Diario HOY | Intervienen edificio de la ex cooperativa policial, abandonado y usado de aguantadero

Funcionarios municipales ingresaron al edificio ubicado sobre Presidente Franco entre O’leary y 15 de agosto, convertida en un aguantadero y basural.

La intervención se realizó tras la denuncias de los vecinos quienes manifiestan que el sitio es utilizado por adictos para esconderse.

Se trata de una zona de la ciudad en donde pasan buses del transporte público, por lo que varias personas transitan por allí para abordar algunas de las unidades, y existe temor de que, desde el interior del edificio denunciado, salgan personas con intenciones de robar.

El sitio ya había sido intervenido en junio del 2024 y en ese entonces, se notificó a los propietarios sobre la situación del inmueble y la multa a la que se exponían.

Ahora de nuevo se insistirá con los dueños para que cierren las entradas, de tal forma a evitar que sea refugio de malvivientes.

Este martes se lanzó oficialmente la campaña de abaratamiento de productos de la canasta básica por el mes patrio y el Día de la Madre.

Se trata de una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el sector público y el sector privado, con la cual la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (COMAMPAR), pone a disposición una serie de descuentos especiales en los comercios asociados.

“Hoy todos sabemos que está subiendo el dólar, entonces lo importante acá es que una vez más estamos unidos entre el sector público el sector privado como para apoyar a nuestra gente”, expresó el viceministro de Industria, Marco Riquelme.

La campaña “Ahorrá Py” irá del 9 al 23 de mayo, con hasta 40% de descuento en los productos tanto de los comerciantes como de los proveedores.

Algunos de los productos con descuento son yerba, aceite arroz, fideos, gaseosa, embustidos, productos de higiene personal, productos de limpieza, entre otros.

Los encarnacenos se declararon en vigilia permanente en rechazo a la implementación del estacionamiento tarifado en la ciudad. La medida, calificada como un nuevo “impuestazo”, generó una fuerte reacción ciudadana que ya reunió más de 4.500 firmas exigiendo el cese inmediato del sistema.

“Se impuso una medida sin consulta previa, sin condiciones mínimas como calles en buen estado o transporte público eficiente, se ve una improvisación”, expresó la abogada Perla Riveros, presidenta de la Contraloría Ciudadana de Encarnación. Afirmó que el pago por estacionar en la vía pública representa una forma de “alquiler extorsivo” que afecta principalmente al sector comercial.

Las movilizaciones incluyen caravanas, escraches frente a domicilios de concejales y del propio intendente Luis Yd, a quien acusan de estar “desaparecido” desde la crisis por el derrumbe del edificio en construcción que se cobró la vida de dos mujeres. “Desde aquella conferencia en la que se reía de la tragedia, no se lo volvió a ver. Le vemos por la capital siendo que Encarnación vive una de sus peores crisis, él está de vacaciones. No sabemos qué pasó de nuestro intendente”, denunció Riveros.

Pese a que se había anunciado una mesa de diálogo con concejales, la ciudadanía asegura que no fueron convocados.

El Ministerio de Economía y Finanzas viene advirtiendo hace mucho tiempo sobre el descalce financiero que existe entre el dinero que se debe desembolsar mensualmente para los jubilados del sector público y la cantidad disponible en caja.

Ante esto, se habla con insistencia de la necesidad de una reforma de la caja fiscal para reducir esa brecha hasta regularizar al 100 %.

“Los estamentos que más déficit producen a la caja fiscal son los militares y policías. Ellos tienen una particularidad, que para mí no tiene mucho sentido, que es que, cuando alguien se retira, porque alguien más joven asciende, todos los de esa camada también se retiran y pasan a ser pensionados”, explicó el titular del Tesoro, en una entrevista con el canal Gen.

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El número de policías y militares que se retiran con menos de 65 años, le cuesta a la caja fiscal mucho más de 100 millones de dólares por año, detalló Fernández Valdovinos.

“El principal problema que tenemos dentro de la caja fiscal es justamente la gente que se retira antes de tiempo en relación a los funcionarios públicos en general, que se jubilan a los 65 años”, indicó.

El ministro anunció que se trabajará en la modificación de la ley para que estos dos estamentos se retiren a la misma edad que el resto de los funcionarios y no antes.

A su criterio, es imposible que la caja fiscal siga aguantando a tanta gente joven que todavía tiene condiciones de ser útil.

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SUPERINTENDENCIA DE JUBILACIONES

Respecto a la Superintendencia de Jubilaciones, el ministro aseguró que se encuentra activa y que, los límites, que son el aspecto más importante, están funcionando.