Diario HOY | itti acusa a Atlas de incumplir contrato por uso de software

El banco del Grupo Zuccolillo entabló un pleito judicial contra la empresa itti, proveedora de su core bancario, a raíz del reclamo que hizo esta tras detectar graves incumplimientos por parte del ente bancario en el uso del software, propiedad de la firma tecnológica, según señaló el abogado Miguel Almada. El banco obtuvo una cuestionada medida cautelar que le permite seguir operando.

• La Caja Negra

Una gravísima situa­ción atraviesa actual­mente el banco Atlas, el cual recurrió a una medida cautelar de urgencia para continuar operando, poniendo en un grave riesgo a todos sus clientes y al sistema financiero paraguayo. Esto se debe a que la entidad ban­caria supuestamente come­tió una serie de irregulari­dades graves, incumpliendo durante años un contrato que posee con la firma tecnoló­gica itti, que le provee el sof­tware matriz o core bancario.

Juez Diego Torres

El 24 de diciembre de 2024, itti solicitó la realización de una auditoría y esquema de revisión del software que uti­lizaba el banco Atlas. Tras la revisión de la licencia, el 26 de febrero de 2025, itti deta­lló varios incumplimientos contractuales de parte del banco y ofreció reformular los términos de la licencia del software. Además, la provee­dora informó a la Superinten­dencia de Bancos de la irre­gularidad cometida por la entidad financiera.

Ante la inminente cancela­ción de la licencia de su core bancario, el banco Atlas recu­rrió a la Justicia para conse­guir una medida cautelar. El abogado César Coll, en representación del banco y bajo patrocinio del abogado Rodolfo Vouga Zuccolillo, planteó que el retiro del uso del software iba a traer per­juicios innecesarios para el banco y a todo el sistema financiero al interrumpir la integración de sistemas, y retrasar la compensación y liquidación de pagos.

El 11 de marzo de 2025, en tiempo récord, el Juzgado en lo Civil y Comercial del 11.º Turno, a cargo de Diego Torres Sandoval, otorgó la medida cautelar de prohibición de innovar respecto a la ejecución del contrato de licencia. En su análisis, el magistrado arguyó que “la firma itti procuró la termi­nación cuanto menos abrupta del contrato (que era indefi­nido), atendiendo la larga duración que tenía dicho convenio (estaba en vigen­cia desde hace 20 años), sin que se desglose la existencia de controversias previas”. Además, resaltó que “no hace falta ahondar en dema­sía para percatarse que la interrupción repentina de servicios informáticos de la entidad afectaría la labor financiera de sus clientes e incluso de otras entidades”.

Lo llamativo es que la medida cautelar fue otorgada sin siquiera haberse iniciado el proceso arbitral que está con­templado en el contrato, tal como el mismo magistrado trajo a colación en su resolu­ción. El banco de la familia Zuccolillo puede seguir ope­rando gracias a esta medida cautelar, la cual tiene una vigencia temporal de siete días luego de iniciado el pro­ceso arbitral. De quedar sin efecto, inmediatamente Atlas quedaría sin licencia para seguir operando su sof­tware matriz.

El 17 de marzo de 2025, tras una aclaratoria solicitada por el abogado Miguel Ángel Almada, en representación de itti, el juez Diego Torres dispuso un plazo procesal máximo de 10 días para que se conforme el tribunal arbi­tral que estudiará el reclamo entre las partes.

Parte resolutiva de la medida cautelar que autoriza a Atlas a seguir utilizando el software.FOTO: GENTILEZA

EN ETAPA DE MEDIACIÓN

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el abo­gado Almada precisó que actualmente se encuentran en etapa de mediación con el banco Atlas, al que brindan el servicio desde el año 2004, pero cuyo contrato sufrió severos incumplimientos. Estimó que el próximo 12 de abril expiraría la medida cau­telar, en el caso de que el tri­bunal arbitral no determine lo contrario.

“Es más de un incumpli­miento contractual, pero no puedo entrar en detalles. No estamos de acuerdo al con­tenido y alcance que la parte le da al software. No puedo entrar en los pormenores, pero en esencia el conflicto se basa en que nosotros entende­mos que deben darle un uso, pero ellos entienden que deben hacer otro uso. El sof­tware es nuestro desde hace más de 20 años. Servimos a más de 16 entidades financie­ras, más del 40 % del mercado financiero, y Atlas es uno de nuestros clientes. Tratamos de mantener esta contro­versia en el ámbito privado, pero quienes judicializaron esto fueron ellos al pedir la medida cautelar. Esto tiene que ser resuelto entre las partes en una mesa privada, conversando entre personas adultas”, mencionó.

Consultado sobre el perjui­cio ocasionado a itti, Almada manifestó que no podía brin­dar esa información al estar atado a las cláusulas de con­fidencialidad. Recordó que existen dos precedentes similares a este caso y que, en estas dos oportunidades, los bancos involucrados tuvie­ron que abonar lo que corres­pondía a la empresa provee­dora del servicio, al aplicarse los derechos del autor.

