Diario HOY | Interventor plantea reestructuración y negociación de deudas

“Mi primera resolución fue cambiar a los directores. Necesito rodearme de un equipo que me permita acceder a toda la documentación necesaria”, expresó Pereira durante entrevista con la radio Universo 970 AM.

El interventor reconoció que la deuda acumulada con el municipio es significativa (de USD 400 millones en patentes), pero se mostró comprensivo con los contribuyentes que no reciben a cambio los servicios básicos. “No puedo notificar como moroso a un ciudadano que no tiene ni siquiera una calle en condiciones o al que no le recogieron la basura”, sostuvo.

El interventor aclaró que no se trata de evadir la responsabilidad del cobro, sino de crear un nuevo enfoque que incluya diálogo, facilidades de pago y la mejora real de los servicios públicos.

“Ya hablé con bancos y estoy dispuesto a negociar con cada deudor dentro del marco legal, ofrecer quitas y facilidades, y ceder créditos a las entidades financieras para que se cobre lo que se pueda”, agregó.

La intervención se da tras denuncias por supuestas irregularidades administrativas señaladas por la Contraloría General de la República. Carlos Pereira asumió el cargo con una doble misión: investigar la gestión municipal y sostener los servicios públicos que hoy se encuentran, según sus palabras, “completamente deteriorados”.

“Estoy casi viviendo en la Municipalidad. Mi objetivo es presentar el informe antes de los 60 días que permite la ley. No vine a sustituir al intendente en su rol político, sino a ordenar, investigar y proponer cambios estructurales”, subrayó.

El interventor también anunció la apertura de canales de contacto directo con la ciudadanía, incluyendo un buzón de quejas para identificar prioridades desde la experiencia real de los vecinos. “A veces el bache más chico genera el problema más grande si está en el camino de una madre llevando a su hijo al colegio”, explicó.

El intendente capitalino salió a aclarar lo que consideró como una mala interpretación de los dichos del interventor Carlos Pereira, quien indicó que encontró 60 direcciones en la Municipalidad.

Según Óscar Rodríguez, son dependencias que ya estaban creadas cuando inició mandato, y que incluso eran más, pero se fueron eliminando con el tiempo.

“No es fácil de la noche a la mañana eliminar todas las dependencias o direcciones, pero nosotros lo estábamos haciendo. Él lo que decía es que había una cantidad importante de direcciones, y era parte del organigrama que nosotros veníamos reduciendo”, señaló a la radio 650 AM.

Sostuvo que en su administración se creó una sola dirección, la Policía Municipal Fiscalizadora, en la cual se unificaron los fiscalizadores en una misma dependencia.

“Cosa que hemos denunciado, habían funcionarios que trabajaban en el área de fiscalización que nosotros habíamos echado por pedidos de coima y seguían fungiendo como fiscalizadores, usufructuaban cargos que ya no ostentaban”, agregó Rodríguez.

El interventor Pereira adelantó que una de las recomendaciones que dará tras finalizar su trabajos será la de realizar un censo a los funcionarios, para determinar qué direcciones son necesarias.

Como una campaña de desinformación basada en rumores malintencionados que no merecen atención, califica el banco Basa a los rumores difundidos irresponsablemente en las redes sociales.

Aseguran que no existe ninguna intención de fusionarse con otra institución y que la entidad se mantiene sólida y vigente, tal como lo ha hecho durante más de 32 años.

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De parte del directorio y de los accionistas no existe ninguna conversación ni intención de impulsar este tipo de operaciones.

El banco seguirá enfocándose en demostrar con hechos, y no con palabras, su fortaleza y solidez, señala el pronunciamiento de Basa.

Además, anuncian que seguirán trabajando para crecer y mejorar, en beneficio de sus clientes y de todo su equipo de trabajo.

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La abogada Nadia Patricia Ordano Vázquez denunció al agente fiscal Augusto Ledesma Brasser, de la Unidad Penal N.º 3 de Luque, por grave mal desempeño de funciones y violación de garantías constitucionales, tras ser desalojada de su vivienda sin orden judicial y en un procedimiento que calificó de arbitrario, violento e ilegal.

Según su relato, el hecho ocurrió el jueves 26 de junio de 2025, a las 07:00 de la mañana, en el barrio Ykua Duré de Luque. “Yo estaba durmiendo cuando escuché una patrullera frente a mi casa. Me levanté y salí a ver qué pasaba”, contó en entrevista con Hoy Digital.

Ordano relató que al salir encontró al fiscal Ledesma con agentes policiales que alegaban una denuncia por supuesta invasión de inmueble. Ella les explicó que es abogada, mostró su matrícula profesional, y que mantiene un juicio civil en curso contra su expareja, Guillermo Escurra, por reconocimiento de unión de hecho y liquidación de bienes.

Sin embargo, el fiscal desoyó a la mujer y le indicó que debía ingresar a hacer la constitución en el sitio. “Le pregunté si tenía orden judicial, me dijo que no, que era una simple constitución. Me pidió que le deje pasar porque supuestamente estaba lloviendo, lo cual era mentira y puede verse en el video de la cámara de seguridad. Le dije que solo él podía entrar, pero cuando abrí el portón, él hizo un gesto para que todos los policías ingresen”, relató.

Según denunció, cuando intentó impedir el ingreso colectivo, tocó levemente al fiscal, lo que fue utilizado como excusa para ordenar su detención. “Me esposaron y me llevaron en una patrullera, sin poder sacar mis pertenencias. Yo estaba en pijama. Me trasladaron a la comisaría como si fuera una delincuente, con la capucha puesta en la cabeza”, dijo.

Mientras la víctima era trasladada, el fiscal entregó las llaves de la vivienda y del vehículo de Ordano a su expareja, Guillermo Escurra, con quien mantiene un conflicto judicial activo. La situación es aún más grave teniendo en cuenta que existen al menos tres denuncias por violencia familiar previas contra Escurra y su entorno, según la versión de la denunciante.

“Yo presenté todas las denuncias y la documentación que acreditaba que vivía legalmente en esa casa. Pero al fiscal no le importó. Le entregó las llaves a mi agresor. No me dejaron ni sacar mi ropa. Cuando me soltaron fui a recoger mis cosas en bolsas, con ayuda de amigos”, narró.

La mujer fue llevada a la comisaría las 9:50, allí la tuvieron varias horas y la llevaron a la Fiscalía a declarar, y luego la volvieron a trasladar hasta la comisaría, donde la tuvieron hasta las 19:00, cuando finalmente la soltaron.

Ordano sostiene que se encuentra en una situación de absoluta indefensión, a pesar de que el conflicto sobre la vivienda está judicializado y pendiente de resolución por un juzgado civil de Luque.

MASONERÍA

La denunciante también reveló que su expareja y el fiscal Ledesma pertenecerían a la misma logia masónica, la Prometeo 189, situación que, según dijo, podría explicar la parcialidad con la que actuó el Ministerio Público.

“Mi expareja es masón. El fiscal también. Ellos (por los masones) se protegen. La ley de la masonería es ayudarse siempre, estén bien o mal. Esa es la verdad, y eso se reflejó ayer en lo que me hicieron”, denunció.

A través de su abogado, Ordano presentará denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La medida apunta a que se investigue el grave atropello institucional, la ausencia de orden judicial, el uso abusivo de la fuerza pública, y la entrega de bienes en litigio a una persona denunciada por violencia doméstica.

“Lo que hicieron conmigo fue un atropello. No soy una delincuente. Soy una mujer víctima de violencia que se refugió en la ley y el sistema me traicionó. Este fiscal actuó sin respetar ningún procedimiento”, lamentó.