Diario HOY | Juez que sobreseyó a docente: “En ningún momento afloró el tema sexual”

El juez Julio Alfonso, presidente del tribunal de sentencia que resolvió el sobreseimiento de un docente de Villarrica acusado de acosar sexualmente a una alumna de 11 años, explicó al canal GEN que su deber es ser imparcial en el juicio y que es responsabilidad del Ministerio Público encuadrar un delito mediante las pruebas ofrecidas.

En este caso, que se carátula abuso sexual por medios tecnológicos, el fiscal solamente incluyó cinco mensajes en su acusación. “Había mensajes de contenido más explícito que pudieron incluir en la acusación, pero no lo hicieron”, dijo, al señalar que el fallo se basó exclusivamente en lo que fue formalmente presentado por el Ministerio Público durante el juicio.

Recién luego del fallo judicial se comenzaron a difundir en redes sociales los supuestos mensajes con alto contenido sexual que el docente habría enviado a la niña entre mayo y agosto de 2022. Sin embargo, estos elementos no fueron parte de la acusación fiscal ni se expusieron correctamente durante el juicio, según el magistrado.

Durante la entrevista, el juez detalló que el fiscal del caso presentó un pendrive como evidencia, pero sin individualizar los mensajes más graves. En el juicio, solo se mencionaron cinco frases: “te quiero”, “estás linda”, “eres hermosa”, “mi princesa” y “amor”. El contenido más comprometedores, como “sos sexy mi niña”, “quiero besarte” o “vení a mi casa”, no se mencionaron ni se destacaron en el juicio.

El magistrado aclaró que de oficio no podía anular el juicio ni tampoco solicitar al fiscal que amplíe su relato, y que únicamente puede actuar a pedido de algunas de las partes, como por ejemplo si la defensa planteaba un incidente de nulidad. “No podemos decirle al fiscal cómo acusar ni sugerirle qué incluir. Cada operador tiene su rol. Nosotros garantizamos que se respete el proceso. No puedo hacer una intromisión”, afirmó.

“Él (fiscal) no desentrañó los mensajes, no pudo establecer previamente los hechos y tampoco extrajo lo que serviría para sustentar su caso. Tuvo casi un año para preparar el caso, pero no lo hizo. En el juicio, él proyectó en pantalla los mismos mensajes, no los obscenos”, justificó.

Consultado sobre si el Tribunal realmente evaluó todos los datos para tomar su decisión, respondió que sí lo hizo. “En la primera sesión declararon la psicóloga y también declaró la menor, decían que los mensajes eran impropios, pero en ningún momento afloró el tema sexual”, arguyó el juez.

Alfonso señaló que si esos mensajes se hubieran presentado correctamente, el resultado del juicio podría haber sido distinto. “Una variable así puede cambiar completamente el resultado de un juicio”, dijo.

Por otro lado, rechazó los cuestionamientos sobre un eventual conflicto de intereses por la participación previa de su esposa, la fiscala Laura Fernández, quien había imputado inicialmente al docente. “No me inhibí porque no hubo participación directa de ella en el juicio oral”, expresó.

A pesar del fallo absolutorio en el ámbito penal, Alfonso reconoció la gravedad de los hechos y solicitó sanciones administrativas y éticas contra el docente. “Es un hecho deleznable y repudiable. Es un hecho absolutamente impropio. No alcanza para una condena penal, pero sí debe tener consecuencias”, apuntó, citando parte de la sentencia que elaboró junto a los jueces Víctor Ortíz y Juan Ruiz Díaz. En la sentencia, se recomienda al Ministerio de Educación la apertura de un sumario administrativo al docente por conducta inadecuada.

La Fiscalía anunció que apelará el fallo. De prosperar el recurso, el Tribunal de Apelaciones podría ordenar un nuevo juicio. “Si se hace un nuevo juicio, el fiscal deberá incluir lo que no introdujo en este. La sentencia está bien fundamentada, pero si se detecta una nulidad, se puede repetir el juicio”, concluyó el juez.

Procampo Verde es una innovadora herramienta de financiamiento creada por la AFD para fomentar prácticas agropecuarias sostenibles, ambientalmente responsables y resilientes al cambio climático. Está dirigida a productores agropecuarios, cooperativas y empresas que implementan tecnologías limpias, sistemas de producción sostenibles, y acciones de adaptación o mitigación ambiental.

