Diario HOY | Incendio consume casilla donde vendían combustible de contrabando en Encarnación

En la noche de este domingo fue reportado un incendio en un puesto precario situado al costado de la Ruta PY06, a la altura del Km 7 de Encarnación.

Resultó afectada por el siniestro una casilla de madera donde se comercializaba combustible que, según los datos que se manejan, sería ingresado de contrabando al país.

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El fuego acabó reduciendo a cenizas el pequeño local, sin que los bomberos voluntarios pudieran hacer nada para poder evitarlo. Por fortuna, no había ninguna persona presente al momento del hecho.

El propietario del puesto, Vicente Villalba, en entrevista con el canal GEN descartó que un cortocircuito haya sido el causante, además de confirmar que dentro del lugar había dejado pocos bidones de combustible.

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Para el afectado, se trató de un siniestro provocado de manera intencional. Según la versión de algunos vecinos, personas que se desplazaban en un automóvil le habrían prendido fuego a la casilla.

Dentro del puesto siniestrado también había algunos electrodomésticos, como un freezer y una heladera, además de un aire acondicionado y una motocicleta, que corrieron con la misma suerte.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado paraguayo presenta una querella contra el abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir en el rostro a una fiscalizadora del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Walter Acosta

“No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Señaló que como Estado recurrirán a todas las instancias con el peso de la ley para sellar un precedente y que una situación como esa no vuelva a ocurrir con ninguna mujer.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron que están brindando asistencia a la funcionaria afectada.

Este lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación por presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal.

El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de artimañas.

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En estos procedimientos se logró la detención de Roberto Olmedo, sindicado como cabecilla principal, su hijo Ángel Olmedo y una tercera persona de nombre José Zarza.

Uno de los lugares allanados es el local denominado “Planeta Comercial”, dedicado a la copia de llaves pero que, en realidad, sería parte de la fachada de este esquema ilícito.

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Según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas -ya sea mecánicos o judiciales- y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa.

Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarlos a nuevas personas.

Bajo las líneas correspondientes, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, canalizó y provisión al penal los insumos peticionados por la dirección del penal, según se avala en constancias:

Candados: Provisión de estos dispositivos de seguridad, fundamentales para el resguardo de las celdas y áreas restringidas.

Equipamiento de armería: Dotación de pistolas semiautomáticas 9 mm y escopetas con balines de goma, elementos cruciales para la seguridad del penal.

Extintores: Suministro de equipos de prevención contra incendios.

De esta manera, el Ministerio garantiza que cada establecimiento cuente con los insumos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las personas privadas de libertad (PPL) como la de los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, la cartera estatal insta a recurrir a fuentes oficiales para obtener información verificada y evitar la difusión de datos erróneos que puedan generar confusión.

Por su parte, el equipo interventor continuará con su labor de fiscalización y control, garantizando que las condiciones dentro del penal sean óptimas y que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.