción, cuyas ofertas se recibirán el próximo 26 de junio. Al respecto, la titular del MOPC destacó que “Asunción se va transformando y va generando no solamente viviendas dignas, también proyectos de salud, escuelas, comisarías, y todo un entorno para que nuestros compatriotas dejen de sufrir estos cambios que hacían todos los años por culpa de las inundaciones”.

FUERZA FEMENINA

Las labores para la construcción del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú están siendo lideradas por la fuerza femenina. En ese sentido, la ministra destacó que “hay tantas mujeres que están poniendo todo su talento, todo su corazón, para que el Bañado Sur tenga una solución definitiva y estas 2.500 familias tengan cumplido el sueño de la casa propia”.