Diario HOY | Fusión Atlas-Familiar queda en stand by: Justicia aprueba medida cautelar

El Banco Central del Paraguay, que debe decidir si aprueba la fusión Atlas-Familiar, recibió la orden de no pronunciarse al respecto, según resolvió el Juzgado de Primera Instancia en los Civil y Comercial del Tercer Turno, a cargo del magistrado Juan Francisco Blanco Bogado.

La medida estará vigente hasta constatar, a través de pericias técnicas, que el software ITGF está siendo utilizado únicamente para aquello que se licenció, y no como fuente de creación, fabricación, implementación, validación o rescate de un nuevo core bancario.

La fusión de estas dos entidades financieras involucra la puesta en funcionamiento de ese nuevo core bancario y se mantendrá en suspenso hasta que se compruebe que no afecta derechos de propiedad intelectual de Itti en su calidad de autor y licenciante del software.

La resolución también resuelve aceptar, en carácter de contracautela, el aval bancario emitido por Ueno Bank SA, por 330.000 dólares, que responderá por la eventualidad de posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de las medidas cautelares decretadas.

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LO QUE DICE ATLAS

Ante la medida cautelar solicitada por ITTI SAECA, Banco Atlas y Banco Familiar manifiestan que esta medida no afecta de ninguna manera el funcionamiento de las dos entidades, que siguen operando con absoluta normalidad, excelentes niveles de desempeño financiero y alcanzando en este año resultados económicos récord para ambas instituciones.

Dicha medida, que tomó estado público, se basa en hechos que no se ajustan a la verdad. Ambas instituciones dejan constancia de que ejercerán con firmeza todos los derechos que les corresponden dentro del marco legal vigente, para avanzar hacia su fusión por consolidación.

Tanto Banco Atlas como Banco Familiar reafirman que cumplen estrictamente con todas las normas y leyes, incluidas las relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, el Banco Atlas actúa en cumplimiento íntegro de los términos establecidos en el contrato de licencia de software firmado con ITTI CONSULTORES

Es importante señalar que el caso se encuentra actualmente en un proceso de arbitraje, que constituye el ámbito formal y legítimo para resolver cualquier diferencia contractual entre las partes.

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El agente fiscal Luis Fernando Escobar encabezó en la mañana de este viernes un allanamiento en la celda de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, recluido en la Penitenciaría de Minga Guazú, donde se incautaron diversas evidencias.

La diligencia se realizó en el marco de la investigación por el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido ayer en Asunción.

Escobar, fiscal de turno en Ciudad del Este, actuó como coadyuvante del equipo conformado por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Hermenegilda Cubilla, quienes llevan adelante la causa. El procedimiento contó además con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional.

La orden judicial fue firmada por el juez penal de garantías de Asunción, Francisco Acevedo, autorizando la búsqueda e incautación de indicios vinculados al hecho punible. El mandamiento habilitaba el ingreso a la celda de Insfrán, la apertura de recintos cerrados, el uso de cerrajeros en caso de necesidad y la utilización de la fuerza pública, incluso en horario nocturno, siempre conforme a derecho.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron un cargador universal compatible con una rasuradora eléctrica, un ejemplar del Código Penal con anotaciones de números telefónicos de autoridades, un estuche transparente para celular y dos billetes de 50 mil guaraníes encontrados en el bolsillo del pantalón del recluso.

Guillermo Moral fue quien había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

El Crio. David Delgado, subjefe del departamento de Homicidio de la Policía, señaló que la camioneta del teniente coronel Morel recibió tres impactos de bala, pero solo uno impactó contra él y acabó con su vida.

Según destacó, el militar ya fue víctima de un intento de sicariato hace un año, pero aún no se puede precisar si guardan relación.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa aclararon que no contaban con la información de que el militar asesinado estaba siendo amenazado o que haya sido víctima de un intento de homicidio, por lo que nunca se dispuso custodia para el mismo.

En cuanto a los sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, para el comisario Delgado, habrían utilizado un revólver calibre 38 o 357 y sostuvo que el ataque fue ejecutado con alta precisión.

