Diario HOY | Inicia la intervención de CDE: “No venimos a hacer una cacería de brujas”

“Vamos a hacer un trabajo basado en pruebas, en documentos, un trabajo serio y técnico y vamos a comunicar a la ciudadanía cómo vamos avanzando, vamos a establecer un periodo de ir dotando de la información y de cómo van avanzando”, anunció el interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez.

Recalcó que la transparencia es fundamental, además del sustento físico de todo lo que se vaya encontrando. Pidió la confianza de la ciudadanía y anunció que informará de todo lo que suceda.

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“No venimos a hacer una cacería de brujas, conformamos un equipo serio, profesional, en donde está en juego no solo mi prestigio , sino también de todo el equipo que me acompaña”, indicó, en un contacto con Telefuturo.

El interventor prometió pruebas irrebatibles y advirtió que, quien desee discutirlo, deberá traer la carga de la prueba.

Por su parte, Carlos Pereira, interventor de Asunción, habló en el mismo sentido y expresó su compromiso al respecto, además de anunció que trabajará en dos frentes, por un lado, la verificación como tal, y por el otro, la administración de la Intendencia en lo que dure la intervención.

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Cirilo Guillermo Sosa Flores juró como como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de Turquía.

En tanto, Darío Filártiga Ruíz Díaz asumió como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de China (Taiwán).

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La ceremonia de juramento se desarrolló en el Palacio de Gobierno con presencia de los representantes de los tres poderes del Estado: el presidente Santiago Peña y el vice Pedro Alliana por el ejecutivo, el senador Basilio Núñez como presidente del Congreso, el diputado Raúl Latorre como vice y el ministro César Diésel como titular presidente de la Corte Suprema de Justicia.

También estuvo el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien participó y firmó el acta como testigo de honor.

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El proyecto de ley que busca establecer una normativa al Sistema Nacional de Pagos en nuestro país, generó posturas a favor y en contra.

Una de las instituciones que se muestra a favor es la Sedeco que destaca la iniciativa como un avance clave en un momento donde los servicios financieros y digitales ocupan un lugar central en la vida económica.

Según refieren, el proyecto promueve la inclusión financiera porque permitirá que todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica o ubicación geográfica, puedan acceder a medios de pago digitales en condiciones justas.

El proyecto también prevé medidas importantes para evitar prácticas abusivas o discriminatorias, lo cual es fundamental para el consumidor, según la Sedeco.

“Es un reconocimiento expreso de que los consumidores deben contar con garantías claras al utilizar tecnologías financieras”, expresan.

La Asoban lamenta que los bancos que integran Bancard sean vistos por el BCP como un problema, teniendo en cuenta que la inversión privada fue clave para alcanzar estándares internacionales de calidad.

Señalan que la incorporación de los incisos e) y q) en el artículo 4 del proyecto de ley, así como su redacción actual, introducen un elevado nivel de incertidumbre jurídica y de imprevisibilidad.

Exigir “separaciones estructurales” entre entidades vinculadas con base en criterios amplios y potencialmente arbitrarios como la “transparencia” o el “interés público”. (inc. e)

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Suspender e incluso dejar sin efecto, las decisiones adoptadas por un administrador y/o proveedor de un servicio y/o sistema y adoptar las medidas que considere oportunas. (inc. q)

Este artículo, sostienen, lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias.

Más grave aún, agregan, vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley, distorsionan las condiciones de libre competencia y, en consecuencia, restringen significativamente la participación y el crecimiento del sector privado.

Advierten que las separaciones estructurales no estaban incluidas en el borrador al que accedieron y solicitan a la Cámara de Diputados, que será la que tratará ahora el proyecto, que les den participación en el debate previo.

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