Diario HOY | Guardiacárceles inician huelga de hambre por reajuste salarial: la respuesta del ministro

Frente al edificio del Ministerio de Justicia, en Asunción, diez guardiacárceles iniciaron una huelga de hambre como medida extrema de protesta. Los funcionarios exigen el cumplimiento de un acuerdo para la recategorización salarial, que según denuncian fue incumplido.

Eduardo Estigarribia Gómez, con 20 años de antigüedad en la institución y padre de seis hijos, relató al canal GEN que percibe un salario de G. 2.520.000, monto que considera insuficiente para sostener a su familia. “Ni siquiera llego al sueldo mínimo. En mis ratos libres trabajo de vendedor ambulante para solventar los gastos de la casa. Es una vergüenza. Nosotros no vamos a mendigar nada. Queremos nuestra plata y que respeten nuestra dignidad humana”, expresó.

Los manifestantes sostienen que el compromiso inicial contemplaba aumentos de entre G. 1.200.000 y G. 1.500.000, conforme a la antigüedad y la formación académica, pero que finalmente se redujo a G. 840.000.

En entrevista con el canal GEN, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que ya se lograron avances históricos en materia salarial dentro de la institución. Explicó que los nuevos agentes penitenciarios egresados de programas de capacitación en Paraguarí ingresan con salarios base de G. 3.800.000, cifra superior a la que perciben los funcionarios antiguos.

Sobre el reclamo actual, Nicora afirmó que el 95% de los sindicatos —12 de 13— aceptó el aumento de G. 900.000, y que el conflicto persiste únicamente con un grupo minoritario. “Se generó la información de que podría ser un aumento de hasta G. 1.500.000, pero eso fue un ‘hasta’, no un monto fijo. Hoy tenemos el compromiso de Hacienda de cubrir un incremento de G. 900.000, además de incluir por primera vez un seguro de vida desde el próximo ejercicio fiscal”, precisó.

El ministro recalcó que existe una limitación presupuestaria y que los ajustes deben respetar la ley de responsabilidad fiscal, que permite un máximo de 20% de incremento. “No puedo sentarme a exigir más de lo que la ley me permite. Pero sí hemos conseguido avances concretos que no se daban desde hace más de 15 años”, afirmó.

Actualmente, el sistema penitenciario paraguayo cuenta con unos 2.100 agentes penitenciarios. De ese total, 320 ya ingresaron con el nuevo salario base superior a G. 3 millones, y otro grupo de 130 se encuentra en etapa de formación en el Comando de Artillería de Paraguarí.

Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, intendenta de Valenzuela, fue imputada por la fiscal Betti Brítez, por un perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad.

Según la imputación, la jefa comunal usó aproximadamente G. 300 millones para pagos realizados con recursos del Fonacide por obras de construcción que presuntamente no se habrían ejecutado. Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.

En uno de los casos, el 11 de febrero de 2022, la municipalidad de Valenzuela, representada por Fernández Yegros, formalizó mediante Contratación Directa n.° 02/21 un acuerdo con la firma La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas.

El contrato indicaba que la obra de empedrado estaba incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID n.° 405.685, correspondiente a la ubicación “Compañía Juan Cancio Flecha, acceso a la Escuela Básica n.° 2246 Santa Catalina”.

Sin embargo, al verificar los registros de la DNCP, la Fiscalía constató que dicha obra ya había sido ejecutada entre los años 2012 y 2013, lo que indica que la empresa constructora habría cooperado con la intendenta para generar un perjuicio patrimonial de G. 174.931.000 y falsificar información remitida a las instituciones de control.

En otro caso, la municipalidad autorizó la adquisición de carga de ripios para caminos vecinales de la compañía Cerro Corá Cañada, por un valor de G. 124.300.000. La Fiscalía tiene sospechas de que la obra no se habría ejecutado y que se pagó utilizando información correspondiente a otra obra distinta a la adjudicada.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal antidrogas de Curuguaty, Juan Benegas.

Durante el allanamiento se consiguió la incautación de un 1 rifle, calibre .22 largo.

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Los agentes antidrogas de la Senad intervinientes destruyeron cinco parcelas, totalizando 15 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha. Por otro lado, se destruyeron 3 parcelas, totalizando cinco hectáreas de supuesta marihuana en etapa de crecimiento.

De la misma forma, los antidrogas, en el operativo llevado a cabo durante la mañana de ayer lunes, procedieron a la destrucción de cinco campamentos precarios y la incautación de 210 kilogramos de supuesta marihuana picada, distribuidos en siete bolsas.

En la sesión extraordinaria de este martes, luego de un largo debate, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley Relativa al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

“Se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones, todas las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector transporte están garantizadas, no hay ningún vacío legal, no hay ningún punto que se pueda reclamar respecto a eso, el Código Laboral cumple todas las condiciones”, explicó el senador Natalio Chase, al término de la extraordinaria.

Respecto al plazo, consideró que la reforma puede hacerse no solamente en cuatro años, sino también en menos tiempo. Durante el primer año se prevé una inversión inicial de USD 150 millones.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar se refirió a la preocupación de los choferes de perder sus empleos. Al respecto, aclaró que la figura del fideicomiso no reemplaza a las empresas, sino al papel del Estado en la provisión de recursos, por lo tanto, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras de servicios.

En cuanto al derecho a realizar huelga, la legisladora ratificó que los trabajadores conservan este derecho y que la declaración de servicio imprescindible hace responsable al empresario, no al chofer.

Algunos de los ejes del proyecto son:

Romper el monopolio de los proveedores: separar por un lado la provisión de la flota y trabajar con los operadores actuales en dar el servicio de buses.

Integración tarifaria: que trasladarse sea más eficiente y más barato.

Tecnología: una de las bases es la incorporación de centros de monitoreo, a fin de tener información en tiempo real.

Incentivos al sector femenino: que más mujeres se sumen a operar los buses y entregar el servicio a la ciudadanía.