“Tuvieron una buena capacidad de tiro, también estaban confiados porque la capacidad de almacenamiento de balas de un revólver es mucho menor al de una pistola, estaban confiados en usar un revólver”, expresó a radio 1080 AM.

Guillermo Moral es el que había denunciado al coronel Luis María Belotto y a su esposa Ada Lidia Ale, por ofrecerle G. 10 millones a cambio de introducir un teléfono celular en forma clandestina a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado por el caso A Ultranza PY y recluido en ese momento en la cárcel de Viñas Cue.

Incluso, la víctima fue testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Belotto y su esposa, ambos ahora condenados por la causa.

Todos los elementos están siendo analizados por el Ministerio Público, que esta mañana realizó allanamientos en la casa de Luis Belotto y en la celda de Tío Rico en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú en busca de alguna pista.

Los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Carrillo Iramain y Rubén Velázquez, así como los diputados Johana Ortega, Billy Vaesken, y Raúl Benítez firmaron la denuncia contra el presidente Santiago Peña, patrocinados por los abogados Kattya González y Felino Amarilla.

Los hechos punibles mencionados son: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder. El será presentado ante la Fiscalía, pero los detalles fueron expuestos en conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa realizada hoy, el abogado Ricardo Preda mostró las inconsistencias de la denuncia.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: el acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente no ejercía ninguna función pública. Los únicos hechos corroborados son el aumento del patrimonio y que, en ese lapso, Peña no estaba en la función pública. De estos dos hechos, explicó, no se puede inferir la comisión de ningún hecho punible, pues, el crecimiento patrimonial, como tal, carece de relevancia penal alguna.

LAVADO DE DINERO: el presidente Peña tenía acciones minoritarias (menos del 2 %) en una sociedad que, en el 2020 adquirió otra sociedad, en la cual, algunos accionistas fueron imputados cuatro años más tarde, por lavado de dinero. Esto no aporta ningún elementos que involucre a Peña ni a los demás miembros ni empresas, en dicho hecho punible.

“Me parece temeraria decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser accionista muy pequeño de una sociedad que adquiere otra en la cual una persona fue procesado con posterioridad depor lavado de activos“, afirmó y dijo que Peña ni hizo negocios con Pasfin ni con el imputado Carlos Oleñik.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS: se habla de tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en Ueno Holding que es una empresa donde el presidente tenía acciones (ya nos las tiene). La empresa ueno holding, a su vez, forma parte del grupo económico Vázquez, que, a su vez, tiene participación en varias empresas que ganaron licitaciones con el estado, En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones y el presidente no tiene poder de decisión Santiago Peña, indicó Preda.

“Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo, peor aún, si ni siquiera tienen relevancia penal. Y más, cuando quien supone, no se da cuenta de que no tiene ninguna relevancia penal”, expresó Preda.

Respecto a la afirmación del abogado patrocinante de la denuncia, Felino Amarilla, quien dijo que la carga de la prueba se invierte cuando uno es funcionario público, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia y no la Fiscalía demostrar su culpabilidad, Preda explicó que no existe tal inversión.

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COMPRA DE VEHÍCULO DE PROVEEDOR DE PUPITRES CHINOS

Respecto a la afirmación de que Santiago Peña se paseó en un vehículo que pertenecía a alguien que, posteriormente fue adjudicado para la provisión de pupitres escolares, el abogado informó que la denuncia tiene una falsedad ideológica, es decir, una mentira, porque dice que él adquirió una camioneta de un proveedor del estado, cuando era presidente electo. Y en realidad, la firma donde él es accionista, que es una EAS, adquirió una camioneta de una firma, donde, según la denuncia, uno de los accionistas, es a su vez un proveedor actual del gobierno.

“La compra se hizo en diciembre del 2022, cuando ni siquiera había habido una interna, por lo tanto, él no era un presidente electo, tampoco era proveedora de esa firma”

En cuanto a la adjudicación, Preda expuso que los datos objetivos son: no fue el Gobierno, fue la Itaipú Binacional, una entidad que se rige por una disposición de derecho internacional, donde actúan integrantes de un consejo con representantes de ambos países, por lo tanto, Peña no forma parte del ámbito de decisión de quién se le adjudica la provisión.