Diario HOY | Investigan aborto de una adolescente de 15 años en Presidente Franco

Una joven de 15 años (cuya identidad se mantiene bajo resguardo) el día de ayer ingresó de urgencia en el Hospital Distrital de Presidente Franco, en Alto Paraná, aquejada por un intenso sangrado.

Al hacerle la inspección, los médicos constataron que la adolescente tenía una considerable pérdida de sangre en sus partes íntimas, sumado a un fuerte dolor en la parte baja del vientre.

Te puede interesar: Viajaron a Encarnación para comprar oro y fueron ejecutados

Ante sospechas de un posible aborto, los médicos solicitaron una prueba rápida de embarazo, la cual tuvo resultado positivo, a lo que se sumó una ecografía que confirmó el diagnóstico de interrupción gestacional en curso.

Según el reporte de medios locales, esta adolescente se encontraba residiendo temporalmente en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco, donde se desempeñaba como niñera en la vivienda de una prima.

Al momento de ser atendida, la joven confirmó haber ingerido medicamentos abortivos en los últimos días. Las sospechas preliminares apuntan al fármaco conocido comercialmente como misoprostol.

Leé también: Solicitan prisión preventiva para madre y abuelo de bebé fallecido

El padre del bebé sería otro menor de 15 años de edad, conforme a lo manifestado por la misma paciente al personal de blanco que la atendió.

La Comisaría 6ª de Presidente Franco tomó intervención tras ser alertada de lo ocurrido. Así también, se dio participación al Ministerio Público, siendo asignada para las primeras diligencias la fiscal Viviana Sánchez.

Un exdirector de la Municipalidad de Asunción fue condenado a la devolución de G. 150 millones tras la conclusión del procedimiento judicial correspondiente a la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos de limpieza e higiene durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

El fallo judicial establece el resarcimiento económico al erario municipal por parte del exdirector de la gestión del intendente Oscar Rodríguez, en el marco del proceso penal abierto para determinar la trazabilidad y el uso de los fondos transferidos para la contingencia sanitaria.

Lea también: Anuncian grandes operativos contra el juego ilegal tras cumbre del sector

La investigación penal se inició a partir de inconsistencias detectadas en las contrataciones directas efectuadas por el municipio capitalino para la provisión de detergentes y desinfectantes durante el ejercicio fiscal 2020.

Con esta resolución, el fuero penal concluye una de las aristas del proceso tramitado ante los tribunales, disponiendo el reingreso de los fondos requeridos a las arcas municipales y el cumplimiento de las medidas impuestas por la magistratura.

El hecho ocurrió este jueves en el predio del Parque Recreativo Natural “En el Paraíso”, ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Encarnación.

Tres hombres salieron desde Alto Paraná hasta dicho parque ecológico para la compra de oro. Antes se encontraron con el comprador, quien los subió a su auto para el efecto y los llevó hasta el sitio mencionado. Una vez allí les robó el dinero y disparó a los tres.

Lea también: Descubren laboratorio clandestino: hallaron mil frascos de adelgazantes

“El sobreviviente recibió un disparo en la nuca y fingió morir, pero después salió, caminó 150 metros hasta la ruta y ahí pidió auxilio a una patrullera y contó todo”, relató el comisario Hilario Godoy, jefe de la Dirección Policial de Itapúa, en un contacto con Monumental.

Los agentes acudieron de inmediato y visualizaron a un ciudadano español presunto vendedor, quien corrió y se escondió en una vivienda alquilada. La Policía tiene rodeado todo el lugar y el procedimiento continúa en curso.

El herido fue trasladado al Hospital Regional de Itapúa, donde se encuentra internado fuera de peligro.

Uno de los principales anuncios fue realizado por el director de la Dirección Nacional de Juegos de Azar (DINAJAR) y presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, quien informó que actualmente se desarrolla un relevamiento de datos en distintos puntos del país como paso previo a la ejecución de grandes operativos de control y fiscalización.

Según Lorena Rojas, presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), esta medida demuestra que el combate al juego clandestino dejó de ser una intención para convertirse en una estrategia con acciones concretas, orientada a erradicar la competencia desleal y fortalecer un mercado transparente.

La dirigente destacó además la participación del Ministerio Público, representado por el fiscal especializado en juegos de azar, Orlando Paiva, y la fiscal Teresa Torres, así como del subcomisario Frey Núñez, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra el Patrimonio de las Personas – División de Juegos de Azar de la Policía Nacional.

Explicó que esa unidad policial cumple un papel clave en la recopilación y análisis de información que posteriormente permite al Ministerio Público impulsar las investigaciones y avanzar hacia la identificación e imputación de los responsables de la explotación ilegal de juegos de azar.

Desde APOJA señalaron que la formalización del sector no solo busca sancionar a quienes operan al margen de la ley, sino también garantizar condiciones equitativas para las empresas que cumplen con las normativas, generan empleo, pagan impuestos y promueven el juego responsable.

En ese contexto, Rojas adelantó que las máquinas tragamonedas instaladas ilegalmente en comercios y otros sitios no habilitados seguirán siendo denunciadas por los operadores legales. Además, aseguró que la asociación realizará un seguimiento permanente de cada caso hasta que las investigaciones avancen y, cuando existan elementos suficientes, se produzcan las correspondientes imputaciones.

La presidenta de APOJA agregó que el gremio también colaborará con las instituciones encargadas de las investigaciones, aportando información para fortalecer los procesos penales y contribuir al combate de la explotación ilegal.

Sostuvo que la jornada realizada en Ciudad del Este representa el inicio de una nueva etapa de cooperación entre el sector público y el privado, con el objetivo de consolidar un mercado de juegos de azar basado en la legalidad, la fiscalización, la transparencia y las buenas prácticas.