La legislación paraguaya prevé una dura sanción para el infractor con el pago del resarcimiento, de acuerdo con Almada. “Al daño que se determine, se le puede aña­dir el 100 % de penalidad, para que el resarcimiento sea disuasivo para que la infrac­ción no sea más barata que el cumplimiento de la ley. Dependiendo de la gravedad del caso, se puede ir aumen­tando aún más el monto del resarcimiento”, explicó.

Pese a la postura del Grupo Zuccolillo, el abogado dijo confiar en que se pueda sub­sanarse este impasse; caso contrario, se deberá iniciar conflicto contencioso arbi­tral. “Confiamos que vamos a arribar a buen puerto porque confiamos en nuestro cliente. Esto es meramente técnica que debe dirimirse en una mesa de diálogo”, subrayó.

Los funcionarios municipales que acrediten ser encargados de las inspecciones, tendrán libre acceso a las obras y podrán revisarlas en cualquier etapa de su ejecución, adoptando las medidas que estimen necesarias al constatar vicios de construcción, incumplimiento del proyecto aprobado o riesgos para sus obreros, vecinos o transeúntes.

Esto lo establece el artículo 39 de la ordenanza municipal encarnacena, cuyo contenido desmiente la posición asumida por el la Intendencia, que aseguró que los controles se realizan al comienzo de la construcción y a la conclusión de la misma.

En un comunicado emitido hoy, la administración de Luis Yd se lava la manos y sostiene que el municipio siguió los procedimientos correspondientes y que las autorizaciones fueron aprobadas, según las normativas vigentes.

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De haber existido una verificación durante el desarrollo de estas obras y, de haber detectado alguna irregularidad, el Departamento de Obras Municipales, por causa justificada, tenía la potestad de ordenar la paralización de una construcción o loteamiento, mediante resolución firmada por el Intendente Municipal y formular la denuncia correspondiente para la aplicación de las multas correspondientes. En tal evento se colocara en la obra un cartel que indique la clausura de la obra, el que solo podrá ser retirado por el Inspector Municipal, previa normalización de la faena o cese de infracción.

El intendente podrá ordenar la demolición total o parcial de una obra a juicio del Departamento de Obras, contuviere vicios de construcción con peligro para sus moradores, vecinos o transeúntes,

El fiscal Francisco Martínez informó al canal Gen que ayer se constituyeron en el municipio y retiraron los documentos relacionados a los procesos administrativos como: solicitud de construcciones, aprobación de planos, entre otras cosas.

También se están recabando datos técnicos como: cuestiones de ingeniería, de arquitectura, calculistas y otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura.

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Una de las ventajas de este proyecto son las condiciones de financiamiento favorables, posibles gracias a una alianza entre el MUVH y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El edificio Residentas 1 está ubicado en la ciudad de Luque, en un punto clave con acceso rápido a Asunción y otras localidades. Cada departamento fue diseñado teniendo bajo altos estándares de calidad y funcionalidad, y ofrecen: 2 dormitorios (uno en suite), cocina equipada con mesada de granito y desayunador, estar con balcón, baño social, área social con quincho y sanitario y estacionamiento privado.

Los interesados en adquirir una de estas unidades podrán acceder a créditos del BNF, con una tasa excepcional del 6,5 % y cuotas desde G. 3.275.470.

Para conocer los requisitos de postulación, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://goo.su/7UrUsO.

La recepción de documentos se realiza en la sede central del MUVH (Independencia Nacional 909, casi Manuel Domínguez), de lunes a viernes de 07:00 a 15:00; y en el Edificio Residentas 1 (General Genes casi Coronel Cabrera, Luque), los sábados 05, 12 y 26 de abril de 08:00 a 17:00; y domingos 06, 13 y 27 de abril de 09:00 a 13:00.

El senador liberal Dionisio Amarilla lamentó el impasse y advirtió que se trata de un tema crucial que no puede quedar postergado por disputas políticas. “Hablar de Itaipú es hablar del futuro de la República. Es una de las empresas estratégicas, y requiere que todos sintamos que podemos ser útiles para formular propuestas que benefician al Paraguay y Brasil”, afirmó en entrevista con la radio Universo 970 AM.

Diputados decidió no acompañar la conformación de una comisión bicameral al no estar de acuerdo con el esquema de liderazgo planteado desde el Senado. “Lo importante no es quién preside, no hay diferencia salarial ni de acceso a la información. Lo fundamental es avanzar”, apuntó Amarilla.

A pesar del fracaso en la conformación conjunta, el Senado ya instaló su propia comisión y prevé una hoja de ruta. Entre las primeras acciones se contempla la convocatoria al director paraguayo de Itaipú, a consejeros y autoridades del Ejecutivo, como el canciller nacional.

El senador remarcó que la prioridad es garantizar transparencia y una postura sólida en el proceso de revisión del Anexo C, pese al reciente escándalo por espionaje atribuido a Brasil. “Ojalá prime la madurez y se supere este impasse. La construcción del futuro implica responsabilidad”, concluyó.