Diario HOY | Habla uno de los sospechosos por el feminicidio de Deysi: “Yo no estaba”

Fernando Montanía (21) decidió conversar con la prensa luego de su detención, ordenada a raíz de su supuesta participación en el crimen de su novia, Deysi Tamara Belén Bareiro Torales (25).

“Yo no estaba en el hecho”, aseguró el joven, alegando haberse encontrado en el negocio de su madre cuando se produjo el asesinato de su pareja en el barrio San Carlos de Ñemby.

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Montanía confirmó que estuvo compartiendo una ronda de tragos junto al otro sospechoso, Rolando Javier Martínez Molina (32), horas antes del feminicidio. En medio del encuentro, este último lo habría dejado solo para, supuestamente, ir a la casa de la víctima.

Respecto al supuesto romance gay con Martínez, mencionado en entrevistas por la madre de la joven fallecida, Montanía negó dicha versión y desmeritó las expresiones de la mujer. “Ijapu ha’e”.

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Martínez y Montanía trabajaban juntos como ayudantes de albañilería y se habían conocido hace apenas 8 días, de acuerdo a su relato a los medios.

Finalmente, el detenido admitió ser consumidor de drogas, al igual que el otro sospechoso. También apuntó contra su expareja por caer en el vicio de los estupefacientes.

El encuentro contará con la presencia de ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, senadores, jueces, fiscales, miembros de las fuerzas públicas y reconocidos especialistas nacionales e internacionales.

Participarán expositores de Panamá, España, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Colombia, quienes compartirán experiencias, estrategias y conocimientos sobre los desafíos actuales en seguridad y ciberseguridad.

La jornada estará estructurada en paneles temáticos que explorarán:

• La seguridad pública como política de Estado.
• Estrategias y herramientas para la prevención del cibercrimen.
• La cooperación internacional en la lucha contra las amenazas cibernéticas.
• Innovaciones tecnológicas y su impacto en la seguridad ciudadana.

Con acceso libre y gratuito y plazas limitadas, el evento se presenta como una oportunidad única para autoridades, profesionales, académicos y público interesado en fortalecer capacidades y promover alianzas estratégicas frente a las crecientes amenazas del mundo digital y físico.

Se trata del suboficial Efrén Mendoza, perteneciente a la Comisaría 1ra, cuyas huellas fueron halladas en el despacho del interventor de Ciudad del Este.

Cabe mencionar que las puertas del despacho habían sido forzadas, por lo que se presume que el personal policial es uno de los involucrados.

Asimismo, en el marco del ataque al despacho, se detectaron equipos de escucha, utilizados aparentemente como espionaje. Este hecho es atribuido al grupo de Miguel Prieto.

En las últimas horas se filtraron audios de conversaciones del interventor Ramón Ramírez, quien denunció la instalación de equipos de escucha dentro de su despacho y, además de admitir que es su voz, calificó el acto de delincuencial, criminal y hasta mafioso.

El fiscal Rodrigo Espínola confirmó a Universo 970 AM que este lunes formuló imputación por feminicidio en grado de tentativa contra Carlos Adolfo Ramírez, de 27 años.

Este joven es acusado de haber tratado de acabar con la vida de su pareja sentimental, Elizandra Arce Aguirre, de 28 años, tras una discusión en su vivienda ubicada en Pedro Juan Caballero.

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El incidente ocurrió cuando ambos tuvieron una confrontación verbal, la cual acabó con Ramírez arrojando un líquido inflamable a Arce para después dejarla en llamas.

“El hecho de que le prenda fuego ya da la pauta de que no fue un simple intento de homicidio, sino que hay un condimento más”, afirmó el representante de la Fiscalía.

La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, quedando con 45% del cuerpo afectado, según informaron los médicos. En estos momentos, permanece internada en grave estado en el CENQUER de Asunción.

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Tras la imputación, el Ministerio Público solicitó al juzgado la aplicación de la prisión preventiva en contra del presunto autor, quien en estos momentos permanece detenido.

Ramírez se expone a una pena privativa de libertad de 18 años, teniendo en cuenta el hecho punible del que es acusado.