Diario HOY | Gobierno rechaza crear nuevos impuestos o subir los actuales

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Oscar Orué, afirmó que el Gobierno no impulsará ni respaldará la creación de nuevos impuestos, luego de que en redes sociales se hicieran eco de una propuesta formulada por militares retirados en el marco del debate sobre la sostenibilidad de la Caja Fiscal.

“Ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado. El Gobierno de Santiago Peña ya se expidió: no va a acompañar la suba de impuestos ni la creación de nuevos tributos”, afirmó categóricamente el titular de la DNIT.

La declaración surge luego de que se difundiera un documento elaborado por un grupo de militares retirados, quienes, como parte de una propuesta para reformar integralmente la Caja Fiscal, sugieren la implementación de nuevos impuestos, como: Impuesto a las Transacciones Financieras Específicas (ITF), Impuesto a las Ganancias de Capital (IGC), Impuesto a Grandes Patrimonios (IGP) e Impuesto al Consumo de Bienes de Lujo (ICBL).

Varios medios, entre ellos ABC Color y Última Hora, reprodujeron el contenido del libro y sus infografías fueron compartidas en redes sociales, donde generaron la percepción de que se había presentado un proyecto de ley formal, lo cual fue desmentido por la DNIT.

“No hay de qué preocuparse”, insistió el director del ente tributario, al tiempo de remarcar que cualquier eventual modificación impositiva debe pasar por el filtro político del Ejecutivo, que ya manifestó su posición.

La decisión fue adoptada por la jueza Celeste Jara, de la segunda sala del Tribunal de Cuentas, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la firma Bypar S.A. Esta misma empresa ya había presentado una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Esta empresa nunca se presentó en ninguna etapa del proceso: no participó de la verificación de precios, no trajo una sola máquina para mostrar, no es fabricante, no tiene experiencia ni capacidad económica demostrada, pero igual aparece ahora con una acción que sólo busca entorpecer”, reclamó Carlos María Ljubetic en charla con el canal GEN.

Según explicó, uno de los puntos cuestionados por Bypar es la exigencia de 10 años de experiencia en provisión de máquinas de votación, condición que no cumple la firma, pues declara tener solo cinco. “Cinco años es poco. Si una empresa hace una elección en cinco años, eso no da garantía de solidez ni de trayectoria”, sostuvo el director del TSJE.

Ljubetic remarcó que las tres empresas que compiten actualmente sí reúnen los requisitos exigidos en el pliego, incluyendo trayectoria, solvencia y experiencia real en procesos electorales: Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex, Excelsis y Smartmatic. Consorcio Comitia-MSA, conformado por Comitia (Paraguay) y MSA (Argentina). Miru Systems, empresa de origen coreano.

“Estamos en plena etapa de revisión documental. Si cumplen, procederemos a la evaluación técnica de las máquinas, donde se prueba desde duración de batería, resistencia al calor, peso, hasta precisión del conteo. Solo después se abre el sobre económico”, explicó Ljubetic.

El funcionario también alertó sobre las consecuencias presupuestarias que puede acarrear esta suspensión. “Tenemos previsto recibir este año 5.000 máquinas, y el pago está en el presupuesto 2024. Si no se concreta este año, no podremos pagar, y eso implicaría reajustar el presupuesto para los próximos tres años, siempre y cuando Hacienda lo apruebe. Es un perjuicio operativo, financiero y logístico”, advirtió.

“Esto nos puede llevar a un incumplimiento. Es el clásico caso del perro del hortelano: no come ni deja comer”, remató.

Ljubetic recordó que la DNCP ya desestimó las pretensiones de Bypar, pero con esta nueva cautelar, el proceso vuelve a quedar en pausa. “Es llamativo que alguien que no cumple ni un solo requisito, ni siquiera mostró una máquina, logre frenar todo un proceso nacional tan delicado como la preparación de unas elecciones”, sentenció.

Durante el control para el ingreso al recinto penitenciario, un uniformado fue descubierto con un paquete sospechoso oculto entre sus ropas.

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El agente debía ingresar para cumplir su guardia durante la madrugada y al pasar por el segundo filtro del penal de Tacumbú, detectaron la droga.

“Los controles se constató que tenía consigo sustancias estupefacientes que al realizarse los estudios, se constató que era marihuana”, expresó el comisario Alberto Morínigo, de la comisaría 4° de Asunción.

El paquete contenía más de 440 gramos de marihuana y hasta el momento se desconoce para quién estaba destinado.

El jefe policial destacó que el control realizan sí o sí a cualquier persona que ingresa al penal, ya sea policía o guardiacárcel.

El segundo y último punto del orden del día de la sesión extraordinaria también fue aprobado por la Cámara Baja: el acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de Asunción. Fue por 72 votos a favor y dos en blanco, después de una hora de debate.

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Rocío Vallejo, Johana Ortega, Raúl Benítez, Alejandra Zena y otros legisladores de la oposición despotricaron contra la administración de Óscar Rodríguez.

Por su parte, referentes del oficialismo comunicaron con anticipación que acompañarían la intervención, aclarando que no se trata de una condena, sino de una importunidad para que la administración dé su versión y la demuestre.

La comisión especial que tuvo a su cargo evaluar los méritos para aconsejar la intervención emitió un solo dictamen y fue por la aprobación.

En tanto, la comisión especial que evaluó los indicios de la administración esteña emitió dictamen en mayoría por la aprobación y en minoría por el rechazo. La intervención fue aprobada en el primer punto del orden del día de esta misma sesión extraordinaria por 44 votos a favor y cuatro en blanco.

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