El crédito otorgado por Basa, pionero en el marco de esta línea, representa un paso firme hacia la transformación verde del agro paraguayo, ofreciendo condiciones atractivas como tasas preferenciales, plazos extendidos y períodos de gracia, además de asesoramiento técnico para garantizar el éxito de los proyectos financiados.

“Nos llena de orgullo ser el primer banco en habilitar esta herramienta clave para el futuro del campo paraguayo. En Basa creemos que el desarrollo productivo y el compromiso con el medio ambiente pueden y deben ir de la mano”, expresó Joel López Gerente de Divisió Agronegocios y Ganadería del Banco Basa.

Este hito reafirma el liderazgo de Basa en soluciones financieras innovadoras y su rol activo en la promoción de un modelo agropecuario más inclusivo y sostenible. Para más información sobre el crédito Procampo Verde, los interesados pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Basa o visitar www.bancobasa.com.py.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay sentó postura con respecto a lo acontecido en la última reunión de Celac bajo la presidencia Pro Témpore de Honduras, en donde ignoraron los posicionamientos de Paraguay y Argentina sobre una declaración, la cual rechaza un proyecto de imposición de medidas al comercio internacional.

Paraguay manifestó puntualmente que no estaba de acuerdo con los términos de la declaración final y que por tanto no había consenso, sin embargo, fue proclamada como una aprobación unánime.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que no hubo consenso en la declaración final de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno tal como sostuvo.

“Ante los lamentables hechos acontecidos en la Cumbre, durante la cual la Presidencia Pro Tempore de la CELAC presentó la declaración de Tegucigalpa como aprobada por los 31 países miembros, en clara violación al procedimiento, Paraguay expresa firmemente su disconformidad ante lo acontecido y no otorga el consenso para la adopción del documento”, expresa la nota entregada a la mencionada Secretaria.

Paraguay exige que se deje sentada la postura del país y que la declaración no sea considerada como emanada.

La Presidencia Pro Tempore de la CELAC, que en ese momento ejercía Honduras, indicó que había “suficiente consenso” para la declaración de Tegucigalpa, dejando de lado la posición de Paraguay y de Argentina que no estuvieron de acuerdo con el texto final. La figura de “suficiente consenso” no existe en el derecho internacional, afirman desde Cancillería.

Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia pública en la Cámara de Senadores, teniendo como invitados a algunas de las víctimas de la rosca conocida como “la mafia de los pagarés”.

Uno de los asistentes fue Julio César González, docente jubilado, quien comentó al canal GEN que, luego de gestionar un préstamo con un particular hace unos cuatro años, empezó todo su calvario.

Tiempo después de aquel trámite, iniciaron los descuentos compulsivos en su salario, a raíz de un embargo iniciado en su contra. “Me cobraron G. 3 millones por 18 meses, pero hace cuatro meses volvió a pasar la misma cosa, me cobran nuevamente”.

Otro caso similar es el de Luciana Bernardet, enfermera también jubilada, quien comentó que desde noviembre del 2023 empezó a sufrir descuentos sucesivos de G. 1.450.000, sin siquiera ser notificada sobre ello.

Lo peor de todo -relató- es que este monto corresponde a una cuenta que ya había sido saldada años atrás, por lo que había quedado en “saldo cero” al momento de iniciar el embargo. Hasta la fecha, lleva perdidos cerca de G. 41 millones.

“Tengo 65 años, soy enferma reumatológica, me quedan G. 1.600.000 nomás, con eso tengo que pagar agua, luz, comida y medicamentos, cómo no me va a afectar”, expresó la mujer, entre lágrimas y llena de impotencia.

“Dicen que supuestamente firmé un pagaré de G. 40 millones, pero yo nunca firmé. Cómo si mi salario ya estaba embargado cuando eso me van a prestar (ese monto), no tiene sentido”, afirmó otra maestra jubilada a GEN.

Esta trabajadora -quien, por si fuera poco, debió luchar contra el cáncer durante aquel tiempo- confirmó que utilizaron una cédula vencida y un domicilio falso, además de falsificar su firma, para poder obtener este supuesto crédito que luego sobrevino en una deuda que jamás contrajo.

Estos son solo algunos de los testimonios de las víctimas de “la mafia de los pagarés”, que suman más de 1.000 en todo el país, según datos del registro nacional creado para el efecto.