Diario HOY | Investigan a hombre que habría matado y enterrado en el patio de su a casa a un primo

Alberto Mendoza Morel de 39 años desapareció en Carapeguá en la madrugada del 9 de marzo de 2025, lo que desencadenó una intensa búsqueda que se prolongó por varios días.

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El 16 de marzo, durante la siesta, hallaron el cuerpo de Mendoza enterrado en el patio de la vivienda de Hugo Arnaldo Vega Aquino, uno de los principales sospechosos y primo lejano de la víctima.

Se cree que Hugo Arnaldo asesinó a Alberto por venganza, luego de descubrir que, supuestamente, había una relación sentimental entre la víctima y la esposa del sospechoso.

Vega Aquino fue arrestado el viernes 29 de marzo tras una serie de allanamientos en Caaguazú.

Vega Aquino es considerado el principal sospechoso en el caso y el segundo aprehendido. Previamente, el Ministerio Público ya había logrado la detención de Carlos Daniel Román Leguizamón durante un operativo en una compañía de San Roque González de Santa Cruz.

El tercer implicado, Diosnel Chaparro Mendoza, permanece prófugo. Todos los sospechosos fueron imputados por la Fiscalía por homicidio doloso.

La investigación continúa en curso para recabar más elementos probatorios que permitan esclarecer completamente el crimen e identificar a todos los responsables.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado paraguayo presenta una querella contra el abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia luego de agredir en el rostro a una fiscalizadora del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Walter Acosta

“No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Señaló que como Estado recurrirán a todas las instancias con el peso de la ley para sellar un precedente y que una situación como esa no vuelva a ocurrir con ninguna mujer.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron que están brindando asistencia a la funcionaria afectada.

Este lunes fueron ejecutados dos allanamientos en las ciudades de San Lorenzo y Capiatá, en el marco de una investigación por presunta estafa, falsificación de documentos y asociación criminal.

El esquema operaba mediante la compra y venta de vehículos usados, los cuales posteriormente volvían a ser secuestrados de sus respectivos compradores bajo una serie de artimañas.

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En estos procedimientos se logró la detención de Roberto Olmedo, sindicado como cabecilla principal, su hijo Ángel Olmedo y una tercera persona de nombre José Zarza.

Uno de los lugares allanados es el local denominado “Planeta Comercial”, dedicado a la copia de llaves pero que, en realidad, sería parte de la fachada de este esquema ilícito.

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Según la denuncia de las víctimas, los vehículos eran entregados casi siempre con problemas -ya sea mecánicos o judiciales- y luego se encargaban de secuestrarlos para su posterior reventa.

Se presume que los responsables de este negocio ilegal adulteraban documentaciones de los rodados para así poder volver a comercializarlos a nuevas personas.

Bajo las líneas correspondientes, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, canalizó y provisión al penal los insumos peticionados por la dirección del penal, según se avala en constancias:

Candados: Provisión de estos dispositivos de seguridad, fundamentales para el resguardo de las celdas y áreas restringidas.

Equipamiento de armería: Dotación de pistolas semiautomáticas 9 mm y escopetas con balines de goma, elementos cruciales para la seguridad del penal.

Extintores: Suministro de equipos de prevención contra incendios.

De esta manera, el Ministerio garantiza que cada establecimiento cuente con los insumos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las personas privadas de libertad (PPL) como la de los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, la cartera estatal insta a recurrir a fuentes oficiales para obtener información verificada y evitar la difusión de datos erróneos que puedan generar confusión.

Por su parte, el equipo interventor continuará con su labor de fiscalización y control, garantizando que las condiciones dentro del penal sean óptimas y que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.